Cuando los albaneses éramos nosotros

En los últimos días en Italia parece abierta la veda, con la ventaja de haber elegido una especie “poco” protegida: los inmigrantes. Antes del primer Consejo de Ministros, el nuevo gobierno Berlusconi está discutiendo la actuación de nuevas medidas en la materia: respaldado por unas campañas justicieras callejeras, su gobierno es intérprete del creciente sentimiento nacional de rechazo hacia los inmigrantes. Las encuestas nacionales certifican la percepción ciudadana de la inmigración como fenómeno negativo, despreciable y poco deseable. En los últimos días, la policía italiana (con la colaboración de la policía rumana) ha llevado a cabo muchos arrestos de inmigrantes sin papeles y varias expulsiones; recientemente, hemos asistido a pequeños estallidos de intolerancia que han desembocado en la quema de un campamento de gitanos cerca de Nápoles.

La Lega, partido vencedor de las últimas elecciones, había centrado su campaña electoral sobre el tema de la “seguridad nacional”: pero demasiadas veces se confunde la palabra inmigración con criminalidad. Las primeras declaraciones del Ministro del Interior, de la Lega, sobre la posibilidad de convertir la inmigración ilegal en delito penal han generado inevitablemente la perplejidad internacional (especialmente del gobierno español); el mismo Presidente de la República, Napolitano, se ha mostrado cauto, declarándose favorable sólo a medidas de verdad “urgentes y de necesidad”, además de respetuosas con la normativa europea. Por lo tanto, en los últimos días, Interior se vio obligado a rectificar el todo, anunciando medidas que, pese a no incluir el “delito de inmigración”, prevean unos cuantos agravantes a la actual ley, la Bossi-Fini, ya tachada de racista por la UE: se prevén penas más severas para los extracomunitarios irregulares, obligación de visado para estancias breves, endurecimiento de las condiciones de las solicitudes de asilo, restricciones al reagrupamiento familiar y expulsión inmediata de los ciudadanos comunitarios por razones de seguridad nacional. Además de un aumento de los controles, el nuevo gobierno propone una revisión del Tratado de Schengen, recurriendo al “cierre temporáneo” de las fronteras para evitar el regreso de los expulsados. Finalmente, se plantea la posibilidad de una larga detención de los inmigrantes en los CPT (centros de primera acogida).
La acción del nuevo Ministro de Interior parece motivada por una doble preocupación: satisfacer el deseo ciudadano de “justicia”, y al mismo tiempo evitar un posible conflicto con la Unión Europea. La creación de “comisarios extraordinarios para Rom” (gitanos) en Roma, Milán y Nápoles contribuye a exasperar la situación: la militarización de las rondas ciudadanas, ya presentes en muchas ciudades del Norte, exacerban la cuestión.

Es evidente que en Italia existe un problema de seguridad, pero es legítimo esperar una respuesta creíble y eficaz del gobierno. Los episodios de los últimos días, la “caza” indiscriminada, obligan a la sociedad civil y sobre todo al gobierno a una fuerte toma de posición: el silencio o la depreciación de lo sucedido serían una señal de irresponsabilidad. La neurosis colectiva va contenida. Una política de seguridad severa no quiere decir intolerante o irrespetuosa de los derechos humanos. Debido a la sensibilidad del tema, el populismo mesiánico o el deseo de venganza no sirven de mucho: inteligencia y buen sentido son necesarios a la hora de intentar ofrecer una solución a este problema. Además, para la recuperación de un mínimo de memoria histórica podría ser útil la lectura del libro de Gian Antonio Stella: “Cuando los albaneses éramos nosotros”. Conocer el pasado para entender el presente.