El Gobierno describe el camino para suspender la consulta

Confía en que Mas lo haga voluntariamente.

El Gobierno ha dado por finalizadas las vacaciones este viernes con la celebración del primer Consejo de Ministros del curso político, una reunión descargada seguida de una rueda de prensa que han centrado algunos de los asuntos más discutidos durante agosto, como las supuestas turbulencias en las relaciones con Marruecos, a raíz de la presencia en la sala de prensa del ministro del Interior, que ha negado rotundamente fisura alguna con el país vecino. “Seguimos colaborando, si cabe, con más intensidad”, ha zanjado.

Antes del turno de preguntas, Jorge Fernández Díaz ha descrito el anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que pretende actualizar la legislación actual, de 1985 y “anterior al desarrollo autonómico”. A su lado, Soraya Sáenz de Santamaría ha hecho lo mismo con el anteproyecto de ley de Fundaciones, que dará lugar a un registro único –ahora son siete- e impondrá códigos de conducta y directrices básicas de transparencia para poder considerarlas “idóneas”.

Sobre una de las principales noticias con las que amanecía el viernes, la entrevista a Alberto Ruiz-Gallardón en El País, en la que ha anunciado la intención de reducir drásticamente –de 17.621 a 22- el número de aforados, la portavoz ha confirmado que el Ejecutivo “es partidario de abrir ese debate con el resto de grupos”, aunque ha añadido que es consciente de habrá de ponerse de acuerdo también “con otras instituciones que no son sólo estatales”, aludiendo a las autonomías, para lo que se exige una “doble voluntad”, ha sentenciado.

No obstante, Sáenz de Santamaría es optimista sobre una comunión en torno a los aforados. No tanto en lo tocante a una reforma de la Constitución, en lo que las posiciones son “divergentes”, ha reconocido, al igual que ocurre con la elección directa de alcaldes que promueve el Partido Popular. La vicepresidenta la ha defendido. Ha afirmado que “la Constitución lo permite” y que “distintos grupos han planteado ya este debate e incluso lo han redactado y registrado”. En un intento de alarde de memoria, una ‘número dos’ del Gobierno bien documentada ha recordado que “en el año 88 hubo una proposición no de ley del Grupo Socialista” articulando esta fórmula de designación de representantes.

Por último, Cataluña, pero no por menos importante. De hecho, y pese a que la consulta se presentó en diciembre de 2013, a poco más de dos meses del 9 de noviembre sigue siendo una incógnita si se celebrará o no. En esta ocasión, Sáenz de Santamaría se ha expresado más contundente que en lo precedente. Tras decir que “lo menos serio que puede hacer un dirigente político es no cumplir la legalidad” ha llamado a la “reflexión” a los abanderados de la consulta, a quienes ha aclarado que “la Constitución y las leyes señalan al Gobierno los mecanismos cuando se vulnera la Constitución”.

En mismo tono, y también sobre el referéndum,la portavoz ha avisado: “Cuando el Gobierno impugna y se admite a trámite, se suspende automáticamente”. CiU vacila en su respuesta cuando se le nombra una hipotética impugnación del Constitucional, no así ERC, hecho que ha provocado tensiones entre estas formaciones en los últimos días. A tenor de la seguridad de la responsable del Gobierno, es probable que Mas y Junqueras se vean pronto en la necesidad de decidir qué hacer una vez Madrid diga que su aventura ha terminado.