Este sábado la política venezolana se dirimirá de nuevo en las calles del país, en un clima paulatinamente más enrarecido, crispado y de profundo deterioro. Los Colectivos armados por Hugo Chávez han salido a las calles tras los últimos asesinatos de cariz político. La Mesa de la Unidad Democrático (MUD), ha decretado la movilización de opositores al Gobierno de Maduro, y acto seguido, las organizaciones chavistas han replicado con una idéntica llamada para que los adeptos del régimen bolivariano tomen las calles en las mismas ciudades, el mismo día, las mismas horas que lo hará la oposición, en protesta por el asesinato del líder del PSUV. Es posible que el abismo social y económico al que se asoma hoy Venezuela, a donde la han arrastrado lustros de Administración chavista, imponga cierto sentido del vértigo a todos los actores en conflicto, pero las criminales ejecuciones de manifestantes a principios de este año siguen muy vivas en la memoria de todos. En cualquier, cada uno de estos actores ha experimentado importantes cambios en sus filas meses después de las manifestaciones y su salvaje represión que conmovieron al país caribeño.
El heteróclito conglomerado de partidos opositores aglutinado en torno a la MUD se encuentra en una fase de revisión y debate sobre la estrategia a seguir ante las nuevas circunstancias. El fracaso electoral de Capriles ante Maduro -en unos comicios que la oposición sospecha fueron fraudulentos, con la inestimable ayuda de la larga mano de La Habana-, obligaban a un replanteamiento. Enrique Capriles no se negó a algún tipo de consenso con Maduro con tal de salvar al país de un desplome seguro. La insensata guerra económica emprendida por Nicolás Maduro contra los supuestos acaparadores, despojando al Parlamento de la mayoría de sus atribuciones, lo hizo imposible. Una brecha mayor se abrió cuando la MUD secundó manifestaciones estudiantiles masacradas no solo por las fuerzas policiales sino también, de un modo particularmente criminal, por los Colectivos armados por el chavismo. Tras estos callejones sin salida, la MUD ha decidido afrontar sus graves tensiones internas renovando a su líder y eligiendo a un nuevo secretario ejecutivo, que ahora es Jesús Torrealba.
Llamado popularmente “Chúo”, Jesús Torrealba, periodista de Radio Caracas, es un exmilitante del Partido Comunista de Venezuela con un buen conocimiento de los sectores más desfavorecidos de la población y con una innegable capacidad de comunicación hacia ellos. Tal como era previsible, el portal chavista “Aporrea” saludó el nombramiento con la acusación de que “Chúo” Torrealba recibió dinero de los gringos para conspirar contra Venezuela. Resulta tedioso escuchar mecánicamente este mismo mantra reiterado contra cualquier persona y en cualquier situación, de modo que una imputación de estas características ha perdido cualquier efecto sobre la opinión pública. Lo cierto es que Torrealba está en condiciones de llegar a áreas de ciudadanos frustrados por la inoperancia de Maduro y desengañados de las promesas que no se cumplen.
El oficialismo ha comenzado a preocuparse por el giro que Jesús Torrealba ha imprimido a la oposición y por su credibilidad entre antiguos votantes de Chávez huérfanos de un auténtico liderazgo. La línea emprendida es retomar las movilizaciones en la calle suprimiendo cualquier connotación violenta sin olvidar que el objetivo real es vencer en las urnas dándole un futuro a las masas cada día más estranguladas en su vida cotidiana. En esa combinación de presión pacífica y propósitos electorales a medio plazo es donde la variopinta oposición, con múltiples tendencias centrífugas, puede hallar un punto de encuentro.
El régimen chavista no se lo pondrá fácil, dada la eficacia que se vislumbra en este modelo de actuación, donde el frentismo social se reconfigura en una fórmula inclusiva. Jesús Torrealba tuvo que dar marcha atrás en la primera protesta pública convocada a consecuencia del monstruoso asesinato del dirigente del PSUV, Robert Serra. Como era de esperar, el crimen fue inmediatamente adjudicado al fascismo internacional a través de las Autodefensas colombianas quiméricamente dirigidas por el expresidente Álvaro Uribe y fantasiosamente financiadas desde Estados Unidos. Esta sarta de burdas falsedades se está desmoronando en el transcurso de la propia investigación policial, a la que acompañan no pocas averiguaciones periodísticas. Se confirma que el joven diputado Serra profesaba la santería y el Palo Monte -numerosas fotografías confirman su pertenencia a esas creencias derivadas del chamanismo africano-, algo que no debe extrañar desde que el propio Hugo Chávez fomentó ceremoniales de esta índole entre sus seguidores tras su éxito en La Habana y su petición de trabajos de protección de santería. La Seguridad del Estado cubano, y particularmente sus servicios de inteligencia, encontraron un talón de Aquiles fácilmente explotable, de modo que se inició como “Caballo de Santo” e “Hijo de Chango”.
El Palo Mayombe santero favoreció cíclicas visitas de Chávez a Cuba, así como de chamanes cubanos al palacio presidencial. Para Robert Serra esos mismos rituales ofrecían un punto sumamente vulnerable para su seguridad. El SEBIN, servicio bolivariano de inteligencia, acaba de detener a Víctor Hugas por publicar fotos del cadáver de Robert Serra en la morgue de Caracas. En su cuerpo se aprecia ese casi medio centenar de perforaciones, pero con la singularidad de que no provienen de apuñalamientos, sino de orificios realizados con un punzón. Todo ha apuntado a una ejecución ritual -o que simula ser ritual-, donde la tortura de los pinchazos provoca que la persona muera desangrada.
Un aspecto incontrovertible, en el que coinciden la versión oficial y las investigaciones periodísticas es la colaboración de su propia escolta. Sin duda un móvil importante fue el robo tanto de dinero como de armamento que custodiaba la casa de Serra, en la que no vivía y que usaba para las ceremonias y como lugar de encuentro en la supervisión y control de los Colectivos armados chavistas. Si estos participaron o no es todavía un enigma que será difícil de esclarecer. Las investigaciones no oficiales dan por seguro que en el crimen hubo un componente pasional, subrayando que la mujer que estaba con él -viuda de otro guardaespaldas de Serra, recientemente asesinado-, no era su pareja, pues Robert Serra sería muy conocido en ambientes homosexuales, asunto aún tabú en la Venezuela de hoy.
Tal como estas evidencias se abren camino en los medios independientes, el presidente Maduro ha decidido dar un paso al frente para acallarlas volviendo a insistir en la burda teoría conspiratoria de un complot fraguado en Colombia. Para sostenerla, ha presentado un vídeo tan borroso que no se puede apreciar nada concreto y una confesión de alguien cuya voz está tan distorsionada y tiene un volumen tan bajo que es imposible entender nada de los que allí se dice. La obstinación de Maduro sí ha conseguido, por el contrario, entablar un conflicto internacional, al obligar a diplomáticos colombianos a denunciar estas fabulaciones llevándolas a los tribunales de Caracas. Si Nicolás Maduro se ha aventurado a hacer estas insostenibles imputaciones -incluso a riesgo de aumentar el ridículo que le ha acompañado en ocasiones similares-, es porque su entorno le ha convencido del provecho que puede extraer si convoca en las calles a las juventudes chavistas en un homenaje a Robert Serra, como contramanifestación de la convocatoria de la MUD. Su nuevo secretario, Jesús “Chúo” Torrealba, ha advertido sobre lo temerario de la maniobra aseverando: “La violencia sabemos cuándo empieza, pero no cómo termina. Están fumando encima de un país de pólvora.”
Un interrogante todavía mayor recae sobre los Colectivos armados chavistas. Fueron utilizados sin contemplaciones en la represión de las movilizaciones iniciadas el pasado febrero y que se prolongaron más de cuatro meses. La ola de protestas antigubernamentales dejó cuarenta y tres muertos, detenciones masivas seguidas de torturas en la cárcel y juicios sin ningún tipo de garantías. Pero el trabajo más sucio fue encargado a los Colectivos, con disparos mortales contra los manifestantes y acciones paramilitares en las zonas más enardecidas contra el Gobierno de Maduro. En estas áreas, después de los durísimos enfrentamientos con fuerzas policiales, apoyadas por material antidisturbios y tanquetas para derribar las continuas barricadas, la retirada de los agentes era el preludio de la llegada de los paramilitares chavistas en motos con dos ocupantes, portando armas de fuego como pistolas y fusiles de asalto. Los vecinos chavistas fotografiaban a los manifestantes y colgaban sus rostros y viviendas en los foros sociales, donde los Colectivos recababan información para asaltar, tirotear o quemar los inmuebles señalados por la Policía o los simpatizantes del régimen. El terror así ejercido fue más efectivo que toda la acción de las Fuerzas de Seguridad juntas, sometidas, a fin de cuentas, a ciertas condiciones y limitaciones.
Ahora se da la paradoja de que los Colectivos armados, después de los méritos adquiridos y desaparecido el Caudillo que los creó, han decidido actuar con mayor autonomía. Algo que ha despertado el recelo del ejército que ha exigido un proceso de desarme voluntario. El día en el que Robert Serra, supervisor de los Colectivos, fue asesinado, comenzaba el desarme voluntario, obedecido por unos Colectivos pero rechazado radicalmente por otros. El líder de uno de ellos, José Odreman, declaró estos días pasados ante las cámaras de televisión su único acatamiento a la doctrina de Hugo Chávez, que consideraba traicionada por el actual Gobierno. Poco más de media hora después de ser vista su diatriba en las pantallas televisivas del país, cuerpos de elite asaltaban las instalaciones de su Colectivo y le daban muerte junto a otros líderes del chavismo popular. Esto ha abierto una brecha entre Maduro y los Colectivos. Los familiares de los ejecutados en el centro de Caracas señalan al Gobierno y a las Fuerzas Armadas como autores de un crimen premeditado, recordando que Odreman y los demás dirigentes abatidos se reunían de forma habitual con las más altas autoridades para mantener el control de un área tan sensible. El Ejecutivo ha respondido que el Colectivo usaba las armas para chantajear a los comerciantes y realizar secuestros.
Se abre así una grave disyuntiva. De ser esto último cierto -y hay numerosos indicios de que no carece de fundamento-, se confirmaría que los Gobiernos bolivarianos han amparado la violencia de algunos Colectivos a cambio de ejercer el dominio por la vía del terror entre la población. ¿Realmente puede haber elecciones libres y democráticas en estas circunstancias? Si no fuese verdad, el Gobierno habría utilizado a los Colectivos en las tareas sucias para ahora quitárselos de en medio expeditivamente. Con tal de evitar una auténtica guerra civil entre distintos sectores del chavismo, cincuenta de los ciento siete Colectivos que operan en Caracas acaban de llevar a cabo concentraciones -por ahora pacíficas- frente al Ministerio del Interior y la sede del CICPC, cuerpo policial que mató a Odreman y a otros cuatro cabecillas.
¿Qué pasará a partir de ahora? Cuando confluyan en las calles venezolanas los manifestantes opositores de la MUD y las juventudes chavistas, ¿qué actitud adoptarán los Colectivos? En el caso de volver a imponer el terror entre los descontentos, ¿retomarán el trabajo sucio? ¿Seguirán las directrices marcadas por la Policía y el ejército, o decidirán actuar por su propia cuenta, interpretando a su modo las normas legadas por el Caudillo Hugo Chávez? ¿Permitirán ser sustituidos por los anunciados Batallones de milicias del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que el Gobierno de Maduro ha prometido crear para hacer la labor actual de los Colectivos, pero bajo un mayor estricto control del partido y del ejército? ¿Será esto viable, y a qué precio? Brigadas, milicias, patrullas juveniles del PSUV son una peligrosa alternativa que convierte en papel mojado el plan de desarme voluntario. Jesús Torrealba acierta cuando insiste en que están “fumando sobre un país de pólvora.” Lo más sensato es que ni unos ni otros se dejen llevar por el discurso del odio y no generen más víctimas que serán heridas cada vez más difíciles de cicatrizar. Dos marchas que reclamarán la paz no pueden desembocar en más violencia.
En este contexto, el Ejecutivo de Maduro añade otra gran torpeza -una más-, al impedir la excarcelación de los líderes de la oposición apresados en febrero, junto a ciudadanos que aún no han salido de los penales por ejercer su derecho a manifestarse. Pierde así una interlocución imprescindible cuando el país se encuentra en una situación crítica (por primera vez Venezuela, máximo productor mundial de crudo acaba de comprar petróleo a Argelia, síntoma de la caída libre de la economía venezolana), ya que la oposición no puede llegar a ningún acuerdo mientras algunos de sus jefes sigan encarcelados. María Corina Machado fue despojada fraudulentamente de su acta parlamentaria en una operación cargada de villanía. Mientras tanto, Leopoldo López, máximo dirigente del Partido Voluntad Popular, y Daniel Ceballos, líder de la MUD, continúan en presidio desde febrero. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (ONU) ha exhortado a la liberación inmediata de ambos.
El Tribunal de Caracas que debía hacer efectiva esta interpelación ha pospuesto su resolución al mismo tiempo que la fiscal Luisa Ortega ha declarado que no recibe órdenes de la ONU, a la vez que Venezuela acaba de entrar en su Consejo de Seguridad. De hecho, Maduro no ha querido liberar a estos dos presos políticos despóticamente recluidos, para restar motivación a los manifestantes convocados por la MUD este fin de semana. Pero resulta clave que el plan pacífico de esta movilización tenga éxito, los prisioneros políticos sean liberados y el diálogo entre Gobierno y oposición se desbloquee si no se quiere que el derrumbe de Venezuela sea irreversible.