El defensor de Garzón, el excarcelador de Bolinaga, el magistrado Ramón Sáez Valcárcel firmó una sentencia que ha dejado estupefactos a juristas y políticos. Hay que acatarla y respetarla. Y, naturalmente, discrepar de ella. La soberanía nacional reside en el pueblo, no en la calle. Reside en el pueblo, representado, a través de la voluntad general libremente expresada, en el Congreso de los Diputados, el Senado y los Parlamentos autonómicos. Trasladar a la calle esa representación es fracturar la esencia misma de la democracia. La libertad de expresión y manifestación está consagrada en la Constitución. Cercar el Parlamento catalán e impedir con violencia e intimidación que los diputados lleguen al hemiciclo no es ejercer la libertad de manifestación. Es un delito y no se debe exculpar con argumentos espurios. El magistrado Sáez Valcárcel lo ha hecho, levantando una densa polvareda crítica. La Justicia tiene varias instancias para evitar los errores o los extremismos o la prevaricación de algunos jueces. Se han interpuesto ya los oportunos recursos y es de esperar que prosperen para que se clarifique la situación y se evite la lesión que ha sufrido la democracia pluralista plena.