“No he tolerado nunca que el Gobierno me diga lo que tengo que hacer porque es delito”, ha dicho el fiscal Eduardo Torres-Dulce. Lo que pasa es que Soraya Sáenz de Santamaría ha acumulado tal cantidad de poder que su delicada mano se adivina detrás de la mayor parte de lo que ocurre en el partido y en el Gobierno. La vicepresidenta es ejemplarmente leal al presidente Mariano Rajoy. Desde esa lealtad, interviene en todo o en casi todo.
Desde que Alicia Sánchez-Camacho anticipó la querella de la Fiscalía contra Arturo Mas, la relación entre Torres-Dulce y Sáenz de Santamaría se ha ido agriando hasta el punto que en las últimas semanas el entorno de Moncloa no se recataba en afirmar que Torres-Dulce estaba amortizado.
El fiscal, que es hombre serio y de reconocida sagacidad, se ha anticipado a la crónica de un escabeche anunciado y, por razones personales, ha dimitido de forma irrevocable. A enemigo que huye, puente de plata. Soraya ni se ha inmutado. Ha propuesto a Rajoy el nombre propicio de una fiscal de prestigio, Consuelo Madrigal, que deberá superar ahora los controles legales para su nombramiento.
La liquidación de Torres-Dulce deja claro a los navegantes que, desde los medios de comunicación a la administración de la Justicia, nada escapa a la actividad incansable de Soraya Sáenz de Santamaría. El sorayato es hoy por hoy un hecho incuestionable en la vida política española.