Jueves 19 de febrero de 2015
Ayer daba comienzo en Madrid el proceso por el que los militantes elegirán al sustituto de Tomás Gómez. El ya ex secretario general de los socialistas madrileños -y con él, muchos más en el partido- asiste en silencio al bochornoso espectáculo dado por Pedro Sánchez y Susana Díaz a propósito de las últimas imputaciones en el caso de los ERE: tres diputados y dos senadores, entre los cuales están los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán.
Pedro Sánchez repite de forma cansina que no le temblará la mano a la hora de limpiar su partido de corruptos. Susana Sánchez fue más allá al asegurar que “crujiría” a cualquier compañero que resultase imputado, “fuese quien fuese”. Tiene donde elegir la señora Sánchez: de los más de 260 imputados en la causa de los ERE, 50 son altos cargos de su partido; los últimos, Chaves y Griñán. Y esta vez no ha sido la juez Alaya, sino el Supremo. Sin embargo, nadie en el PSOE hace nada, como de costumbre.
Por mucho menos han echado a Tomás Gómez -el sobrecoste de las obras de un tranvía-sin siquiera estar imputado en causa alguna. En cambio, a Chaves, Griñán y Zarrías los defienden sin pudor, aún a sabiendas de su relación con un régimen de fraude absolutamente impresentable. Aparte, hay otra cuestión de la que apenas se habla, pero de la que Susana Sánchez debería dar más de una explicación: los ERE han detraído más de 900 millones de euros a las arcas públicas. ¿Cuánto ha logrado recuperar la Junta de Andalucía? Si el PP tuviese un candidato como es debido, a lo mejor podría formular esta pregunta.