El Gobierno quiere tener resuelto el fin de la consulta alternativa de Artur Mas este viernes. En una maniobra de comunicación no del todo exitosa, anunció ya avanzada la tarde de este lunes la petición de un informe urgente al Consejo de Estado para impugnar el proceso, con el fin, además del evidente, de añadir un elemento informativo más -sobre todo, diferente- a un día minado de noticias sobre corrupción.
Si se cumplen los plazos, y nada hace pensar lo contrario, el documento estará listo el jueves, de forma que el Consejo de Ministros pueda analizarlo y actuar en consecuencia horas más tarde, tratando de retomar el mando en la agenda política y, si es posible, en la mediática, en una semana que apunta también a Génova, con presencia en los juzgados del extesorero Álvaro Lapuerta o el exsecretario general Ángel Acebes.
Aunque en Moncloa no manejan con exactitud los términos en los que ese "proceso de participación ciudadana" (como lo llama la Generalitat) se celebraría, sí tiene a mano, como confirmó Soraya Sáenz de Santamaría, la "organización" que se está "llevando a cabo". Es decir, puesto que no puede recurrir intenciones, ha de detectar hechos. Estos son, por ejemplo y como más destacado, la implicación de funcionarios, o el empleo ya previsto de recursos públicos para el 9-N.
El Constitucional, en esta sucesión de decisiones, dictaría el martes, pero aquí no acabaría la pugna por decir la última palabra. Mas quiere tenerla y no se detendrá, pero aún, por razones estratégicas, no ha especificado en que se materializará la tercera tentativa, de la que sólo se sabe será apurando hasta el extremo los plazos para dejar sin tiempo de reacción al Ejecutivo central.
A poco más de una semana de la fecha clave y cerca de un año después de anunciarla, mucho se ha dicho, algo se ha hecho y apenas nada ha cambiado.