La Comisión Europea ha señalado que el presupuesto de España para el 2015 estaría en riesgo de no poder cumplir sus objetivos de déficit. Por lo mismo han solicitado una vez más al gobierno de Mariano Rajoy que tome las medidas pertinentes y que realice los ajustes necesarios para cumplir tanto el Pacto de Estabilidad como para proyectar la situación futura del país.
La discusión tiene varias aristas. Algunos sostienen que no puede seguir bajando el presupuesto del país, porque hay un riesgo grande de no poder cumplir con los programas del Estado social; otros señalan que disminuir el gasto es necesario para reducir el déficit a tasas cercanas a un 4%, en vez de quedarse en el 4,6% que correspondería, para poder tener un 3% el 2016.
Las explicaciones que se hacen al respecto muchas veces resultan pobres y laterales, porque no apuntan al corazón del problema. Lo que vale para España sirve para Grecia o para Francia, para otros países de la Unión Europea, así como también para las naciones latinoamericanas, puesto que es tan útil cuando un organismo ajeno al país plantea el problema como cuando lo hacen los propios connacionales. El asunto de fondo no es cumplir con unos números aleatorios como si ellos fueran verdad revelada, como si la principal finalidad del Estado fuera acertar metas económicas, responder a tablas de Excel y ser bien valorados por los organismos internacionales. Craso error.
Una sociedad tiene como finalidad el bien común, el desarrollo material y espiritual de todos sus habitantes. La aspiración a la justicia y a vivir en libertad son a la vez punto de partida y de llegada de la organización social. A su vez, esto implica que tanto las personas como los grupos intermedios -la sociedad civil, como se le denomina hoy- y el Estado cumplan adecuadamente sus funciones, lo hagan a cabalidad, con responsabilidad social y una vocación de servicio muy clara e intransable.
De esta manera el análisis de las situaciones puntuales cambia radicalmente. ¿Corresponde tener un déficit de 3, 4 ó 5%? ¿No sería más lógico tener un superávit o un balance en cero, es decir, adecuando en el tiempo los gastos a los ingresos que tiene el país? Por otra parte conviene también realizar una pregunta que también resulta decisiva y dura de enfrentar: ¿el Estado ha alcanzado su tamaño ideal? ¿Esperamos que siga creciendo un poco más? ¿No sería más conveniente que reduzca su tamaño, elimine algo de la grasa que lo desborda, que se restrinjan las funciones excéntricas o que pueden hacer los particulares por sí mismos, que reduzca las plantas de funcionarios o los múltiples organismos que han crecido al amparo de épocas de mayor bonanza, favores políticos y ausencia de control ciudadano? Una buena fórmula sería mirar la experiencia de países que han logrado contener los gastos y hacerlos más eficientes.
Son preguntas difíciles, pero que deben plantearse con seriedad y una adecuada reflexión, para enfrentar el futuro con mejores posibilidades de éxito, en una sociedad que es cambiante y que castiga el trabajo mal hecho y las fallas que se extienden en el tiempo. Y para lograr que la gente viva mejor, que es la aspiración a la cual contribuye la actividad política.
Los países europeos y latinoamericanos, todo el mundo en realidad, deberá contemplar en los próximos años un análisis muy serio sobre el tamaño de sus Estados y las funciones que ejercen. ¿Es necesario tener parlamentos tan numerosos y costosos? Las instituciones nacidas para profundizar la democracia podrían llegar a ser un lastre institucional que termine debilitando el régimen en vez de perfeccionar su desarrollo. ¿Se justifican todas y cada una de las prestaciones sociales que se prestan en un país? En este ámbito se puede volver a ese planteamiento que señalaba la necesidad de medir el éxito de los programas sociales no por la cantidad de personas que los utilizaban, sino por cuántas dejaban de usarlo, como símbolo nítido de su valor y resultados. ¿Es necesario tener tantos funcionarios públicos, edificios y programas o sería posible vivir de manera más eficiente y usar mejor los recursos públicos al servicio de la sociedad y de quienes más lo necesitan? De seguro que si enfrentamos con seriedad esta disyuntiva habría cambios en la estructura del Estado. ¿Corresponde que todos los beneficios del Estado se adjudiquen al conjunto de la población, o podría haber algunos que solo se asignen a los que tienen menos, realizando con ello un gasto focalizado y no universal? ¿Se justifican todos y cada uno de los subsidios estatales a personas, instituciones o actividades?
No se trata de enfrentar el problema con una resistencia visceral al Estado, considerando que ha sido ineficiente, que muchos políticos lo han usado en su beneficio o de sus amigos, o porque convirtieron la antigua musculatura que los hizo necesarios en grasa que los hace enfermos y enfermantes. Sí se trata de saber, por experiencia y por doctrina, que el Estado tiene funciones propias o otras que ejerce en aras del bien común, pero asimismo hay una serie de actividades que solo han ido agrandando el Estado sin sentido ni orden. Ni reducir ni aumentar costos son cuestiones de principios en las organizaciones sociales modernas, como no lo son fijar un determinado índice de superávit o déficit anual. Sí es de principio y de buena administración de recursos fijar estándares de inversión y de gasto, exigir responsabilidades, evaluar los programas sociales ojalá con consultoras internacionales, evitar la corrupción de gastar más simplemente porque paga el Estado, abusar de las prebendas del poder, vivir como ricos cuando no lo somos ni correspondería si lo fuéramos.
Discutir los niveles de déficit como si fueran asuntos de décimas más o menos es errar el camino. Entender la administración de los recursos como un dato para que las personas vivan mejor es comenzar a comprender el problema de la economía pública. No basta que la empresa privada sea motor del desarrollo económico, o que las personas sean activas en la sociedad civil, sino que se necesita también un Estado y autoridades políticas comprometidas con los desafíos de justicia y libertad que presenta la sociedad. Para ello se requiere un Estado al servicio de las personas y no al revés: algo tan sencillo como eso es volver a los fundamentos de la vida en sociedad y tener las bases sólidas de un futuro mejor.