Tras el apoyo casi unánime de la Junta de Fiscales de Sala a Eduardo Torres-Dulce para presentar la querella contra Artur Mas y dos de sus consejeros comienza un intrincado proceso judicial para inhabilitar al presidente de la Generalidad por los delitos de prevaricación, desobediencia, malversación de fondos y usurpación de funciones. Y comienza también una nueva batalla entre el Gobierno y los secesionistas catalanes, donde cada uno jugará sus cartas para ganar la partida.
En primer lugar, el fiscal general del Estado reiterará al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, la orden de interponer la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, competente para investigar al presidente de la Generalidad y a sus dos consejeros por ser aforados. Si Romero de Tejada se negara de nuevo a presentarla debería renunciar a su cargo.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se convierte, así, en la institución que deberá decidir si prospera o no la querella. En caso de no admitirla a trámite, el proceso moriría ahí y Artur Mas se libraría, habría ganado una nueva batalla. Pero en el caso de admitir a trámite la querella, el Tribunal comenzaría la investigación de los hechos denunciados y, para ello, debería tomar declaración al presidente de la Generalidad y, transcurrido el período de instrucción, la querella podría ser o no admitida.
Por último, en el caso de ser admitida, Artur Mas y sus dos consejeros se sentarían en el banquillo de los acusados para dar cuenta de los presuntos delitos de los que se les acusa. Se trata, en fin, de un largo camino cuyo final resulta toda una incógnita. Y tanto el Gobierno como la Generalidad se juegan mucho. Porque si el presidente de la Generalidad sale absuelto de esta batalla, habrá ganado su absurda y alocada guerra. Y se encontrará reforzado para proseguir con su desafío soberanista. Y a nadie se le escapa que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se encuentra trufado de nacionalistas afines a la Generalidad.