En los primeros Presupuestos de la Casa Real aprobados por Felipe VI, el Monarca ha tomado una decisión que, sin duda, ha llamado la atención de los ciudadanos. El Rey se ha bajado el sueldo un 20 %, cerca de 60.000 euros menos, pasando a cobrar 234.204 euros al año. Asimismo, se han reducido las asignaciones para los otros tres miembros de la Familia Real que tienen ingresos con cargo al Presupuesto: Doña Letizia (128.808 euros), Don Juan Carlos (187.356 euros) y Doña Sofía (105.396 euros). Ni la Infanta Elena ni la Infanta Cristina percibirán retribución alguna al no formar ya parte de la Familia Real.
Hay que valorar la decisión del Soberano como un gesto simpático y solidario con la ciudadanía, cuando se están produciendo ajustes generalizados: porque debemos ser conscientes que, de resultas de la crisis, en España y en otros países de la Eurozona, como no podían devaluar su moneda, se ha producido una devaluación interna. No hace mucho, se hicieron públicos algunos sondeos donde los españoles manifestaban su apoyo al nuevo Monarca, poniéndose de relieve que la abdicación de Don Juan Carlos y la subida al Trono de Don Felipe se habían realizado de manera oportuna y correcta, y que la Corona había eliminado errores del pasado. Es por este camino por el que debe seguir, sin echar nunca las campanas al vuelo.
En este sentido, aunque no hay que menospreciar el gesto de Felipe VI, es sobre todo necesario que la Casa Real se someta a un escrutinio minucioso de sus gastos, como ocurre en otras Monarquías, donde existe una absoluta y total transparencia. Monarquías que, por cierto, en líneas generales, le cuestan mucho más al erario público que la española, igual que también es menor el presupuesto asignado a nuestra Monarquía que el de algunas Repúblicas de nuestro entorno. Porque es un error –y una hipocresía- de nuestro país el que Jefe de Estado, presidente de Gobierno, ministros y cargos de responsabilidad no tengan remuneraciones acordes con el cargo. Pese a la demagogia que a veces se hace circular en este asunto, lo cierto es que las asignaciones son ridículamente bajas. Evidentemente, ahora, cuando todavía nos golpea la crisis, no es el momento de replanteárselo, pero sí de ser conscientes de ello, algo compatible con que, en cambio, las remuneraciones de los altos cargos públicos estén sujetas a un control y a un escrutinio minucioso.