¿Por qué la CNE pide una subida de la luz?

El precio de mercado, el que se fija de forma libre por los agentes económicos, tiende a igualar oferta y demanda. Se adapta de forma eficaz a las circunstancias cambiantes y, en un sistema competitivo, permite que las empresas busquen precios más bajos pero consigan ingresos suficientes para mantenerse, invertir en mejores servicios y obtener un beneficio. Cuando un recurso es escaso, y todos los que necesitamos lo son, lo más indicado es permitir al mercado que sirva de marco para encontrar, en cada momento, el precio adecuado.

Pero no siempre se respeta el mercado. Hay ocasiones en las que, por consideraciones de tipo político, se sustituye el precio de mercado por tarifas públicas. Entonces se empiezan a producir una cadena de problemas, y para solucionarlos o paliarlos se empiezan a introducir más y más medidas. Es el caso del mercado eléctrico español, con una compleja estructura de precios y tarifas y que da lugar a lo que se llama “déficit de tarifa”.

Rara vez se atreve un Gobierno a poner una tarifa por encima del precio de mercado, porque ello resultaría impopular. Si interviene en el mercado con un precio falso (tarifa) es para ganar popularidad con sucesivas bajadas en la factura de los clientes/votantes. Fue el caso de España durante los años de Gobierno del Partido Popular.

Si las compañías eléctricas ingresaran solamente lo que marca la tarifa, sus ingresos caerían igualmente. Al esfumarse los beneficios en la industria o incluso convertirse en pérdidas, la inversión en la generación eléctrica caería a plomo. De este modo coincidirían una demanda al alza con una oferta mermada. Primero aparecerían los apagones y después el desabastecimiento, que funcionaría como un cuello de botella para el desarrollo de nuestra economía. A nadie interesa que se produzca. Pero tampoco conviene políticamente eliminar la tarifa y volver al precio de mercado. Hay que buscar una solución, y la que ha encontrado el Gobierno se llama “déficit de tarifa”.

El Gobierno reconoce los costes a que tiene que hacer frente la industria eléctrica y le promete pagarle la diferencia entre éstos y la tarifa. Esas enormes pérdidas que arruinarían al sector ya no se producen, porque el Gobierno las paga a cuenta de futuras subidas en la tarifa. Pero como ésta no sube a corto plazo, el consumidor/votante sigue pensando que la electricidad no sube. Antes o después tendrá que pagar, pero mientras esa subida quede para el futuro el coste político no se verá en las próximas elecciones. Pero antes o después esa subida de la tarifa hasta el nivel que marcaría el mercado tiene que llegar.

Por ese motivo la CNE, que está obligada por ley a hacer trimestralmente una recomendación sobre la tarifa, ha pedido para el próximo primero de julio, cuando se revisa, un aumento del 11,3 por ciento. ¿Por qué lo hace? ¿Qué efectos busca esa revisión de la tarifa?

En su último informe elevado al Gobierno, la CNE explica cuáles son sus razones. Básicamente recuerda que el consumidor va a pagar todos los costes de la industria eléctrica, bien ahora directamente en la tarifa, bien más adelante, cuando se satisfaga toda la deuda que se acumula con las eléctricas.

Por ese motivo el informe dice que “este déficit se financia a largo plazo por el sistema, convirtiéndose el principal y los intereses de la deuda en un coste permanente del sistema. Esto hace que si se consideran dados los costes, lo único que se está planteando cuando la CNE propone un cambio en los precios de las tarifas, es cuánto pagan los consumidores en la factura correspondiente a su consumo y cuánto de su factura se financia a largo plazo”. Esto es, el contribuyente pagará siempre y la cuestión es ahora sin intereses o más tarde, con ellos. Es decir, como dice el informe: “el consumidor realmente paga ya la tarifa real, aunque él no decida la parte que financia”.

La Comisión abre la posibilidad, precisamente, a que el consumidor decida: “El consumidor tiene derecho a conocer y a ser facturado al verdadero precio de la electricidad que debería estar pagando y a que él mismo decida si financia o no una parte de su consumo, como haría con cualquier bien o servicio”.

Pero, ¿Y las empresas eléctricas? No les supone ninguna ventaja la subida de la tarifa. Así, “estas subidas no afectan a los ingresos reales de las empresas, puesto que éstas ya los tienen reconocidos. Este es un aspecto esencial de comprensión del sistema actual”.

Pero hay un aspecto añadido y es que puesto que el precio que percibe el consumidor es menor que el real, su consumo se amolda y es mayor del que sería con el precio de mercado, lo que favorece “el uso ineficiente de la energía eléctrica al recibir los consumidores señales de precios inferiores a los reales”. Ese mayor consumo, curiosamente, podría beneficiar a las eléctricas en lugar de perjudicarlas.