La "justicia social" del Gobierno

Nuestro presidente del Gobierno ha dicho muchas veces -la última hace unos meses durante el debate con Mariano Rajoy antes de las elecciones- que la famosa y ya, por fin, puesta en marcha Ley de Dependencia iba a ser uno de los pilares fundamentales del tan nombrado Estado del Bienestar.

Que desde la Administración se aseguren derechos como la sanidad, la vivienda, la educación, los servicios sociales, las pensiones o la protección del empleo está muy bien. Puede entenderse como un éxito de la socialdemocracia, de la “justicia social”. Claro, siempre y cuando sea universal, esto es, para todos. Creo que en esto podemos estar de acuerdo.

Pero, la Ley de Dependencia sería efectiva si fuera equitativa y proporcional a lo prometido por este Gobierno que habló prodigios de ella. En las que estamos, todavía pocas personas que necesiten de terceros para el normal desarrollo de sus quehaceres diarios pueden decir que están satisfechos o que se están viendo beneficiados de dicha norma.

Esto es así porque la ayuda a la dependencia (grande o severa) es a todas luces insuficiente. El hecho de que el Ejecutivo central aporte tan sólo el 14 por ciento de la prestación necesaria deja el peso de su financiación -gran caballo de batalla- del lado de la Comunidad Autónoma en la que se viva y del propio dependiente.

Y digo yo: ¿Es normal que un año después de la puesta en marcha real de esta Ley, personas con el mismo grado de dependencia no tengan la misma prestación? ¿No les parece poco justo y solidario -términos éstos tan ensalzados por Zapatero- que haya dependientes de primera o de segunda categoría en función de la región de España en la que se viva?

Este tipo de ley, y me van a permitir el cambio de tercio sin abandonar la “justicia social”, suena casi tan solidaria como la que pretendía aplicar en materia de agua el alcalde de Zaragoza, Alberto Belloch, hombre al que sobre, precisamente eso, Justicia, se le presupone un alto conocimiento.

El ex ministro quería penalizar el consumo de agua con un aumento considerable de su precio sin tener en cuenta el número de personas que viven en un determinado domicilio. Menos mal que una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado esta ordenanza “nula de pleno derecho”.

¿Se imaginan la factura de una familia numerosa?

¿Se imaginan la factura de un dependiente?