Los últimos casos de corrupción salpican a la práctica totalidad de fuerzas políticas. En la localidad madrileña de Brunete se investiga el supuesto intento de “compra” de una concejal de UPyD por parte del alcalde, del PP. En Cataluña, a su vez, alcaldes de todos los partidos estarían implicados en una trama de sobresueldos con la FMC -Federación Catalana de Municipios- de fondo. En este caso, el marco de las prácticas corruptas es municipal, aunque en otros muchos casos alcanza también a las administraciones autonómica y central.
¿Hay corrupción generalizada en España? La respuesta es negativa. El ciudadano corriente no ve en su trabajo maletines, chanchullos ni corruptelas en su más amplio espectro. Al contrario: en general, su vida discurre, en este aspecto, sin sobresaltos, mordidas, chantajes o relación con delincuentes. Por eso, la situación es explosiva: porque todo eso no es habitual, ni forma parte de la vida cotidiana del ciudadano corriente. Todo esto se produce en la esfera política; aspecto éste tan palmario como significativo. Con regulaciones que limiten las subvenciones a partidos políticos y obliguen a hacerlas públicas con nombres y apellidos o que fiscalicen como es debido el tema urbanístico se evitaría la oportunidad. Pero lo que no es de recibo es desayunarse cada día con nuevos casos, o con viejos pero con nuevas revelaciones. Son esos mismos casos los que producen el actual clima de indignación y desconfianza hacia la clase política, por lo demás sumamente comprensible.