referéndum soberanista
Lunes 01 de septiembre de 2014
Camacho insta Mas a decir si pondrá las urnas tras el veto del TC.
El coordinador general de CDC, Josep Rull, ha avisado este lunes de que si el Tribunal Constitucional (TC) suspende eventualmente la consulta soberanista, su partido no se quedará "de brazos cruzados al día siguiente" y seguirá trabajando en los preparativos de la consulta para el 9 de noviembre.
En rueda de prensa tras la reunión del comité ejecutivo del partido, y acompañado del vicesecretario de Coordinación Institucional de CDC, Lluís Corominas, Rull ha recordado que quien suspenderá la consulta no será el Alto Tribunal, sino un "automatismo, ya que en el momento que entra a registro el recurso, queda automáticamente suspendida".
"Lo primero que nos corresponderá es pedir que se levante la suspensión y seguir trabajando para que sea posible el 9 de noviembre. No nos quedaremos de brazos cruzados al día siguiente, porque tenemos los elementos, las herramientas y la convicción, la determinación y las ganas de hacer bien las cosas", ha explicado.
El dirigente de CDC ha insistido en que, aunque el TC suspenda la consulta, ante el aviso de que el Gobierno presentara un doble recurso a la ley catalana de consultas y al decreto de convocatoria, su partido "continuará con los preparativos" del 9N y "seguirá trabajando para que sea posible".
"Desde el consenso de las fuerzas políticas catalanas"
Preguntado sobre qué ocurriría si se llegara al 9N con la consulta aún suspendida, Rull ha apuntado que, en ese caso, se deberá decidir "desde el consenso de las fuerzas políticas catalanas". En todo caso, ha considerado "poco solvente en términos jurídicos" cuando el Gobierno "habla con esta rotundidad de legalidad o ilegalidad".
"Si se ataca la ley no será en base a criterios jurídicos incontrovertibles, sino a criterios políticos. El Gobierno quiere atacar la ley, pero no al amparo de no sabemos qué legalidad, sino por un criterio político, porque no quiere que los catalanes podamos votar", ha subrayado.
A su juicio, Cataluña está ofreciendo "alternativas" y demostrando que la ley de consultas "no es un problema, sino la solución y una oportunidad, ya que es plenamente legal en términos constitucionales y estatutarios".
"Pero a veces -ha agregado- tenemos la sensación que quien quiere incumplir la legalidad no es Cataluña, sino el Gobierno español, y, al amparo de un debate jurídico, lo que quieren es impedir políticamente que el pueblo catalán se exprese libremente en las urnas".
Se produce así, ha añadido, "la paradoja de que quien defiende más la legalidad del proceso es la parte catalana, mientras quien se niega a hacer política es el Gobierno. Genera perplejidad", ha dicho.
Rull ha admitido "irritación" ante el hecho de que "sea el Gobierno el que decide qué es legal o qué no", y ha advertido en cualquier caso de que "el 9N no depende de Madrid, sino de Cataluña".
Es en este sentido que ha considerado "fundamental" la "activación" de la ciudadanía en la próxima Diada, para evidenciar que "este país no se cansa en el reto de conseguir su libertad y que no se rompe, porque la unidad es básica en este proceso".
Por otro lado, Corominas ha avanzado de que su partido "reclamará que haya un seguimiento y un resultado" de las 23 medidas para Cataluña que el presidente catalán, Artur Mas, planteó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en su última reunión.
El PP quiere que lo diga Mas
Por su parte, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, ha instado este lunes al presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, a que se pronuncie sobre si su gobierno realizará la consulta soberanista planteada para el próximo 9 de noviembre aunque el Tribunal Constitucional la suspenda.
En rueda de prensa tras la primera reunión del curso de la dirección del PP catalán, Camacho ha pedido a Artur Mas que "diga a los catalanes si Artur Mas y el gobierno de Cataluña pondrán las urnas el 9N aunque haya una suspensión del Tribunal Constitucional".
Así, Camacho ha reclamado a Mas que sea "claro" sobre qué hará después de una posible suspensión de la consulta por parte del TC, en lugar de las "palabras vacías" que, a su juicio, pronuncia acerca de la voluntad de votar de los catalanes.
"El señor Mas omite que el pueblo de Cataluña no podrá votar el 9N porque es un referéndum ilegal e imposible", ha añadido la dirigente del PP, que también le ha responsabilizado de la "gran frustración colectiva" que tendrán algunos catalanes si no se celebra la consulta.
Camacho ha acusado a Mas de "generar demasiadas expectativas" entre los catalanes y le ha pedido que cumpla "la ley y con el Estado de derecho".
Para Sánchez-Camacho, las reuniones de Mas con los otros partidos partidarios de la consulta soberanista así como con la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras entidades independentistas son un intento del presidente para "corresponsabilizar" a todos "de su ineptitud e ineficacia".
Ha añadido que, de no intentar tejer esta "corresponsabilidad", el presidente de la Generalitat "sería el traidor" de los distintos sectores independentistas, aunque ha recordado que "la responsabilidad es de Mas porqué es él quien firma el decreto de convocatoria de la consulta". "Tendría que ser Mas el que dijese que no se hará el referéndum y que cumplirá con la ley", ha concluido Camacho.
Además, ha demandado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se reunirá con Mas el próximo miércoles, que no utilice "ni equidistancias ni eufemismos" en torno a la consulta y que esté al lado de los que defienden la legalidad, la convivencia y la concordia.
ERC pide a CiU que cumpla los acuerdos
Por último, la portavoz de ERC, Anna Simó, ha pedido a CiU y al Govern que cumplan con los acuerdos para celebrar la consulta soberanista el 9 de noviembre frente a un Tribunal Constitucional "altamente politizado" que no debe estar "por encima" de la voluntad mayoritaria de los catalanes de decidir su futuro.
Después de que ayer el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmase que la legitimidad del TC es "inexistente", hoy la vicepresidenta del Govern catalán, Joana Ortega, ha dicho que "ningún partido con voluntad de gobierno y no residual puede pedir a un gobierno que actúe al margen de la ley", porque "las normas se tienen que cumplir".
Unas palabras a las que ha respondido Simó en rueda de prensa tras la reunión de la permanente nacional de ERC para insistir en que el Constitucional es un tribunal "altamente politizado" que actúa bajo las "órdenes" de los partidos mayoritarios al que no da "ninguna legitimidad".
Por ello, ha reiterado que la decisión "política y no jurídica" del Tribunal Constitucional (TC) sobre la consulta soberanista "no puede estar por encima" de la voluntad mayoritaria del pueblo catalán de decidir su futuro en las urnas.
Así, ha pedido a CiU y al Govern que cumplan con los "compromisos" adquiridos con los ciudadanos y con el acuerdo suscrito entre los partidos favorables a la consulta para que ésta se celebre el 9 de noviembre.
Simó ha argumentado que la consulta soberanista tiene la "legitimidad" y la "legalidad" que le proporcionan el Estatut y la ley de consultas que aprobará el Parlament la segunda quincena de septiembre, además de haber sido acordada por una "amplia mayoría" de la cámara catalana.