La Colombia de Kiko Gómez como la España del felipismo (II)

En Colombia todo es posible con tantos factores incidentales que conllevan violencia social y elementos antagónicos que pugnan por el poder, conformado con grupos radicalmente heterogéneos en busca de parecidas ambiciones ilimitadas. Parece un país donde saber la verdad es misión imposible, sesgada la honorabilidad de sus representantes políticos en un proceso de corrupción generalizada que arrastra al conjunto social víctima de sus gobernantes. Un proceso susceptible de constante manipulación en un campo de batalla abierto donde todo el mundo miente para camuflar las intenciones. Colombia es, en definitiva, como España, e investigar sus realidades se ha convertido en una labor carente de toda credibilidad a sabiendas de que no hay hilo de la marioneta que no esté controlado por miríadas de intereses particulares capaces de mentir multitudinariamente a un país. Me ratifico, como en España.

En teoría, el periodismo de investigación no posee otro límite que el que impone el autor en función de su interés por conocer la verdad sobre el hecho investigado. Pero en muchas ocasiones las limitaciones devienen de dificultades derivadas de la intención de reconocer esa verdad cuando tantos otros la pretenden solapar. Se puede presuponer la ética de un código profesional, la independencia de criterio, aunque a veces en lo evidente no es así. En función de esa carencia de autonomía la intencionalidad del investigador permanece sometida a arbitrios y prejuicios que desvirtúan la búsqueda de la verdad, por estar supeditada a intereses que tienden a ocultarse desde la misma actitud intoxicada sobre el reconocimiento de la realidad. Nada es lo que parece en cuanto a una objetividad inexistente y se usa un bastión del reflejo democrático como es el derecho a la libertad de expresión, para conseguir propósitos muy alejados de otro elemental derecho como es la presunción de inocencia. Los juicios paralelos se celebran sin cortapisas vulnerando la libertad individual. Existe un modo de cercenar derechos fundamentales usando como ariete el infundio para condicionar a las sociedades contra la persona.

En la lejana Colombia, tan cercana empero por afinidades de corruptelas políticas, el ex gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, continúa padeciendo el juicio público sin apenas opción a defensa. Es sospechoso que se le atribuyan tantos y terribles delitos, una vez ganó la carrera electoral para gobernar el departamento con mayoría de etnia wayuu.

Se le acusa de asesinatos masivos contra adversarios políticos, de contrabando de combustible con la vecina Venezuela; de estar ligado al poder de la droga por medio del narcotraficante llamado Marquitos y de otros numerosos crímenes que, muy extrañamente, jamás fueron imputados cuando el político ejerció un más modesto cargo público como alcalde de Barrancas. De su éxito electoral parece provenir una campaña de acoso y derribo surgida de la nada y que ha influido de inmediato jurídicamente para tomar medidas preventivas contra el presunto criminal que defiende su inocencia, en inferioridad de condiciones, ante una molicie mediática absolutamente avasalladora. Su mujer, Bibiana Bacci, está amenazada y defiende a su esposo aun siendo víctima de ese vórtice salvaje que ha arremetido contra su familia.

Se da con más frecuencia en países de raigambre democrática el abuso del parecer; un parecer como si fuera fruto de axiomáticas premisas para condenar previamente a la víctima de campañas públicas que inexorablemente acaban interviniendo en las decisiones judiciales. Habría que saber diferenciar el verdadero proceso investigador de lo objetivo ante esa apariencia formal del periodismo que en realidad está al servicio de intereses ocultos, con el fin de engañar a la opinión pública mediante maniobras de manipulación política travestidas de servicio social. En Colombia puede estar sucediendo con Kiko Gómez, pero en nuestro sufrido país estamos sobrados de vergonzantes ejemplos que dan idea de nuestra hipócrita concepción sobre la democracia.

En España es sorprendente que ningún adalid de la verdad haya querido investigar por qué no se devolvió a José María Ruiz-Mateos su patrimonio delictivamente expoliado por el Estado español, máxime si en 1997 fue exculpado de toda imputación que dejó en evidencia la acción estafadora del felipismo costando dos billones y medio de pesetas a todos los españoles. La verdad nunca aflora si se pretende desde la cobarde seguridad de las conveniencias y menos si el prejuicio de la envidia personal impide reconocer la autenticidad de lo verdadero, siendo España un país donde mirar el triunfo ajeno con recelo es un auténtico deporte nacional que no cesa de conseguir records de mezquindad democráticamente históricos… más de treinta años ya desde aquel 23 de Febrero de 1983.

En anterior columna sobre el caso de Kiko Gómez, ex gobernador de La Guajira en Colombia, me remitía al perjuicio que se ocasiona contra el conjunto social cuando se permite que personajes representativos sean diana de supuestas investigaciones que comprometen la decisión jurídica antes de que el presunto delincuente sea juzgado en un tribunal. No existe peor desmán con disfraz democrático contra la libertad individual que esgrimir la libertad de expresión como arma para decidir la suerte de un personaje público, presa de un linchamiento práctico por algo tan virtual e inconsistente como es la siembra de unas sospechas no contrastadas con ninguna información, sino con subjetividades o manifestaciones que están por demostrar. Los daños propiciados por la ligereza del criterio ofensivo han culminado el efecto desintegrador que se buscaba, sin embargo, aún cabe la posibilidad de la rectitud en la intención y periodistas antes beligerantes empiezan a constatar la sospecha de que quizá el ex gobernador puede ser objetivo de un complot pergeñado por cerriles enemigos a raíz de su limpia victoria en las urnas.

Detrás de las oscuras maniobras aparece una fiscal llamada Martha Lucía Zamora, investigada por reiteradas tramas de testigos falsos que fueron ya descubiertas en otros casos como el de Colmenares o Sigfrido López. En España algo así no sorprende dada la profunda raigambre de ocultamientos durante treinta y un años o las demoras para dilatar procesos jurídicos elementales como fueron dos autos favorables del Tribunal Supremo para Ruiz-Mateos, quien aún espera quince años desde entonces para una consolidación de balances que se sacaron de la manga con el fin de evitar que se le repusiera lo robado.

En España van de distraídos algunos jueces y delincuentes; los primeros para mirar a todos lados menos al busilis de los conflictos de la corrupción de altos vuelos gubernamentales y los segundos para organizar incendios en los juzgados a ver si casualmente se volatilizan los documentos inculpatorios de los ERE. En Andalucía ni hace falta disimular, como en Madrid que vio quemarse estratégicamente un rascacielos y de aquello nunca más se supo en lo que muchos sospechan que fue una salvaje especulación inmobiliaria que no tuvo la menor consecuencia penal. Son distraídos y listos. España y Colombia están hermanadas en lo corrupto, desgraciadamente, pero allí los jueces desean saber qué hay detrás de la apariencia.

A raíz de la sospecha que se cierne sobre la fiscal Zamora, la Justicia colombiana investiga sobre la posible manipulación de testigos y declaraciones contra el ex gobernador Kiko Gómez, que corroboraría la existencia de un complot contra su persona y su familia, dirigido por enemigos y adversarios políticos a los que se enfrentó, afrentando a su vez una enraizada corruptela que él estorbó con la íntegra y no menos ingenua intención de dirigir su trabajo con una honestidad hasta entonces inexistente.

Llama la atención esa tenacidad ágil en busca de la verdad que se ha manifestado en pocos meses, frente a la desidia, el abotargamiento intencionado por evitar investigar un latrocinio tan escandaloso como criminal que fue la expropiación de Rumasa contra un empresario y financiero al que jamás se le condenó por ningún delito derivado de la gestión del holding. Esa voluntad por conocer la verdad en Colombia contrasta con la inteligencia abortada de tantos investigadores españoles que han silenciado lo evidente, dejando que el crimen impune perpetrado durante el nefasto felipismo forme parte incongruente de nuestra historia hasta llegar a expoliarnos a todos los ciudadanos de España.

El Espectador, periódico colombiano, investiga también la posible presión contra testigos. Es encomiable que haya periodistas dispuestos a ser ecuánimes en el caso de Kiko Gómez, una dignidad perdida en esta España de las mentiras donde los criminales son respetados a costa de aniquilar al inocente, o al menos a quien aún se le puede presuponer la inocencia antes de ser juzgado. En el caso de Ruiz-Mateos ni siendo declarado inocente se le concedió justicia pública persiguiendo a los verdaderos culpables. Prevaleció la permanente asechanza esperando la oportunidad circunstancial para demonizarlo de nuevo. Muchos fueron los que se beneficiaron del vil expolio como para revisar las vergüenzas evidentes de un país al que esos muchos terminaron arruinando. Lo más grave es que tampoco la Justicia ha mostrado el menor atisbo de probidad imponiendo todo tipo de trabas a la resolución de un crimen mayor.

España nunca será Colombia-Podemos mediante-, pero allí aún poseen ocasión para demostrar la honradez institucional que perdimos aquí por el camino del despertar democrático que dirigieron auténticos perjuicios gubernamentales. El único mérito del ladrón respetado estriba en haber sectarizado la Justicia para salir de rositas con el botín vendido fuera de España. ¿Honor personal en quien se le denomina prócer de la patria, el que saqueó un 10% del PIB español entre otros tantos delitos? Pamplinas.