La clave para erradicar las violaciones en los centros docentes de educación superior norteamericanos parece haberse encontrado en una frase tan simple como ésta: “yes means yes”, “sí significa sí”. Aunque parezca mentira, se ha tenido que finalmente entrar a regular en qué casos una relación sexual es consentida y cuando no, en aras de erradicar o, por lo menos, disminuir las violaciones en el entorno universitario norteamericano.
California ha sido el Estado que ha dado este valiente paso consciente del problema que asola a las universidades norteamericanas donde una de cada cinco universitarias ha sufrido algún tipo de agresión sexual aunque sólo el 12% se atrevió a denunciarlo.
Según un recuento del diario Los Angeles Times, alrededor de 50 universidades de Estados Unidos, entre ellas las californianas UCLA, USC y Occidental College, están siendo objeto de una investigación por la forma en que tratan las denuncias por abusos sexuales.Hasta este momento los decanos, profesores o estudiantes de doctorado eran los que decidían si había ocurrido o no una violación.
Con afán de impulsar la educación preventiva, esta Ley ha venido respaldada desde el principio por los colectivos de defensa de los derechos de la mujer (como la Coalición Contra las Agresiones Sexuales de California), que consideraban absolutamente indispensable su aprobación. Es por ello un importante logro para ellos que el gobernador de California, Jerry Brown, finalmente la firmara en coherencia con la postura defendida por Obama, empeñado en acabar con la alta tasa de agresiones sexuales en los centros de educación superior. Sólo en 2013, el Departamento de Educación de Estados Unidos había recibido 100.000 firmas rogando que se interviniera para acabar de una vez por todas con la absoluta indefensión que padecían las víctimas en las universidades. La necesidad de crear un marco legal para evitar más atropellos parecía ineludible.
La Ley SB967 obliga a toda institución universitaria pública o privada que reciba fondos públicos, a través de ayudas económicas a sus estudiantes, a incorporar este espíritu (la idea del consentimiento expreso y explícito, revocable en cualquier momento) a sus normas reglamentarias y a gozar de servicios médicos y de apoyo integral para las víctimas de violaciones u otro tipo de agresiones sexuales.De este modo la Ley exige a las facultades un adecuado tratamiento de las querellas y que a las víctimas no se las interrogue de un modo inapropiado cuando por fin se deciden a denunciar.
Con esta interpretación restrictiva del consentimiento en las relaciones sexuales, válida para todos los campus de California, se pretende desalentar a todos aquellos que aprovechando que la presunta víctima está inconsciente, dormida, drogada, o incluso sufre algún tipo de discapacidad física o mental intentan abusar sexualmente de ella. El texto deja claro que debe haber “un acuerdo afirmativo, consciente y voluntario para que se produzcan relaciones sexuales”, de tal modo que la pasividad o el silencio no se pueden interpretar como indicios de consentimiento implícito. Es más, según señala la Ley, “la existencia de una relación de pareja entre las personas involucradas o el que hubieran tenido relaciones sexuales en el pasado nunca debe ser considerado por sí mismo como un indicador de consentimiento”.
Con esta nueva aproximación, en el fondo, esta Ley cubre una laguna normativa importante que dejaba impunes hasta ahora a muchos agresores sexuales y además hace nacer un nuevo código de conducta, no exento de cierto paternalismo, al prescribir lo que se debe y no debe hacer desde un punto de vista no sólo punitivo sino ético. Queda lejos el modelo ilustrado que confiaba en el autogobierno del sujeto desde el punto de vista moral. Está claro que el Derecho es una herramienta necesaria y útil para la organización y el control social y hemos de servirnos de ella para regular los comportamientos cuando éstos no responden a las debidas expectativas morales.
Si es cierto que existe una cultura de la violación, como indicó el senador Kevin de León como proponente de la Ley, parece entonces obligado buscar a través de una ley un cambio de percepción en la sociedad que sensibilice sobre este serio problema que afecta a tantas jóvenes universitarias. Como dijo De León en un comunicado el pasado 28 de septiembre: “Cada estudiante merece un ambiente de enseñanza seguro y saludable” (…) “California no permitirá a las escuelas desentenderse de los casos de violación. Hemos cambiado la conversación sobre agresión sexual a una de prevención, justicia y reconciliación”. Con la nueva Ley, la carga de la prueba pasa a recaer en los acusados y no en las víctimas, de tal manera que en California, a partir de ahora, “quien calla no otorga”.