Opinión

Así no. Al revés, Sr. Mas

TRIBUNA

Antonio Domínguez Rey | Jueves 25 de septiembre de 2014
Forzar la naturaleza de las cosas y de la Historia en aras de una pretendida querencia o afecto cantonal con efluvios nacionales, es absurdo. Nadie niega que la voluntad común de los hombres decide el horizonte de los pueblos. Es el fundamento constitutivo de toda norma, ley y principio social. Pero la decisión de la voluntad se rige por el criterio del juicio que razona norma, ley y fundamento. El desafío del Parlamento catalán y presidencia de su gobierno autónomo a la Constitución española es evidente. Por más vueltas que se le dé al asunto, ahí está. Y de nuevo. Las causas son múltiples y complejas, sobradamente conocidas. Incidir en ellas resulta más absurdo aún en este tiempo de la Historia. No convencen a unos ni a otros. O se entreveran, lo cual confunde la raíz del mutuo desentendimiento.

Analizado el contexto en el que surge este problema, sorprende la decisión soberanista de una parte frente al conjunto del Estado al que pertenece y con amplias garantías de gobierno autonómico. Garantías también de Estado, pues son parte constituida y constituyente. Solo parte. Y como tal -argumento ya manido- no puede decidir lo que afecta al conjunto de los ciudadanos oficialmente catalanes, entre otras razones porque lo son dentro de la Constitución y Estado español. Y muchos de ellos, los más, se sienten integrados. Y sería injusto erradicarlos, suprimir su naturaleza legal. La Autonomía confiere derechos soberanos en el conjunto, no en la parte aislada, seccionada. Es lo estatuido. Ningún estatuto local puede contravenir la soberanía que le otorgó rango de parte en el Estado. Así de simple.

El camino es, por ello, otro. Pidan al Estado español que proponga y decida en votación nacional si Cataluña forma parte de él o si ya es, por las razones que fueren, otra cosa. Decida el conjunto de los ciudadanos españoles, no solo quienes se sienten catalanes ajenos a España, aunque tengan el poder de mano y amenacen con sedición, pues lo ejercen atribuido por el Estado que se lo otorgó. Así de sencillo también.

Tal es, resumido, el contexto del problema. Un problema de todo y parte. Excede la razón cuantitativa que muchos piensan al oír la formulación del argumento. No se trata de un todo matemático, aunque la propuesta se resolviera por cómputo de cálculo. La relación constitucional implícita entre las comunidades autónomas -Cataluña es una entre varias, bastantes- y el Estado determina en ellas la razón del conjunto unido y este funda su génesis. No se trata de partes previas que se unen o separan creando o disolviendo un equilibrio estable, sino de la relación que resulta esencial al ser y función de la parte. Una relación cuyo sostenimiento es metaestable. Y este prefijo -“metá” griego- indica el cambio o transformación operada como “más allá” de sí en otro. Tal es la base del símbolo y, por efecto de relación inherente, de la metonimia de las comunidades autónomas dentro del Estado y Nación. El lenguaje o idiomas comunes pertenecen a esas fases constitutivas solo en razón del símbolo común creado. Así es la denominación Hispania respecto de catalán, gallego, castellano y vasco, lengua asimismo muy latinizada, como Iberia designa el conjunto geográfico de la Península a que pertenecemos, no constituida aún en símbolo estatal. Y digo “aún” porque es bien sabido que el catalanismo hoy preconizado como soberanista tenía en la República raíz ibérica.

Propongan, pues, una Cataluña ibérica. Iberia sería novedad notable en Europa. Y una comunidad europea metaestable, unidos de nuevo España y Portugal en tal conjunto. Los gallegos saldríamos reforzados. Una Galicia de la que Cataluña administra, en buena parte, el gas, la luz y… ¡el agua! ¡Con lo que allí llueve! Y encima se oponen los catalanes al tren de alta velocidad que une Madrid y la costa atlántica. Vea usted, Sr. Mas, en qué expansión autonómica y sumisa concluyen, respectivamente, algunas comunidades españolas.

Si siguiéramos por este camino, caeríamos en el ridículo. Usted lo sabe muy bien, pero incide en lo imposible desafiando a la Constitución porque conoce la debilidad enferma que España sufre en este momento de su Historia. Saca a la calle a un número considerable de catalanes de Barcelona y algún rincón cantonal de la región con el pretexto de mostrar al mundo una voluntad secesionista e integradora de un nuevo Estado. Y el mundo les dice que no, que ése no es el horizonte. Cabe sugerirle también que sume el número de cargos políticos e institucionales, directos e indirectos, nombrados durante treinta y siete años por la Generalitat y otras instancias oficiales u oficiosas de Cataluña. Añada familiares, amigos, beneficiados. Reste la suma al total de manifestantes. Salen a relucir muchos intereses, evidentemente. Uno de los problemas de las autonomías es satisfacer a cuantos tuvieron cargo y a quienes lo pretenden. Los asignan a comités de empresa, fundaciones, patronatos. Les crean nuevas representaciones, como las embajadas. Se blindan funciones y se restringen competencias con el recurso del idioma. Etcétera. Las relaciones endógenas y concéntricas así creadas tienden a generar el espejismo de una realidad exclusiva y soberana, por lo que molesta cualquier otra mano en asuntos propios. El hecho de que el actual Gobierno español no necesite del chantaje nacionalista por tener mayoría absoluta parlamentaria, apremia también las urgencias y ocasiones derivadas del ansia de poder y caudal autonómico. Surge la tentación del clan. Y en eso estamos. Un clan político que domina los recursos imprescindibles para agitar indolencias y quebrar voluntades adversas.

¿Qué camino, entonces? La realización europea a la que implícitamente se opone usted, aunque sus manifestaciones digan lo contrario. Forzar a Europa a un giro de provocación independentista de comunidades locales que la integran, es paradoja y locura. Abrir en su contorno una brecha que atente contra la unidad política, resulta suicidio histórico. Esta tentación también existe. La fomentan algunos países. Y Cataluña siempre ha olfateado los horizontes de remoción económica. Sabemos que Europa depende de su unidad política, que tarda porque la jurídica y financiera no avanzan realmente.

Tal es el incentivo: construir Europa con la integración plena de España y, si fuera posible, de Iberia. Para ello hay que girar sobre los talones y contraponer al “Adeu, Espanya”, final de una Oda famosa de Joan Maragall, de 1898, año simbólico, el clamor de “Visca Espanya”, como hizo el propio poeta en un artículo de 1908. ¿Por qué? Muy sencillo: “i Espanya ja no és un lloc comú de ­patrioterisme encobridor de tota mena de debilitats i concupiscències, sinó que Espanya és això que es mou i s'alça i planta cara als que fins ara han viscut de la seva mort aparent”. Diez años de diferencia entre la despedida patriótica y la comprensión, al fin, de que España se mueve, alza y planta cara a quienes han vivido y viven de su muerte aparente.

Ya no hace falta tampoco catalanizar a España, como pedía por aquellos años Unamuno. Estamos en un contexto europeo muy diferente. La propuesta soberanista de la parte catalana es una pérdida enorme de tiempo, energía, y afecta al equilibrio institucional. Se funda además en una demagogia mediática inconcebible hoy día y pretende ocultar otros problemas graves, como la corrupción política que, poco a poco, va aflorando en Cataluña. Una corrupción aceptada implícita y explícitamente por gobiernos centrales sucesivos a cuenta del apoyo parlamentario nacionalista. ¿Cuándo saldrá a relucir el negocio del cemento y las fortunas a que dio lugar, entre otras prebendas, con motivo de los Juegos Olímpicos de 1992? ¿Cuándo conoceremos la realidad de las cuentas bancarias creadas en paraísos fiscales por apego político?

Usted, Sr. Mas, tiene con todo las espaldas cubiertas. Si le sale mal el reto esgrimido, coge la deuda generada y se la echa en sacos de forraje al Gobierno central. Que remugue. Es deuda de Estado.