El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concluía ayer la instrucción de una de las partes más importantes del caso Gürtel. Acota la imputación penal a 43 personas, y propone juzgar a la ministra de Sanidad, Ana Mato, como “partícipe a título lucrativo” de “servicios turísticos, pago de eventos familiares y otros artículos de de uso particular”, mientras estuvo casada con el que fuera alcalde de Pozuelo de Alarcón e imputado en la trama, Jesús Sepúlveda.
A Ana Mato no le quedaba más opción que dimitir, como hizo ayer. Se trata de alguien que siempre ha tenido sobre sí la sombra de la sospecha. Asegurar “no tener constancia” del Jaguar que su marido guardaba en el garaje y “desconocer” el origen de los más de 50.000 euros con que Gürtel sufragó desde viajes de placer hasta fiestas de cumpleaños resulta muy poco creíble.
Que hubiera seguido siendo ministra habría deteriorado notablemente la imagen del Gobierno y de Rajoy - aún más, si cabe- . Además, su último cometido al frente de su negociado, gestionar la crisis del ébola tras el contagio de Teresa Romero, fue un auténtico desastre. No es cuestión de que dimitiese ella -quien sabe si motu proprio- ; es Rajoy quien debió cesarla hace tiempo, que sobrados motivos había. Con ello, habría mejorado un poco su credibilidad y, de paso, aprovecharía la ocasión de mostrar que el PP sí hace algo contra la corrupción.