La democracia se concibió como un sistema de poderes separados y confrontados: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Es experiencia habitual que cuando el equilibrio se rompe y uno de ellos cede, el otro toma su posición. Y, en España, ahora, con la voladura incontrolada de los políticos (ejecutivo y legislativo) por parte de la opinión pública y como consecuencia del malestar por la crisis y sus propios errores individuales y colectivos, era normal que emergiera el elemento determinante de los representantes de la Justicia. Y no por su santidad, sino por la fragilidad de sus oponentes.
Por eso, los jueces (y fiscales) están marcando la agenda de España. A veces con razón, y a veces a bulto. Y uno de ellos, el juez Ruz, decidió ayer que un miembro del Gobierno, la ministra de Sanidad Ana Mato, quedara involucrada en el caso Gurtel por “lucro” derivado de las actividades presuntamente corruptas de su marido, Jesús Sepúlveda, cuando éste fue alcalde.
La decisión del juez Ruz abre capítulos interesantes de reflexión, puesto que no imputa un delito a Ana Mato, pero sí la somete al posterior juicio sobre actividades delictivas. No la acusa de corrupción, sino de beneficiarse de los resultados económicos de ella. Y el Fiscal General del Estado, ése que dicen que actúa a las órdenes del PP, ha ratificado su decisión, que en último término, y antes de cualquier procedimiento, ha causado la dimisión forzada de la ministra.
El lucro conyugal en actividades delictivas es una figura realmente novedosa. Seguramente es por mi ignorancia, pero no logro recordar que hayan encausado nunca a nadie por participar en los beneficios de un delito, aunque no lo hubiera cometido. Porque, según eso, todo marido o mujer de un delincuente económico tendría que asumir la responsabilidad en la devolución de lo obtenido por el delito de su cónyuge, al menos en su parte correspondiente. Estamos, pues, ante la figura del delito por gananciales. O, mejor, de la responsabilidad sin delito pero con reproche y resarcimiento económico. Sofisticada argumentación, sin duda.
A partir de ahora, todo cónyuge de cualquier persona deberá tener cuidado con lo que hace su marido o su mujer. Y cuidado con lo que gasta que pueda ser derivado de ingresos ilícitos del otro. Porque si ese cónyuge es un delincuente, habrá que buscar la manera de devolver el gasto en el super o en la peluquería propiciados por los ingresos de incorrecta procedencia.
En la sofisticación judicial contemporánea, habíamos visto ya la figura del cohecho impropio pasivo, que es eso de recibir un regalo aunque no se haga nada a cambio de obtenerlo. Figura que destruyó al expresidente valenciano Camps. Ahora nos adentramos en una nueva figura: el lucro derivado de la corrupción de la pareja. Avance muy interesante que debería obligar a reabrir centenares de causas por corrupción para averiguar hasta dónde ha llegado el lucro del dinero ilícitamente obtenido no por propia acción dolosa, sino por la de otro.
Y, además: ¿por qué a la pareja, a la mujer en este caso, del corrupto? ¿Por qué no investigar al resto del entorno familiar? ¿Y a los amigos que ha invitado el corrupto a comer o tomar unas copas? Porque ellos también se han beneficiado, se han lucrado, de la corrupción de su anfitrión. Como lo han hecho todos cuantos han recibido algún regalo navideño, o cuantos han sido contratados por el delincuente y han cobrado sus nóminas. O, todavía más, el lucro que ha propiciado el corrupto en el vendedor de su coche, en la inmobiliaria de su vivienda, o en la compañía aérea donde ha comprado sus viajes.
No está en mi mano conocer culpabilidades o inocencias de la ex ministra de Sanidad. Si el juez la consideraba culpable de corrupción, aunque fuera por complicidad (blanqueo, como Isabel Pantoja) debería haberla imputado. No hacerlo, pero involucrarla pasivamente por lucro en la corrupción es una decisión que tiene los mismos efectos devastadores en lo personal y en lo político (sobre el Sistema y sobre el Gobierno) y, sin embargo, no es fácil de entender.
Lo que ha dejado en claro Ruz es que el Gobierno, y, por extensión, la política española, depende en estos momentos de decisiones judiciales. Y eso en un gran éxito de la democracia, pero no elimina el error ni la subjetividad. En otros tiempos, ha sido la arbitrariedad legislativa o ejecutiva la que se ha impuesto a la Justicia, lo que es demoledor para la democracia. Pero hay otras experiencias en la que los jueces han adornado su revólver con muescas de políticos, que tampoco pueden considerarse ejemplares. Y, ciertamente, a veces se han equivocado los políticos, pero eso no exime que en otras se puedan equivocar los jueces.
Y lo entendería perfectamente, porque soy periodista. Y los periodistas nos equivocamos todos los días. Aunque espero que no acusen a mi mujer de ello.