tribunal supremo
Lunes 19 de mayo de 2008
Así consta en el escrito de proposición de pruebas que ha presentado hoy la Fiscalía ante la Sala Especial, junto con otro relativo al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), en los que propone una serie de diligencias de prueba en los procesos de ilegalización de ambas formaciones políticas.
Respecto a ANV, el fiscal aporta el auto de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional que el pasado mes de abril revocó la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar la causa contra Beitialarrangoitia por enaltecimiento del terrorismo cuando pidió un aplauso para los presos etarras durante un acto de su partido en Pamplona.
La sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideró el pasado 3 de abril que el archivo de la causa fue "prematuro" y estimó así el recurso de apelación de la Fiscalía contra la decisión del juez.
El fiscal además propone que declaren como testigos siete guardias civiles y nueve funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, entre ellos los que efectuaron el registro en la sede del PCTV el 5 de octubre de 2007 en Usurbil (Guipúzcoa).
El Ministerio Público alude en sus demandas a la "unidad de acción" entre el PCTV, ANV y Batasuna en el plano económico y cita un documento intervenido en la sede del primer partido en Usurbil que "describe el sistema de caja única y común para la recepción de ingresos y el abono de gastos que debía constituirse entre todo el entramado de la denominada izquierda abertzale".
Además, en el escrito relativo al PCTV, el fiscal defiende, frente a los argumentos empleados por los abogados de este partido, la validez y conveniencia legal de que la Sala Especial admita como válidos los denominados "informes de inteligencia" elaborados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Así, recuerda que tanto la propia Sala del 61 en la sentencia de ilegalización de Batasuna como en "reiterada jurisprudencia" de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal se ha considerado a este tipo de informes "como variantes de la prueba pericial".
La Sala del 61 del TS abrió el pasado 14 de abril el periodo de prueba en el proceso de ilegalización de ambas formaciones y esta semana finaliza el plazo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado tienen para proponer pruebas.
Posteriormente, la Sala Especial tendrá que reunirse para decidir cuáles admite; y una vez fijado el calendario dispone de treinta días para practicarlas.
Según establece la Ley de Partidos, las partes podrán formular entonces nuevas alegaciones sobre esas pruebas en plazos sucesivos de veinte días, transcurridos los cuales el proceso quedará concluso para sentencia.
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