Inmigración en Italia: un problema complejo

Las duras críticas de la vicepresidenta de Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a la política de inmigración del Gobierno italiano han levantado ampollas en el país alpino y han estado a punto de provocar un conflicto diplomático. Aunque De la Vega se ha apresurado a pedir disculpas, hace pocas horas ha vuelto a reiterar su crítica. En la medida que la política exterior del Gobierno Zapatero fuera de la Unión ha sido un desastre generalizado convendría no agravar más nuestra situación dentro de Europa con declaraciones intemperantes de gentes cuyo conocimiento y experiencia exteriores son inexistentes. Dicho esto, hay que reconocer que -imprudencias aparte- nuestra Vicepresidenta expresa una inquietud extendida en relación a la orientación xenófoba de ciertas medidas que pretende poner en marcha Il Cavaliere.

Una de las primeras disposiciones que ha tomado Berlusconi nada más llegar al poder, ha sido intentar dar respuesta al creciente sentimiento anti-inmigrante que se extiende entre los italianos. El Ministro del Interior, Roberto Maroni, dejó claro, nada más tomar posesión de su cargo, que empleará mano dura. Dicho y hecho. En los últimos días, la policía italiana ha llevado a cabo arrestos de inmigrantes sin papeles, que se han concretado en operaciones como la irrupción de la Policía en el mayor campamente de gitanos de Roma. A lo largo de la pasada semana, fueron detenidos 268 inmigrantes, de los que 53 han sido expulsados inmediatamente. A esto, hay que sumarle inquietantes conatos de violencia callejera en contra de inmigrantes, que han desembocado en caso tan graves y preocupantes como la quema de un campamento de gitanos cerca de Nápoles.

Maroni, que pretendía convertir la inmigración ilegal en un delito penal, ha tenido que recular ante las críticas que ha recibido no sólo de la comunidad internacional, sino del mismo Presidente de la República, Napolitano, que ha preferido desmarcarse de la cruzada anti-inmigración del Gobierno, declarándose favorable solo a medidas de verdad “urgentes y de necesidad” y que, además, respeten la normativa europea. No en vano, la actual ley, la Bossi-Fini -que prevé, entre otras cosas, obligación de visado para estancias breves, restricciones al reagrupamiento familiar e incluso el cierre temporal de las fronteras para evitar el regreso de los expulsados- ha sido calificada de racista por la UE.

En Italia, como en otros países, incluida España, tenemos un problema en relación a una inmigración masiva para la cual nuestros países, a diferencia de los americanos del norte y del sur, no se encuentran culturalmente bien equipados. Las sobre-reacciones desbocadas de nuestros gobiernos reflejan un malestar social al respecto y evidencian errores muy evidentes en nuestra política de inmigración. Todos los hemos cometido y la señora De la Vega haría bien en mirar la viga en el ojo propio antes de gritar contra el vecino. La inmigración -lo hemos reiterado en este diario- es una oportunidad para los países receptores. Nuestras sociedades europeas, tan etnocentristas, se han enriquecido con nuevos trabajadores y con aportes culturales diferentes e interesantes. Sin embargo, si queremos que nuestros huéspedes triunfen, al tiempo que evitamos reacciones xenófobas, debemos controlar el flujo de inmigrantes, desarrollar políticas de integración, evitando engañarnos a nosotros mismos y a nuestros nuevos conciudadanos con multiculturalismos falsos. Y, sobre todo, la mejor manera de combatir la imagen que relaciona inmigración con delincuencia no es con la política del avestruz, sino con medidas que busquen una relación inversa entre delito y residencia, de modo tal que envíen un mensaje nítido al respecto a los inmigrantes por llegar. Es evidente que en Italia y en otros países europeos tenemos un problema de seguridad y una psicosis sobre el mismo debida a la aparición de una delincuencia particularmente violenta y, hasta el presente, desconocida entre nosotros. Pero la lucha contra ella no debe confundirse con un déficit en la defensa de los derechos humanos. Precisamente para asegurar esos derechos debemos desarrollar políticas firmes e inteligentes mucho más que llenarnos la boca y marear nuestra cabeza con divagaciones sobre lo políticamente correcto. Seguridad e integración son términos complementarios. Y éste es un desafío que han de asumir todos los países europeos, independientemente de la ideología de su Gobierno.