En menos de un mes y dos después de las elecciones europeas, celebradas el 25 de mayo, la estructura institucional de España confirmó su raíz democrática. Abrió, no obstante, un pozo de incertidumbres políticas. El anuncio de abdicación del Rey abuelo, el 2 de junio, reciente el descalabro electoral del partido de Gobierno y de la oposición, dejó una sombra amarga tras de sí al efectuarse en condiciones críticas de la realidad española. Su reflejo fue el salto cuantitativo de más de un millón y cuarto de voces que pedían un giro radical en la estructura del Estado, incluido el símbolo del Reino. Una remoción de fondo y con aura republicana incierta. No el modelo europeo de Francia, Alemania o Italia. Una república de corte comunista suramericano.
La sucesión de padre a hijo en el trono y jefatura de Estado dos semanas más tarde, el 18 de junio, y a menos de un mes de las elecciones citadas, puso en solfa el engranaje legal sucesorio previsto en la Constitución. Acelerado pero consistente.
Esos días de protocolo y papeles revueltos activaron la conciencia mediática e incrementaron el sonrojo de los principales partidos políticos. A la oposición le costó el descabezamiento del jefe de filas. Había jugado entre aguas a manejar el descontento civil que, como río subterráneo, llegaba a las puertas del parlamento y rostro de los diputados. La izquierda radical revolvía aún más las aguas con técnicas de alcantarilla. La presión se llevó por delante a unos y otros. La sorpresa relativa, pero estratégica, de la abdicación del Rey y el aceleramiento sucesorio apenas dejó tiempo para esgrimir eslóganes republicanos en prenda de una memoria convaleciente. República frente a Monarquía. La ocasión era idónea. La asamblea, escasa.
La síntesis se había producido, sin embargo, mucho tiempo atrás, casi cuarenta y cinco años antes, cuando el 22 de noviembre de 1975 se reinstauró el título de Rey en España, refrendado constitucionalmente en diciembre de 1978. La raíz del proceso arrancaba además de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947. “Todo… atado y bien atado”, dijo en la Navidad de 1969 el entonces jefe y caudillo del Estado español, Francisco Franco Bahamonde. Son fechas que escuecen a muchos, han olvidado bastantes y desconoce ya la mayoría de los españoles. Las leyes históricas embridan las crestas del tiempo con tesón y astucia de época. Acertar con la flecha del viento resulta decisivo en los destinos de la Historia.
La sucesión en el Reino como jefatura del Estado español confirma, pues, guste o no a las partes, una continuidad de fondo legislativo que trasciende los vaivenes formales, el nombre de las personas escogidas en cada momento y las palabras de las definiciones políticas. La vivencia cotidiana siembra destino.
Cuando sucede esto, queda algún hilo simbólico de conexión y entretiempo en los pliegues de los cortinones palaciegos. En la toma de posesión del nuevo Rey de España fue este hilo, entre otros halos, como el del hemiciclo cortesano, el coche singular de marca Rolls Royce adquirido por Franco en 1948 y emblema histórico hoy día del Patronato Nacional, como sucede también en otros Estados y realezas de Europa. Se menguaron, en cambio, otros emblemas, como la cruz cristiana que representa en Occidente, exceptuadas algunas revoluciones, el concepto de Paz y Justicia. Por supuesto, también el de Monarquía, cuya corona remata precisamente en cruz. Y se perdió una ocasión magnífica de mostrar al mundo que España aún sostiene el lazo de unión entre Europa y América.
La continuidad no puede convertirse, sin embargo, en continuismo. Sería traicionar el supuesto implícito de todas estas manifestaciones, leyes y patrimonio: la voluntad latente o explícita del pueblo. Hay sectores políticos que ya la consideran traicionada y por ello elevan el grito y esgrimen consignas no menos históricas. Mirando hacia atrás. No hacia el futuro cuya actualidad se nombra Europa y cuya vigencia induce, según vamos viendo, remociones importantes. La realidad europea ha minado el trasfondo de la continuidad amancebada de España. Quien no reconozca este hecho, ya ha caído en desgracia o está a punto. Cuesta reconocer el trasfondo precario del formalismo que nos cubre sin apenas otra consistencia que una continuidad amanerada difícilmente justificable.
La imagen formada hoy en la retina del ciudadano medio adicto a la lectura mediática del poder oligárquico de finanzas y partidos políticos es la de un film de alta empresa y negocio que nos dirige y sostiene manipulando una deuda también histórica y ya endémica. Deuda que acumula el potencial de Estado, no otro que el pueblo y su historia, y sirve de rédito a otras empresas estatales de ámbito internacional. La entrada oficial de España en la Unión europea supuso un fraude gigantesco al convertir las pesetas en euros y multiplicar por tres o cuatro, incluso más, el precio de la vida ordinaria. El beneficio aparente, siempre futurible, se convirtió a través del poder financiero en nuevo expolio aún más crudo, pues engulló los ahorros y comprometió de por vida la capacidad de trabajo y previsiblemente la seguridad social. Las políticas de crédito hipotecaron además las conciencias y la capacidad de reacción cívica. Y a esto se suman restricciones dictadas en nombre de la convergencia europea, otro expolio como el del euro.
La línea divisoria de la continuidad coincide frente al continuismo con la mayor corrupción de la historia de España. Corruptos los principales partidos de gobierno y los agentes sociales que los secundan. Corrupta la banca, en connivencia con unos y otros. Corruptos los funcionarios, sin saberlo la mayoría, pues la prevaricación se ha convertido en reverso de ley al girar la moneda en curso. Y ante el descalabro, observamos ahora posturas de prevención oligárquica destinada a proteger intereses de partido, sindicato, patronal, ciertas instituciones y gestos proclives a la mediación de padrinazgo internacional. Una sonrisa sucede a otra en la presidencia de partidos, bancos, empresas e instituciones sin que nadie denuncie el rostro y la gestión previa realizada. Borrón y cuenta nueva.
La película que nos proyectan las instancias oficiales y oficiosas tiende a uniformar la convicción de que la deuda soberana -gastamos el doble de lo que producimos- es ya nuestro modo de convivencia europea: vivir el resto de los días pagando intereses que no cubren los generados por el préstamo recibido. Una mancha de aceite que se extiende lenta e imparable. Unos que se van fuera, entre ellos los mejores. Otros manumitidos por una economía oficiosa y paralela a la del Estado. Y quienes saben ampararse en la sombra rentable de la deuda oficial. Impotencia de la clase política.
En este adormecimiento cabe incluir el júbilo del Gobierno al anunciar índices al alza del producto nacional y bajada de números en el cómputo del paro. Otra trampa y reflejo del continuismo. Las cifras de crecimiento no siempre provocan más oferta de trabajo. Cuando nos contestan o llaman empleados de Telefónica, por ejemplo, lo hacen desde fuera de España. ¿Sabemos en realidad cuánto empleo sacrifican el desarrollo informático y la cibernética? Pregunta tan sencilla desmiente la correlación eufórica que el ministro de Hacienda establece entre crecimiento económico y recursos de empleo. Por mucho que se esmere, el Gobierno actual no consigue reducir la tasa de paro ni al número que tenía cuando inició su ejercicio. Mucho mejor será definirla y consensuarla con los partidos mayoritarios como cifra permanente y asumible en los presupuestos anuales.
Son bastantes los indicios de que España arrostra una decadencia cuyas causas trascienden el período democrático y lo afectan en sustancia. Es un problema nacional profundo, pues atañe a las conciencias y modos de conducta. La amenaza secesionista es solo un síntoma de la erosión que experimentamos.