Si bien conozco sindicalistas que han preponderado con virtud personal ante la tónica de desintegración moral que afecta al conjunto de la política, sólidos en sus actitudes con encomiables batallas sociales por el beneficio de los trabajadores, no son pocos los que desencantados han advertido sobre la disolución de los valores sindicales que se corrobora, generalizadamente, con la corrupción aflorada en los sindicatos mayoritarios. No es un hecho aislado, sino una forma de actuación que ha desintegrado el tejido empresarial, abandonando a la suerte expresa del desempleo a millones de trabajadores, la permisiva especulación que han ejercido muchos comités de empresa dejando en absoluta indefensión a asalariados que en principio confiaron en que se representaran sus intereses, durante negociaciones conducentes a salvar la situación de cientos de miles de empresas venidas a menos tras la crisis generalizada.
Muchas de esas negociaciones in extremis han contado con la aquiescencia de empleados que no han sido debidamente informados de la situación de la empresa ni de las condiciones reales de su posición en la misma, ocultadas mediante falsos argumentos de regeneración e invocando ciertos sacrificios colectivos para salvar las extremas dificultades, ya fuera con traspaso de acciones o salvadoras compras por parte de grupos que pretendían garantizar el sostenimiento de la plantilla. Una falsedad repetida en interés especulativo de sindicatos y grandes postores que sanearon empresas a costa de un recorte de plantilla, insospechado por la manera de actuar de cuantos representantes vendieron a sus compañeros engañando sobre las verdaderas intenciones de los acuerdos.
Sirva de ejemplo sobre este modus operandi del que han sido y son víctimas los trabajadores mal representados, el conflicto que aún mantiene las espadas en alto de una que fue empresa puntera en el panorama empresarial de España.
Amper Programas de Electrónica y Comunicaciones, que fue la división de Defensa del grupo Amper, especialista en sistemas de mando y control y, en España, proveedor especializado en radiocomunicaciones militares, el día 14 de octubre de 2014 fue adquirida por el grupo francés Thales, que se hizo con el 51 % de su capital social y que, sumado al 49 % que ya disponía, le permitió hacerse con el 100 % de la compañía que pasaría a llamarse Thales Programas. Para inaugurar este nuevo periodo, 3 días después, el 17 de octubre la nueva Thales Programas comunicó al comité de empresa de la compañía su intención de iniciar un periodo de consultas para un procedimiento de despido colectivo, y que afectaría a 75 trabajadores. La adquisición total de Amper Programas por parte de Thales estaba autorizada previamente por el Consejo de Ministros, por tratarse de un sector estratégico como es el de Defensa.
Amper Programas, cuando todavía pertenecía al grupo Amper, puso en marcha el 1 de febrero de 2014 un expediente de regulación suspensivo de seis meses que afectó a 56 trabajadores. Las causas esgrimidas por la compañía para poner en marcha dicho procedimiento fueron económicas, es decir: bajada en la previsión de ingresos, pérdida de algunos contratos clave, y todo ello complementado con la situación global del grupo, cuya supervivencia pasaba por la renegociación de la deuda con sus acreedores. Finalizado este primer expediente de regulación suspensivo, el 1 de agosto de 2014 y argumentado por la empresa con las mismas causas, las económicas, se procedió a ejecutar un segundo ERTE, de cuatro meses más, para los mismos trabajadores.
Se entendía así que el futuro del grupo Amper pasaba por la obtención de liquidez y una de las posibles fuentes era la venta de su filial Amper Programas al grupo francés Thales. Si esto producía, todos ganaban. El grupo Amper evitaría suspensión de pagos, su división de Defensa Amper Programas garantizaba su viabilidad a largo plazo al pasar a formar parte de una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en el desarrollo de sistemas de información y servicios para los mercados aeroespacial, de defensa y seguridad, Thales Group, y la francesa accedería de la mano de Amper Programas al sector defensa español. Una jugada de regeneración a tres bandas.
El compromiso empresarial parecía favorecer a todos. Los trabajadores afectados por los sucesivos ERTES empezaron a ver la luz, pues siempre les habían vendido la viabilidad, tanto empresa como Comité, este último caracterizado por cierta ambigüedad de propósitos. De hecho esta estrategia de incierto posicionamiento es la que había permitido mantener indemnes a todos los delegados a pesar de la reducción drástica de la plantilla durante los dos últimos años, prometiendo además que una vez resuelta la incidencia, la compañía sería sólida y el horizonte estaría despejado.
La trampa estaba hecha y fue la comisión interna la que perpetró una traición que inopinadamente afectó a los confusos trabajadores que esperaban el momento de que todo siguiera su cauce de saneamiento sin sacrificar a la plantilla original. No fue así. La nueva Thales Programas, con el cielo ya despejado, y arguyendo las mismas causas que en anteriores expedientes de regulación de empleo suspensivos, fundamentalmente económicas, puso en marcha un expediente extintivo que previsiblemente afectaría a los mismos trabajadores que habían estado padeciendo durante 2014 dos expedientes de regulación suspensivos de manera consecutiva. La traición se había consumado.
El guión de este drama laboral estaba previamente escrito. Una multinacional de capital extranjero adquiere a precio de saldo una histórica de las tecnológicas españolas para posteriormente echar por la puerta de atrás a 75 trabajadores, todo ello supervisado y refrendado por unos sindicatos corruptos cuyo único fin es llevarse lo suyo, dando a los empleados el pertinente beso de Judas. Según lo denunciado por los trabajadores afectados, Thales no ha de tener muchos motivos de orgullo empresarial irrumpiendo en el mercado español con tan mal estilo y peores intenciones.
Siendo sólo un ejemplo lo sucedido con Amper, repetido el proceso en miles de empresas, se deduce un modus operandi que no es ajeno a cuantos trabajadores se han visto afectados por una indefensión propia de estafa más que de vicisitudes laborales.
Las comisiones internas han vendido a cientos de miles de trabajadores que confiaron en aquellos que han violado la confianza en connivencia con grupos de compra que han pagado servicios de traición, para evitar problemas mayores al momento de apoderarse de los efectivos empresariales.
Con esta trama engañosa de sindicatos y en concreto comités de empresa aleccionados para decidir en contra de los beneficios de los afectados, se multiplicaron los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo como medida paliativa, en apariencia , que escondían las negociaciones reales a su vez ocultadas de cara a que dócilmente los engañados trabajadores pasaran por el aro sin saber que se dirigían a un excluyente y definitivo ERE.
No sólo son los cursos de formación los orígenes de unas corruptelas que han intoxicado la salud laboral. Habría que buscar en los múltiples tentáculos la capacidad succionadora contra los derechos de los trabajadores que como en Amper no fueron respetados y que condicionan el futuro laboral de muchos de los cinco millones de desempleados, además sin derecho a réplica.