La corrupción ha llegado al epicentro de las instituciones y la preocupación de la ciudadanía ha crecido como no se recuerda. Los partidos se han visto obligados a reaccionar para no hundirse con los sucesivos casos y su tolerancia con los presuntos corruptos ha disminuido. Pese a todo, su credibilidad sigue en picado. Un repaso a los principales ejemplos ayuda a comprender la magnitud del problema.
Las portadas de los periódicos y los "paseíllos" en los juzgados han sido la pesadilla diaria de la clase política durante 2014, acosada por una avalancha de casos de corrupción que no parece tener fin y que ha minado hasta niveles insospechados su ya maltrecha imagen pública. Nunca en la historia de la democracia la desconfianza de los ciudadanos hacia los políticos había llegado a los niveles de hoy en día, hundiendo las expectativas de voto de los partidos "tradicionales" y dando alas a fenómenos como Podemos, que promete limpiar de corrupción las instituciones. El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha ratificado con crudeza ese rechazo ciudadano por la política. La preocupación por la corrupción repuntó en sólo un mes más de veinte puntos y se situó en su máximo histórico, amenazando la primacía del paro como problema 'número uno' para los españoles.
A los casos Gürtel, ERE y Pujol, que salpican a PP, PSOE y CiU, se han sumado en últimas fechas escándalos como las tarjetas opacas de Caja Madrid, la operación Púnica, o asuntos que ahondan en esa imagen negativa, como los viajes a Canarias del presidente extremeño, José Antonio Monago, en su etapa de senador. La presión social por esta última polémica, que hace años probablemente no hubiera levantado tanta polvareda ni abierto tantos periódicos, ha obligado al Congreso y al Senado -siempre reacios a los cambios- a establecer un mínimo sistema de control de los viajes de sus señorías.
Por si no fuera suficiente, los daños colaterales por la corrupción se cobraron en el mes de noviembre su primera víctima en el Gobierno. Ana Mato, ministra de Sanidad y persona cercana a Mariano Rajoy, se veía forzada a dimitir después de que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz considerara que pudo lucrarse de la trama Gürtel a través de su exmarido, Luis Sepúlveda. Ruz no le imputa ningún delito, pero Mato decidió dejar el cargo para no perjudicar más al Ejecutivo y a su partido.
Ante el descrédito creciente, el Gobierno y el resto de fuerzas políticas llevan meses prometiendo medidas de "regeneración democrática" que, por un lado pongan coto a la lacra de la corrupción y, por otro, recuperen la confianza de los ciudadanos en sus representantes. El primer paso fue la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que entra estos días en vigor y, en fechas más recientes, la ley de control financiero de los partidos políticos y del ejercicio del alto cargo, todavía en tramitación en el Congreso. Desde un primer momento, el PP se fijó como objetivo sumar a estos dos proyectos al máximo número de fuerzas políticas, pero después de meses de contactos "discretos" y con las leyes en dique seco a la espera de un acuerdo, el Gobierno ha decidido seguir adelante en solitario. Imposible el pacto, muy especialmente con el PSOE, Mariano Rajoy acudió al Congreso a finales de noviembre para presentar esos dos proyectos legislativos.
La mayoría de las medidas ya eran conocidas, pero otras modifican leyes de gran calado, como el Código Penal o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se crea el delito específico de financiación ilegal de partidos, se endurecen las penas de inhabilitación, y se establece un control parlamentario de los indultos. Para acelerar la investigación de los casos de corrupción -estancados años y años en los juzgados- se fijan plazos máximos en la instrucción judicial, que serán de seis meses para las causas más sencillas y de 18 meses para los casos complejos, como los relativos a terrorismo, grupos criminales y corrupción. De forma paralela se amplían los plazos de prescripción de los delitos, para evitar que los corruptos queden sin castigo y se abre una oficina para la recuperación rápida de los bienes de origen ilegal.
Al presentar las nuevas medidas en el Congreso, Rajoy se rebeló contra el "fantasma" de la corrupción generalizada y negó que España esté corrompida. "España tiene algunos corruptos que, afortunadamente, estamos sacando a la luz. El resto está sano", proclamó. Avisó además de las consecuencias de que se extienda la idea de que todo es corrupción y sólo quede espacio para los "salvapatrias de las escobas", en clara alusión a Podemos. El PSOE no se fía de la sinceridad de Rajoy, y ha decidido presentar sus propias medidas contra la corrupción. "Abandone toda esperanza, no espere de nosotros ningún acuerdo global en materia de lucha contra la corrupción porque sencillamente, no les creemos, no son de fiar", le censuró sin ambages el líder socialista, Pedro Sánchez. Con acuerdo o sin él, la idea del Gobierno era aprobar todo ese paquete de medidas antes de enero, cosa que a todas luces ya será imposible.
La presión del calendario electoral, con comicios municipales y autonómicos en mayo y generales en menos de un año, no ayuda precisamente a la búsqueda de consensos ante un problema que está minando los cimientos de la propia democracia y a los partidos que han pilotado el actual sistema político. Para entonces, vaticinan algunos, quizá sea demasiado tarde.
LOS PRINCIPALES CASOS DE 2014
NÓOS
Entre estas causas, que implican a políticos, sigue de actualidad el caso Nóos, que comenzó en 2010 con la investigación a Iñaki Urdangarin, y que ahora está pendiente de que el juez José Castro decida si incluye en un futuro juicio a la infanta Cristina como cooperadora necesaria en el delito fiscal cometido por su marido, al estar solo acusada por Manos Limpias y no por la Fiscalía. Por el momento, la Fiscalía ha solicitado una pena de 19 años y seis meses -y una multa de 3,5 millones de euros- para Urdangarin, mientras que solicita el archivo de la causa en lo que se refiere a la infanta a la que, no obstante, considera responsable civil a título lucrativo por haberse beneficiado de 587.413 euros.
GÜRTEL
El caso Gürtel, tras casi seis años de instrucción, encara también la recta final de una de sus piezas separadas -la de los primeros años de la trama (1999-2005)- con la propuesta del juez Pablo Ruz de juzgar a 43 imputados, entre ellos tres extesoreros del PP, Luis Bárcenas (que lleva año y medio en prisión preventiva), Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís. En esa resolución, el juez incluyó a la exministra de Sanidad Ana Mato en calidad de responsable civil como partícipe a título lucrativo en los regalos que la trama Gürtel hizo a su marido, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, también imputado en esa pieza. Esa decisión provocó un terremoto en el PP y en el Ejecutivo, ya que se producía 24 horas antes de que Mariano Rajoy expusiera en el Congreso sus mediadas para combatir la corrupción, por lo que finalmente Mato dimitió para no perjudicar al presidente del Gobierno. El futuro del juez Ruz ha sido también objeto de polémica en torno a este asunto, ya que la plaza que ocupa en comisión de servicio ha salido a concurso. No obstante, podrá seguir instruyendo los casos Gürtel y Bárcenas, al menos hasta el mes de marzo.
ERE
Los que también se han visto este año en la cuerda floja, aunque aún mantienen sus escaños, han sido los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, actualmente diputado y senador ante las Cortes, respectivamente. En noviembre, el Supremo aceptaba hacerse cargo de la parte del sumario de los ERE en Andalucía que afecta a cinco aforados, entre ellos Chaves y Griñán, quienes por el momento no han sido llamados a declarar como imputados. Mientras el Supremo asumía esa parte, la juez de Sevilla Mercedes Alaya conservaba el resto, continuando con una instrucción que se prolonga ya tres años y que ha llevado a la Fiscalía a pedirle mayor agilidad, al entender que algunas piezas están tan avanzadas que podría haber juicios en 2015.
LA FAMILIA PUJOL
Los Pujol, pese a estar desde hace tiempo en el punto de mira de la Justicia, entraron de lleno este verano en el panorama judicial con el comunicado que difundió el 25 de julio el expresidente catalán Jordi Pujol, confesando la ocultación de una fortuna en el extranjero, que vinculó a una herencia de su padre, de la que habrían sido beneficiarios él, su mujer y sus siete hijos. El comunicado precedía en pocos días a la decisión del juez Ruz de llamar a declarar por primera vez como imputado a su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, y a la exmujer de este Mercé Gironés en el marco de la investigación abierta en enero de 2013 con la denuncia de su exnovia Victoria Álvarez, acusándole de viajar a Andorra con mochilas repletas de billetes. Además, la titular del Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona admitía a trámite una denuncia de Manos Limpias contra Pujol y le reclamaba -como primeras diligencias- el testamento de su padre y la aceptación de la herencia por su parte y por la de su mujer Marta Ferrusola. En el curso de esa investigación, un informe de la Banca Privada de Andorra (BPA) desvelaba que Marta Ferrusola y sus hijas Marta y Mireia extrajeron 227.000 euros de sus cuentas entre 2011 y 2014, antes de que la familia transfiriera 3,1 millones a una entidad financiera española para regularizar su fortuna oculta. El cerco judicial a los Pujol alcanzó posteriormente al hijo menor, Oleguer, al abrirle el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz una investigación por la compra de un hotel de Canarias, valorado en ocho millones de euros, con dinero de origen desconocido procedente del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. A la apertura de esta causa se sumaba después una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que llevó a la detención temporal, el pasado 23 de octubre, del hijo menor del expresidente durante las siete horas que duró el registro en su domicilio de Barcelona. Con esta diligencia, Pedraz trataba de obtener pruebas sobre siete operaciones inmobiliarias sospechosas realizadas a través de distintas sociedades vinculadas a Oleguer, entre ellas la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander, la adquisición de edificios de Bankia por parte de las sociedades y operaciones realizadas entre Longshore y Prisa División Inmobiliaria.
LA OPERACIÓN PÚNICA
Otro entramado de empresas al servicio, esta vez, de la corrupción a nivel municipal y regional, saltaba este año por los aires con la operación Púnica (de Púnica Granatum), bautizada así en honor al considerado cabecilla de esta red, el exdirigente del PP madrileño Francisco Granados, al que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco envió a prisión el pasado 31 de octubre junto a otros seis de los 35 detenidos por estos hechos, entre ellos su amigo y socio David Marjaliza, el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez (PP) y el alcalde de Valdemoro, José Carlos Boza (PP).