Al final, Rajoy ha abandonado su inacción y ha anunciado que este miércoles comparece en La Moncloa para dar su versión sobre la consulta del 9-N. Y también ante las presiones de su propio partido y de miembros del Gobierno por la pasividad de Rajoy en el 9-N, como publicábamos en este Confidencial,el presidente no ha tenido más remedio que aplicar la ley ante la burla al Estado de Derecho de Artur Mas y sus secuaces. Así, la Fiscalía General del Estado ha dado instrucciones a la de Cataluña para actuar contra el presidente catalán, Artur Mas, por desobedecer y prevaricar el 9-N con su simulacro de consulta. Esos son los delitos que se incluirían en su escrito contra los promotores, recogidos en el Código Penal.
DESOBEDIENCIA. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional señala que «todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento» de lo que el TC resuelva con las responsabilidades a que su infracción pudiera dar lugar. La suspensión de la consulta exigía que la Generalidad se abstuviera de participar y realizar cualquier acto preparatorio. Mas y su Gobierno la burlaron. El artículo 410 dice así: "Las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior (...) revestidas de las formalidades legales».
PREVARICACIÓN. El presidente de la Generalidad y los miembros de su Gobierno no tenían que haber participado en acto administrativo alguno.La vicepresidenta Joana Ortega habría firmado un escrito en el que se niega a identificar a los responsables de los centros que abrieron para votar. A su vez la ley de educación obliga a la administración autonómica en cuestión a autorizar el uso de un centro educativo con finalidades distintas a la enseñanza. El artículo 404 recoge este asunto: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo."
MALVERSACIÓN DE FONDOS. La Generalidad ha empleado dinero procedente de fondos públicos para sufragar esta consulta y los preparativos que han llevado hasta ella. En concreto, el Gobierno autonómico habría empleado 3,5 millones de euros de los contribuyentes en publicidad, carteles, urnas... Todo para un uso ajeno a la función pública, pues la suspensión del TC prohibió cualquier participación del Ejecutivo de Mas en el 9-N. Y el artículo 433 es claro: «La autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones».