Transparencia Internacional España ha presentado este miércoles en la sede de la Fundación Ortega-Marañón el informe “Una evaluación del lobby en España: Análisis y propuestas”, que ha sido presentado por el catedrático Jesús Lizcano; el director del estudio, Manuel Villoria; la coordinadora del estudio, Ana Revuelta; los investigadores Esteban Arribas y Elena Herrero-Beaumont; y el vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez-Lambás.
El informe analiza los aspectos de transparencia, integridad e igualdad de acceso en las prácticas de lobby en España y presenta casos en distintos sectores como energía, salud, financiero, telecomunicaciones o construcción, aunque también realiza una serie de recomendaciones y propuestas a los responsables públicos y representantes del sector privado y no gubernamental para mejorar esos aspectos.
Sobre los riesgos de corrupción asociados a la falta de transparencia y de adecuada regulación de la actividad de lobby, el estudio deduce que en Europa la influencia del lobby “está envuelta en secreto y es motivo de preocupación”. En concreto, España suspende en los tres aspectos cruciales del lobby: transparencia (10%), integridad (35%) e igualdad de acceso de los ciudadanos y grupos a los procesos de decisión (17%).
Mientras en muchos países europeos más del 50 por ciento de los ciudadanos “cree que su gobierno está, en gran medida o enteramente, guiado por unos pocos y poderosos intereses”, el 81% considera que “los vínculos excesivos entre los negocios y la política generan corrupción en su país”, según el estudio. En cuanto a “concepto difuso con connotaciones negativas” que se tiene de los lobbies, Lizcano ha explicado que “no es una actividad negativa per se” aunque al ser “opaco y no regulado incurre en riesgos de corrupción”.
En España, según el informe, está muy instalada la creencia de que el dinero “compra” influencia en la política y el 77% de los españoles cree que la corrupción es parte de la cultura de los negocios en nuestro país, mientras que el 67% considera que la única forma de tener éxito en los negocios son las conexiones políticas.
La visión por parte de las empresas españolas no es mejor y el 91% “ve excesivos vínculos entre dinero y política y el 93% cree que la corrupción y el favoritismo dañan los negocios” y constatan que son recurrentes muchas prácticas injustas y, en ocasiones, ilegales tales como favorecer a amigos y familia al hacer negocios, el nepotismo y el clientelismo en la administración o la opaca financiación de los partidos políticos.
Por estos motivos, Lizcano cree que “la mejora de la transparencia y la integridad en el ámbito del lobby contribuiría a distinguir el lobby de las actividades corruptas o faltas de ética, a equilibrar el campo de juego en la toma de decisiones y, en definitiva, a lograr mejores leyes políticas para todos”. Porque los sucesivos casos de corrupción producen una “incómoda sensación de que el campo de juego no está equilibrado y que la toma de decisiones está sesgada en diversos ámbitos a favor de los más poderosos económicamente”, deduce el estudio.
De izquierda a derecha: los investigadores Esteban Arribas y Elena Herrero-Beaumont; el director del estudio, Manuel Villoria; la coordinadora, Ana Revuelta; y el vicepresidente segundo de la Fundación Ortega-Marañón, Jesús Sánchez-Lambás. Fotos: Juan Pablo Tejedor
“El 46% de los políticos españoles considera la opacidad como el aspecto más negativo de la actividad del lobby frente al 26% de sus homólogos europeos”, explica el estudio, que además afirma que “el 56% de los políticos entrevistados afirma hablar con lobistas”.
Asimismo, el informe muestra ejemplos en distintos sectores relacionados con la corrupción y malas prácticas. Así, analiza la financiación de partidos políticos, la falta de acceso a la información y transparencia en los procesos de toma de decisiones como el relativo a la salud pública o a la Ley de Propiedad Intelectual , etc.
En cuanto a la necesidad de regular los lobbies, Sánchez-Lambás se ha mostrado convencido de que “hay que crear un marco regulatorio de los principios éticos del poder blando” y ha afirmado que “el lobby se tiene que identificar y conocer”.
Sobre este aspecto, el informe explica que “no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos lo hace” y también explica que “existe una realidad informal, en la que cientos de lobistas profesionales, empresas y grupos de interés diversos tratan de influir sobre el ejecutivo y el legislativo sin que existan normas que regulen su acceso, la información sobre sus contactos, los límites éticos a su labor o la mera constancia de las reuniones”. Según el informe, “no hay ninguna norma suficientemente sólida y efectiva que proteja a los denunciantes de corrupción”.
Villoria ha coincidido con Sánchez-Lambás en la necesidad de regular los lobbies ya que el 46% de los encuestados considera su opacidad como el aspecto más negativo de los mismos y ha insistido en que “el concepto lobby se confunde con el de grupo de presión y el problema no es el sujeto, sino la actividad”. Además, ha añadido que “cualquier sociedad pluralista y democrática necesita actores políticos y económicos que defiendan sus intereses y por eso hay que regularlo y hacerlo más transparente”.
El Gobierno trabaja en la actualidad en una regulación de los lobbies “limitada a proponer un registro de lobbies en el Congreso de los Diputados”, tal y como se anunció en junio de 2013 aunque según este informe, y dado que la actividad de lobby más importante se realiza no ante el poder legislativo, sino ante el ejecutivo y las cúpulas de los partidos más importantes, “cualquier regulación que se centre únicamente en el parlamento nacional capturará sólo una fracción del lobby”.
Además, en diciembre de 2014 entrará en vigor la Ley de Transparencia y se espera que reduzca “los espacios de opacidad gubernamental y ayude a controlar mejor la actividad de los poderes públicos”.
Por todo ello, Transparencia Internacional propone 15 medidas como un “análisis holístico de los riesgos asociados al lobby” para plantear una regulación y reducir los riesgos de corrupción, la introducción de un registro de lobbies, que los representantes públicos informen de los contactos que mantienen y hagan públicas sus agendas de trabajo, así como sus actividades, la aprobación de un código ético para la actividad de lobby, la creación de un órgano que gestione el sistema y sancione los incumplimientos, el cumplimiento de la normativa de incompatibilidades de funcionarios y altos cargos o la prohibición de donaciones de empresas a partidos políticos así como de la condonación de la deuda de los partidos por parte de entidades financieras, entre otras.
Este estudio, financiado por la Comisión Europea y de 121 páginas de extensión, ha sido elaborado en 19 países a lo largo de un año y en él han participado un total de 16 investigadores.