Estremece saber que el número de menores de edad no acompañados que entraron clandestinamente en Estados Unidos desde el pasado mes de octubre ha llegado ya a la cifra de 57.000. Ello parece indicar que la cifra ha crecido hasta duplicarse en este año fiscal (que va de octubre a septiembre) si comparamos con el 2013, siendo adolescentes de unos doce años, como en años anteriores, la gran mayoría de los menores.
La situación ha sido calificada, con toda razón, como “crisis humanitaria” tanto por el presidente Barack Obama como por republicanos como el gobernador de Texas, Rick Perry. La mayoría de los niños no acompañados que han llegado en los últimos meses provienen de Centroamérica, principalmente, de Honduras, El Salvador, y Guatemala. La frontera sur de Texas constituye la región por donde entran más del 80 por ciento. Curiosamente, el número de menores que proceden de esos países centroamericanos ha aumentado a diferencia de lo que ha ocurrido con el caso de México donde la cifra de menores ha disminuido.
Los mandatarios de Centroamérica (el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina; Juan Orlando Hernández de Honduras y Salvador Sánchez Cerén de El Salvador) y de Estados Unidos acordaron el pasado 25 de julio trabajar con un espíritu de “responsabilidad compartida” para concretar un plan integral, y poder así hacer frente al incremento de la migración en solitario de menores de edad. Si Obama reconoció una responsabilidad compartida en el problema de los menores inmigrantes creo que en buena parte ello se debe a que, honestamente, sabe que mucho tiene que ver con el tráfico de drogas y su fuerte demanda en Estados Unidos.
Esperemos, por ello, que pronto surta efectos su llamada a los republicanos en el Congreso para trabajar en una reforma inmigratoria integral y en la aprobación de fondos adicionales para atajar cuanto antes el problema. La partida de fondos especiales de 3.700 millones de dólares pretende destinarse a varias agencias del Gobierno y financiar un aumento de agentes fronterizos y vigilancia aérea en la frontera Sur de Estados Unidos con el fin no sólo de fortalecer la seguridad sino de detener el flujo migratorio. Al mismo tiempo se quieren dar más fondos a los funcionarios de asilo, centros de detención, jueces migratorios para acelerar los procesos de deportación y, por último, incrementar los recursos en los países centroamericanos. Ni una palabra se dice sobre la necesidad de invertir en la reintegración de los menores de edad o sobre programas de prevención en los países de emigración.
No obstante, de todas las medidas señaladas, creo que la más importante si miramos a largo plazo es la última, esto es, ayudar a los países de origen para que mejoren en su situación socio-económica y así no se vislumbre como única alternativa posible la de arriesgar y poner en peligro la propia vida en aras de disfrutar de una vida con los mínimos indispensables cubiertos. Si las principales razones de la inmigración son la ausencia de oportunidades económicas, de acceso a la educación en general, la ingente actividad criminal y la violencia generalizada reinantes en los países centroamericanos pienso que habrá que erradicar estos males desde dentro de esas sociedades en las que se ha creado una verdadera cultura de miedo y falta de esperanza y no, por tanto, a través de meras normas sancionadoras que convierten a estos países en sociedades “Alcatraz”.
A mi modo de ver, la situación se ha agravado de una forma especial en los últimos años por varios motivos: en Guatemala, por ejemplo, la desaparición de la industria del café ha contribuido a la salida de niños migrantes; en Honduras, la falta de estabilidad política ha conducido a la ausencia de un gobierno capaz de generar seguridad jurídica y orden social; y en el Salvador, la recesión se ha hecho más patente por la dependencia funcional que tiene con los Estados Unidos.Me atrevería a decir que hay un factor común a todos estos países centroamericanos y que podría decirse es el más grave de todos ellos: la violencia, extorsión, secuestro, coacción y reclutamiento forzoso de niños en actividades criminales que perpetran a diario organizaciones y pandillas delictivas transnacionales. Las organizaciones delictivas transnacionales, como el cártel de Los Zetas con sede en México, han ampliado su influencia en toda América Central mediante el control de las pandillas locales, principalmente MS-13 y la pandilla de la Calle 18. Este aumento considerable de la criminalidad transfronteriza y el fortalecimiento de la violencia relacionada con las pandillas en la comunidad se han convertido en factores decisivos para los menores en su irreprimible decisión de emigrar.
Es cierto que hay que moverse para resolver el flujo migratorio de menores dentro de un marco legal y humanitario que vele por la legalidad, pero ésta no tiene por qué estar reñida con la justicia transfronteriza y la igualdad de oportunidades para nuestros seres más vulnerables. Los menores y sus familiares no buscan la compasión de los mandatarios, lo que buscan es simple y llanamente poder disfrutar de una vida “digna”.
Hay que promover una migración segura, legal y ordenada pero sin olvidar que ésta ha de ser entendida como un derecho y no como un deber, es decir, no como una obligación indeclinable para los que no pueden desarrollar su plan de vida digna en el país de origen, muchas veces porque les falta lo más importante: la familia.