Como Lope de Vega, Artur Mas pasó de las musas al teatro, de la consulta al proceso participativo.
El Gobierno de Mariano Rajoy se atuvo siempre al coherente guión, de mantella y no enmendalla. No autorizó la solicitud de la Generalidad de convocatoria de referéndum. Y cuando ésta emprendió su propia vía impugnó la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la consulta del 9-N, que suspendió el Tribunal Constitucional. Y, finalmente, se decidió también a impugnar ante el mismo Tribunal el proceso participativo, que asimismo fue suspendido.
Pero este remedo (o como se llame) se celebró y nadie hizo nada por evitarlo, al menos nadie de los que lo tuviera en su mano. Y los medios de comunicación “compraron” la terminología electoral: hubo colegios electorales, mesas electorales, papeletas de votación, urnas, recuento de votos, proclamación de resultados, porcentaje de participación… Y también se ha “comprado” por los analistas la valoración de los datos resultantes, para llegar a la conclusión de que una tercera parte de la población allí presente se ha manifestado y lo ha hecho a favor de la conversión de Cataluña en un Estado independiente.
O sea que con un formato bastante chapucero pero aparente, al final, quienes lo querían vehementemente han conseguido expresar lo que querían. Es verdad que sin garantías, es verdad que en un estado de presión ambiental indeseable, es verdad que sin neutralidad de los medios públicos, es verdad que con absoluta desigualdad entre los actores. Pero aunque sin que pueda aprobar el test de estrés de un referéndum abierto, libre y justo, es incontestable que han ganado la partida de hacer oír su voz.
Me imagino que los magistrados del Tribunal Constitucional y los miembros del Consejo de Estado se quedarían con los ojos a cuadros al comprobar cómo se pasaban por el arco del triunfo sus resoluciones o sus dictámenes. Se impuso la prudencia frente a los imprudentes, pero la ley ha sido transgredida. El sentido común del resto ha imperado frente a los que se han burlado por la puerta de atrás de la ley, del imperio de la ley. Prudencia y sentido común pero no menor sensación de ridículo ante la consumación en nuestras propias narices de la ilegalidad con chuflas y cánticos patrióticos. Hay que ser plenamente consciente de las fuerzas de que se dispone y que se está dispuesto a emplear antes de acudir al Tribunal Constitucional, que no puede actuar de oficio.
Y ahora que descarto hablar de querellas y denuncias pues entiendo que no son los tribunales los llamados a dar respuesta al problema, que es exclusivamente político.
Con toda probabilidad unos seguirán hablando de la solución federal (que nunca será asumida por el nacionalismo que se funda en la desigualdad o, si se prefiere, en la superioridad sobre el resto) otros dudarán sobre la necesidad de acometer una reforma constitucional racionalizadora. Mientras tanto los soberanistas seguirán alimentando la soflama y tras convocar esas elecciones plebiscitarias de las que hablan, planificarán su siguiente paso.