“Los ciudadanos tienen derecho a manifestarse; los gobernantes, la obligación de cumplir la ley”. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado a los participantes en la Diada favorables al referéndum que la misma Constitución que les permite expresarse libremente en las calles es incompatible con la convocatoria del 9 de noviembre.
En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha subrayado que la postura del Gobierno no ha cambiado tras este 11 de septiembre en Cataluña e, insistiendo en el discurso habitual del Ejecutivo, ha afirmado que “trabajamos mejor todos juntos”. Tal y como ha expresado en semanas anteriores, ha reconocido seguir confiando en que Artur Mas desista y cumpla con su compromiso expresado a Mariano Rajoy de no actuar al margen de la legalidad.
También este viernes, en declaraciones a Cadena SER, Eduardo Torres-Dulce ha garantizado que la Fiscalía General del Estado, de la que es responsable, “actuará en consecuencia” y guiada por el Código Penal en caso de desobediencia al Tribunal Constitucional. “Votaremos seguro, otra cosa es en qué condiciones”, ha afirmado en Rac 1 Mas, principal señalado por Torres-Dulce.
El president, eso sí, quiere “garantías democráticas” para que el resultado “se entienda en todas partes”. De otra forma, ha concluido, “será como un búmeran que caerá sobre nosotros”. Con estas declaraciones, el también líder de CiU hace un guiño a sus aliados de ERC, que abogan por consulta sí o sí, dentro o fuera de la ley, pero también a Moncloa, deslizando que no pasará inadvertida para él una impugnación del proceso desde Madrid.
En todo caso, continua un pulso dialéctico que el calendario extingue en una cuenta atrás a la que quedan ya menos de dos meses. Menos tiempo resta para la aprobación de la Ley de Consultas en el Parlamento de Cataluña, que dará pie al “oportuno recurso”, ha concretado la vicepresidenta.