La asfixia de la libertad religiosa

La decisión del decano de la facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, Luis Otero, de cerrar la capilla de la facultad el 15 de julio para trasladarla a otras dependencias de la misma, supuestamente, por la necesidad de habilitar nuevas aulas, ha provocado numerosas reacciones de malestar, sobre todo, entre los que apuestan por un modelo laico que no laicista de Estado.

Laica ha sido, entre otras, la postura de los jóvenes que se encerraron en la capilla como reacción frente al rector de la Complutense, permaneciendo toda la noche allí, tratando de hacer ver a la autoridades universitarias que el cierre de la capilla mermaba el libre ejercicio de sus derechos fundamentales desde el momento en que esta decisión atenta frontalmente contra la libertad individual y constituye un ataque laicista radical de los que quieren postergar la fe al ámbito de lo privado.

Hace algunos años Weiler rebatió la “ingenua convicción de que el Estado, para poder ser religiosamente neutral, debiera ejercitar un riguroso laicismo” porque, según decía, para el Estado “abstenerse de cualquier símbolo religioso no es más neutral que el adoptar cualquier forma de simbolismo religioso”. En esta misma línea, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos revocando en 2011 la sentencia Lautsi/Italia de 2009, destacó la importancia de crear un marco educativo capaz de asegurar un entorno escolar abierto y tolerante, en el que las funciones educativas asumidas por el Estado velen por que los programas de las diversas materias sean difundidos de manera objetiva, crítica y plural, de tal forma que impidan el adoctrinamiento. A lo que añadió el tribunal que el respeto a las convicciones religiosas implicaba tanto el derecho a creer como la libertad negativa de no creer.

Es cierto que no es la primera vez que se intenta cerrar una capilla en la Universidad Complutense por parte del decano de la facultad de Geografía e Historia y en última instancia también por parte de su rector, José Carrillo, en un afán laicista de querer erradicar de la comunidad pública universitaria toda seña católica esgrimiendo para ello motivos que, a todas luces, adolecen de peso y un fundamento serio: «Está en la planta baja. Con los planes de estudio de Bolonia hay más grupos. Nos faltan aulas. Donde hoy está la capilla podría meter a cien estudiantes. Por eso he propuesto su traslado a la primera planta, a un aula más pequeña». Lo que no se deduce de estas declaraciones y conviene aclarar es que esa nueva aula no reúne las garantías mínimas necesarias en cuanto a tamaño, habitabilidad, iluminación y decoro para que se pueda celebrar la Santa Misa en unas condiciones mínimas necesarias. Mientras que la actual capilla está situada en la planta baja del edificio y es un lugar amplio y luminoso, el lugar que ya desde enero de 2013 ofrecía la facultad al Arzobispado, momento al que se remontan las negociaciones entre éste y la Universidad, es un habitáculo de reducidas dimensiones en una planta superior que se venía utilizando hasta hace poco para guardar ordenadores fuera de uso.

Quizás venga bien recordar que los oratorios están en la Universidad Complutense porque así lo establece el Acuerdo sobre Asistencia Religiosa Católica, firmado el 20 de diciembre de 1993 por el entonces arzobispo Ángel Suquía y el rector Gustavo Villapalos. De hecho, a día de hoy hay siete: la de Geografía e Historia más las de Derecho, Químicas, Educación, Ciencias de la Información y Filosofía, en el campus de Moncloa. A las que hay que sumar la de la facultad de Psicología, que se encuentra en el campus de Somosaguas.

Queda planteado ahora el debate de si, verdaderamente, la solución propuesta por las autoridades académicas no busca más fin que el de borrar de la Universidad Complutense toda referencia a la religión católica quien, por cierto, fue la impulsora y creadora de la Universidad, desde sus instituciones. A mi modo de ver, no hay duda de que el derecho a la libertad de los alumnos/as que desean celebrar la Santa Misa o hacer algún uso de la capilla se ha visto coartado por estas decisiones que impiden el libre ejercicio de un derecho fundamental, consagrado en la Constitución española, como es el derecho de libertad religiosa.

Frente al laicismo negador de las libertades creo que habría que apostar con fuerza por la defensa de una “Laicidad de diálogo o activa” que reivindica una colaboración permanente entre el Estado y la sociedad civil que incluye, como es obvio, también una colaboración en el ámbito religioso como la hay en el ámbito cultural, político, etc. Como han subrayado pensadores de la talla de Habermas o Taylor, entre otros, es de vital importancia que los creyentes participen en el espacio público para la construcción de una democracia verdadera. Coincidiría así con ellos en que la convivencia intercultural es una relación social incluyente donde la diversidad ha de ser asumida y gestionada positivamente. De ahí que no podamos asumir la defensa de un modelo laicista, rígido o cerrado que termina asfixiando a la libertad religiosa.