Sueldos públicos frente a los sueldos privados. Por D.V.
El dicho italiano “Llueve… ¡Puerco Gobierno!” podría trasplantarse a España, donde la figura del presidente del Ejecutivo a menudo adquiere cuotas de poder omnímodo en el imaginario popular. Ocurra lo que ocurra, las culpas son para el Gobierno.
Pero, las cuentas sobre la mesa, estar en el disparadero público no parece tan rentable como estar en un puesto del poder algo más gris. La diferencia se acrecienta si se compara con el asiento en un consejo de Administración de una empresa del Ibex. La remuneración media de los responsables de las empresas del Ibex es de más del doble que la del cargo de la Administración mejor pagado, que a su vez cobra el doble que el presidente del Gobierno.
Este miércoles se hacía pública la
web, en la que el ciudadano puede consultar cuáles son los cargos mejor pagados de la Administración.
Las empresas del Ibex se adelantaron algo a esta práctica: la CNMV publicó
un informe por primera vez a comienzos de este año para informar a los millones de accionistas de las principales firmas de España de los sueldos de sus consejeros.
Según ponía de manifiesto este documento, la remuneración media de un consejero –que incluye sueldo, dietas, aportaciones a planes de pensiones, etc.- fue de 490.000 euros anuales.
El representante de la Administración mejor pagado está en la empresa pública que administra el resto de empresas públicas: el presidente de SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales), Ramón Aguirre, percibe un sueldo de 210.000 millones de euros, menos de la mitad que el consejero del Ibex.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, recibe 78.185 euros anuales.
El debate sobre las remuneraciones de los cargos públicos frente a los privados tuvo cierta vigencia durante algún tiempo, para perderse a continuación en el maremágnum de las urgencias de la actualidad. Algunos analistas consideraban que los cargos públicos cobraban demasiado, y otros pensaban que deberían cobrar más, para así atraer el talento hacia el sector público, en lugar de dirigirlo hacia el privado.
Ahora, con los datos sobre la mesa, el accionista y el votante tienen más información para decidir sobre sus inversiones o su voto.