A veces ocurre que algunos intrusistas y farisaicos Ayuntamientos informan a sus respectivos Plenos, constituido por todos los concejales y los Sres. Alcaldes, de ciertas denuncias con el fin de debatirlas, apoyarlas y justificarlas – como si se tratase de propuestas políticas - que se cursan contra ciudadanos que han cometido alguna infracción de naturaleza diversa y que casualmente no son del gusto de los Sres. Alcaldes que gobiernan en dichos Ayuntamientos, promoviendo el furor epidémico del linchamiento. No nos oponemos a que los Ayuntamientos denuncien y sancionen a los vecinos que hayan transgredido cualquier normativa municipal, sobre todo aquello que afecte al patrimonio de los municipios, pero de lo que sí nos oponemos con contundencia es que las denuncias de quienes representan y protegen los intereses de la ciudad tengan que ser explicadas, alentadas e instruidas en ese foro del Pleno del Ayuntamiento, usurpando de este modo lo que sólo puede ser competencia en una Democracia del Poder Judicial. Un Ayuntamiento no tiene el derecho de linchar a un ciudadano, por facineroso que pueda ser, ni mucho menos predisponer a la población contra él. Sencillamente porque la Ley no se lo permite. Sencillamente porque constituye una usurpación del Poder Judicial, y porque se hace fautor de la tiranía.
La primera vez que un Ayuntamiento usurpa las funciones del Poder Judicial fue durante la Revolución Francesa, gracias a los alcaldes de París Pethion y Chambón, y el procurador síndico de la corporación municipal, el resentido Chaumette. Es así que el Ayuntamiento o Comuna de París organiza un complejo de comités de salud pública, presidido por concejales, mediante los que juzgar y sentenciar los crímenes políticos, de espaldas por completo al Poder Judicial. Siendo todo ello, sensu stricto, una completa aberración política, tenía, sin embrago, dos justificaciones para que hiciera esto el Ayuntamiento de París, y así justificarse ante la Historia: en primer lugar, se estaba viviendo una Revolución que transformaba la forma de gobierno, y, en segundo lugar, la Revolución desconfiaba de un Poder Judicial que estaba compuesto por miembros de la nobleza ( era tradicional en Francia, a diferencia de España, que los hijos pequeños de la nobleza estudiaran Leyes para ser jueces ). Pero España hoy no es el París de la Revolución ( quizás sea algo peor: un país en grave crisis de su propia existencia ), y no tiene sentido alguno arrojar a los leones a un ciudadano en medio de un Pleno del Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene funciones vitales para el pueblo, entre las que no está arruinar la fama y nombre de un ciudadano, ni afear moralmente a nadie. Para eso están las sentencias de los jueces. Un Ayuntamiento que tiene muy buen gusto a la hora de desarrollar una estética urbana amable y risueña, no debe faltar a la belleza moral que se le debe suponer a todo el que gobierna. Por pura coherencia estética. Si se siguiese llevando a cabo esta práctica se abriría una senda tenebregosa para la libertad de los ciudadanos de las ciudades de España: cualquier enemigo político del Alcalde de turno si un día tuviese una sanción administrativa por cualquier razón, podría ser llevado a pleno por el Ayuntamiento para ser allí escabechado, lo que constituiría la conversión de la corporación municipal en un Comité de Salud Pública.
Con sólo afear moralmente la conducta de un vecino en un Pleno del Ayuntamiento se está atentando contra la libertad de los ciudadanos, y con ello se está creando terror a la libertad. Y si además es palmario que suele existir inquina y hasta contenciosos entre los denunciados y los que dirigen los Ayuntamientos se podría llenar de sospechas y miedo el corazón de los vecinos. Los vecinos no pueden tener nunca miedo al Ayuntamiento por sus opiniones, y si cometen una falta o delito contra el patrimonio público, deben estar seguros de que sólo el juez puede ensartarles un sermón de moralina, además del castigo, pero no el Pleno municipal, que tiene otros cometidos. El juez y la Prensa, que ya es suficiente.
La existencia de estas prácticas mezquinas y linchadoras en distintos Ayuntamientos de España de diverso signo son un síntoma infeliz más de la partidocracia que constituye el Régimen. Ya no es que los partidos nombren el Consejo General del Poder Judicial y a los jueces que van a juzgar a sus afiliados y militantes, sino que ellos mismos tienden por su propia naturaleza a juzgar y a sentenciar, cayéndose a veces, casi sin darse cuenta, la delicada hoja de parra que cubre las partes más pudendas de nuestro Régimen en agonía lenta, pero desaforada. Estos alcaldes que hablan mal de los vecinos que denuncian en los Plenos municipales se me parecen mucho a los antiguos obispos que se resistían a entender de forma perpetua las claras diferencias que existían entre la jurisdicción secular y la eclesiástica ( ahora municipal ). Sí, tienen algo de obispos estos alcaldes linchadores con espíritu dogmático, y cuya autoridad odia toda clase de resistencia. Pero toda autoridad – decía Voltaire – hiere en secreto a los hombres, tanto más cuanto que toda autoridad tiende siempre a acrecentarse. Y cuando se encuentra un pretexto para resistirla que se considera sagrado, la rebelión en nombre de la libertad se convierte en un deber.