El Eurobarómetro de otoño de 2014 señala que el desempleo sigue siendo una de los asuntos que más preocupa a los ciudadanos ya que casi la mitad de los españoles (48 por ciento) afirman que lo peor de la crisis aún está por llegar. Sin embargo, en el polo opuesto, y con el mismo porcentaje, se encuentran los ciudadanos que opinan que el impacto de la crisis ya ha tocado fondo. “Las personas más euroescépticas, que suelen ser las que tienen entre 50 y 70 años, son más pesimistas y creen que el impacto de la crisis sobre el empleo aún no ha tocado fondo, sin embargo los jóvenes tienen una opinión más optimista”, ha señalado durante el acto de presentación Eva Aranda, de TNS, grupo que ha realizado el Eurobarómetro en España. Si se extrapolan estos datos con los obtenidos por el resto de países de la UE, se puede observar que las cifras son menos ingenuas ya que “el 44 por ciento cree que su país ya ha tocado fondo, mientras el 46% opina lo contrario”.
En los últimos años, el número de casos sobre corrupción que se han destapado ha aumentado de forma vertiginosa, por ello nueve de cada diez ciudadanos apoyan la elaboración de una normativa europea que “entre a fondo en el tema del fraude fiscal y la invasión de impuestos”, ha afirmado Fonseca. Además, el 85 por ciento de los españoles opina que se “debe establecer un tope al sueldo de los altos ejecutivos”.
Las preguntas relacionadas con el plan Juncker revelan que los ciudadanos apoyan la creación de una política energética para que de esta forma “la energía sea más barata”. Por otro lado, y a pesar de que hay un gran desconocimiento sobre los términos del Tratado de Libre Comercio que está negociando ahora la UE y EEUU, existe una opinión mayoritaria a favor de que salga adelante.
Otras de las medidas que se piden es la creación de una normativa que regule la inmigración ilegal. “Es destacable que el 36% de los españoles cree que se debería tomar medidas para reducir la llegada de personas de manera ilegal, sin embargo los ciudadanos del resto de países miembros creen que esta norma debería tener carácter estatal y no europeo “, ha concluido Aranda.