La Corte Penal Internacional acaba de cuestionar con dureza las premisas bajo las que el Gobierno colombiano viene negociando en la Mesa para la Paz, en la Habana, con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Este serio revés se suma a otro no menos trascendente como ha sido el secuestro y liberación del general Rubén Darío Alzate. Un episodio llamado a replantear radicalmente la negociación en claro beneficio de las FARC. Las exigencias legales nacionales e internacionales y el reciente éxito de los guerrilleros estrechan el margen de maniobra de Juan Manuel Santos y le invitan a cerrar un acuerdo en falso que únicamente sirva para dar combustible político a la subversión creando un espejismo de paz que no acabe realmente con la violencia, sino que la aliente a medio y largo plazo.
El extraño secuestro del general Rubén Darío Alzate, capturado en un territorio del Chocó colombiano dominado por las FARC, vestido de paisano y sin ninguna protección estipulada en los protocolos de las Fuerzas Armadas, ha sido un jaque mate a las condiciones con las que se inició la Mesa de Negociación. La base ha sido, desde el comienzo, que el curso de la guerra no se alteraba en el campo de batalla mientras se procedía a los acuerdos en Cuba. Un requisito que las FARC aceptaron porque estaban perdiendo la contienda, miles de guerrilleros entregando las armas, numerosos frentes aniquilados y muchos de sus líderes históricos neutralizados en los combates. El miedo a una inminente derrota llevó a las FARC a la negociación de La Habana, no un sincero impulso de reconciliación. El presidente Santos no ha aflojado la presión militar durante el proceso: han continuado los combates, se ha abatido a jefes de la guerrilla, se les ha arrinconado en lo más remoto de la orografía colombiana, y los guerrilleros de a pie han continuado acogiéndose a los programas de reinserción. Esto impedía que las FARC -como sucedió en anteriores conversaciones- tomaran oxígeno y se rearmaran.
Estas condiciones ahora se han pulverizado. Ante el secuestro del general Alzate, Juan Manuel Santos se ha visto obligado por la opinión pública a interrumpir la Mesa de Negociación y exigir su liberación. Tras un permiso presidencial, negociadores guerrilleros de La Habana viajaron al Chocó y liberaron efectivamente al militar. Hay demasiados puntos oscuros en este episodio que hoy por hoy se le ocultan a los ciudadanos, pero algo sí ha quedado claro. Dicho en palabras de la delegación de los narcoguerrilleros: se hace necesario “recomponer las reglas del proceso”. ¿En qué sentido buscan crear nuevas normas para negociar? No está expresado explícitamente, pero se sobreentiende con toda claridad y probablemente se esté ya negociando bajo cuerda a cambio de la entrega del general Alzate. Lo que las FARC exigen es un alto el fuego por ambas partes. Que se detenga una guerra que están al borde de perder. A fin de cuentas ellos no se levantaron de la Mesa de Negociación mientras numerosos combatientes y mandos caían en enfrentamientos, emboscadas y bombardeos selectivos. Por el contrario, ellos han devuelto sano y salvo al general colombiano. Ahora esperan que se materialicen las cláusulas para interrumpir las acciones armadas por ambos lados.
El presidente Santos ya ha comenzado a preparar a la ciudadanía al insinuar la posibilidad de ir descendiendo la intensidad de la lucha. En una reciente entrevista a la RCN ha deslizado: “El objetivo es ir desescalando elconflicto, irlo bajando de intensidad, hay muchas maneras. Se está trabajando de manera confidencial en la Mesa.” Duro trago para los colombianos. “Desescalar el conflicto” es a todas luces un eufemismo vergonzante. No hay modo real de llevarlo a cabo sobre el terreno en una lucha que se desenvuelve en el caos de las intermitentes acciones guerrilleras. Solo se puede sostenerlo o detenerlo de una manera integral. Esta última opción, que hoy parece haber sido acordada por la fuerza de los acontecimientos -de otra forma el general Alzate difícilmente habría vuelto sano y salvo-, solo precisa una operación de propaganda que evite una reacción airada de la opinión pública. Y en esta maniobra se está en estos momentos.
La Casa Nariño sabe, no obstante, que una tregua bilateral conduce inevitablemente a un fortalecimiento político de las FARC, a un rearme de su arsenal y a una infiltración en las zonas perdidas bajo el empuje del Ejército colombiano. En ese nuevo escenario, se culminase o no la firma de la paz, la narcoguerrilla saldría mucho más reforzada de lo que llegó a la capital cubana.
La tentación para aminorar este efecto, es acelerar al máximo las conversaciones para lograr pronto un acuerdo cediendo a muchas de las pretensiones de las FARC que quedan muy lejos de las exigencias de la justicia. Algo que no sería un gran impedimento para el actual Gobierno, que ha actuado en todo momento bajo la idea que sintetizó a la perfección el expresidente uruguayo José Múgica: “Es preferible la paz a la justicia.” En este punto, Bogotá ha recibido un firme revés de la Corte Penal Internacional, al señalar que los acuerdos de La Habana están generando una inaceptable impunidad hacia crímenes de guerra y de lesa humanidad que están bajo su competencia. Con un inmenso cinismo, las FARC se han adelantado a declarar que la guerrilla no ha cometido ningún crimen de lesa humanidad. Una declaración oficial del comandante “Pablo Catacumbo” que suena a sangrante burla hacia las víctimas. Los narcoguerrilleros han torturado y asesinado a población civil, a veces con una saña inaudita. Han raptado a niños en zonas rurales, les han adiestrado y obligado a combatir. Han sembrado de minas antipersona amplísimos territorios, dejando mutilados de por vida a miles de ciudadanos. Se ha empleado la llamada “pesca milagrosa”, es decir, el secuestro aleatorio de civiles en todo el país, a los que han sometido después a las peores sevicias. Han utilizado la violación como arma para el terror y la sumisión de la población civil. La gran cantidad de menores raptados para la lucha trajo consigo un alto número de deserciones, que han sido tratadas con torturas hacia los sospechosos y ejecuciones donde el reo se veía obligado a cavar previamente la tumba a la que el tiro de gracia le haría caer.
La Corte Penal Internacional tiene documentadas las denuncias de estos hechos y acaba de hacer saber al Gobierno de Colombia que vigila las negociaciones y que no abandonará en ningún momento los derechos de las víctimas, interviniendo si no se cumplen los requisitos del Estatuto de Roma. La Casa Nariño ya ha sondeado en repetidas ocasiones la posibilidad de que los crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC no se salden mediante penas de cárcel, sino por otras vías. Es decir, exclusivamente a través de cuantiosas indemnizaciones que Santos ya ha negociado en su última gira europea. Una posibilidad a la que la Corte Penal Internacional ha dado un no rotundo. Resulta muy difícil que unos hipotéticos pactos apresurados en La Habana puedan tener futuro sin el respaldo internacional y con el rechazo beligerante de la Corte de La Haya que denuncia la impunidad que ahora se negocia.
Aunque haya sectores decididos a seguir adelante bajo el lema: “Es mejor la paz que la justicia”, Juan Manuel Santos no debería hacer oídos sordos a la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Puede negociar un acuerdo relámpago, puede hacer caso omiso a la Corte Penal Internacional. Pero debe tener presente que los sondeos señalan que el 85 % de la población no admite que los líderes de la guerrilla eludan la prisión. También el 84 % está frontalmente en contra de que se otorguen escaños a las FARC en el Parlamento sin pasar por las urnas, como se ha acordado. Es más. El 71 % considera que ningún guerrillero tendría que tener derecho a participar en las elecciones. La empatía con las víctimas de tantas monstruosidades y el más elemental instinto de justicia avalan estas posiciones mayoritarias. No parece que estos porcentajes se alteren lo más mínimo si los ciudadanos no perciben alguna forma de reparación que vaya más allá de las indemnizaciones. Hace bien Juan Manuel Santos en volcarse en explorar cualquier resquicio que signifique el fin de la guerra, pero debería ser consciente de que existen unas líneas rojas que no habría de traspasar. En estas condiciones, un acuerdo de paz sería solo una ilusión de paz. Sin justicia, el conflicto seguirá vivo y desencadenando su venenoso efecto destructivo.