Tensión en torno a la respuesta judicial al 9-N. De un lado, seis de los nueve miembros de la Fiscalía de Cataluña se oponen a presentar una querella contra Artur Mas al considerar que no existen indicios de delito. Del otro, el Gobierno no está nada satisfecho con la a su parecer escasa prisa con la que la Fiscalía, personificada en Eduardo Torres-Dulce, tramita acciones contra al presidente autonómico. Entiende el Ejecutivo central que se está trasladando a la ciudadanía la imagen de que no se está haciendo nada.
Este jueves, el propio Torres-Dulce se justificaba en que “no hay ninguna novedad" por parte del fiscal de Cataluña y que hasta que no reciba su decisión, él no tomará la suya. "Estoy esperando la decisión de mis compañeros de Barcelona. Y una vez reciba la decisión tomaré por mi parte también la decisión correspondiente", afirmó a su llegada a la entrega del XX Premio Pelayo para Juristas de Reconocido Prestigio.
A la pregunta de un periodista sobre si ha recibido presiones en este asunto, Torres-Dulce contestó: "Me parece que es una pregunta ofensiva para el Gobierno y para mí. El hecho de recibir presiones es ilegal e inconstitucional. El fiscal general del Estado es autónomo y ni he recibido presiones ni yo toleraría haber recibido presiones”.