Peritos del Estado: la Junta conocía el fraude de los ERE

Según estos, habría ocultado también información a la Comisión Europea.


Los peritos de la intervención general del Estado que participan en la instrucción de los ERE aseguran que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conocía el fraude que se producía en la concesión de los expedientes, lo que, según creen, se demuestra en la documentación que la Junta ha entregado a la juez. Según han informado fuentes judiciales, tras el requerimiento de la juez Mercedes Alaya, la Junta ha aportado este jueves las memorias de 2005, 2006 y 2007 que acompañan las propuestas de acuerdo para elaborar los informes de control financiero permanente que llegaban al Consejo de Gobierno.

De esta forma, según las mismas fuentes, en el Gobierno andaluz tuvieron conocimiento de las irregularidades en el uso de las transferencias de financiación para conceder ayudas sociolaborales. Los peritos hicieron este miércoles esta afirmación, pero carecían del soporte documental que la confirmara porque la Junta no había aportado hasta hoy los documentos, han agregado las fuentes.

También conocieron esas irregularidades la Intervención General de la Junta, la Consejería de Hacienda y la comisión general de viceconsejeros, conocida como "consejillos" y que es previa al Consejo de Gobierno, han apuntado las fuentes. En la segunda jornada de la ratificación de su informe, en el que critican el sistema de concesión de los ERE y que es clave para la acusación contra los imputados, los peritos también ha señalado que otras consejerías, además de la de Empleo, aportaban dinero para ayudas laborales.

Los peritos también han afirmado ante la juez que la Junta de Andalucía ocultó información a la Comisión Europea en una ayuda de 4,5 millones de euros concedida a la empresa malagueña A Novo Comlink, dedicada a las telecomunicaciones. Según fuentes judiciales, los peritos han respondido, tras una pregunta de Alaya, que la Junta envió información "incompleta y sesgada" a Europa para hacer ver que la ayuda era de carácter individual para cada trabajador cuando en realidad estaba destinada a una empresa, lo que evitaba tener que devolverlas.

La normativa comunitaria impide que los estados concedan ayudas directas a empresas porque las sitúan en una posición de ventaja respecto a otras compañías, han apuntado las fuentes. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía elaboraron un informe respecto a esta ayuda en el que presentaban alegaciones avalando la ayuda, han añadido las fuentes.

En la sesión de este miércoles, los peritos, que suman 94 años de experiencia en la administración pública, han dicho que el uso de las transferencias de financiación por la Junta de Andalucía para las ayudas sociolaborales es "fraudulento" según la definición de la Real Academia Española de la Lengua: "engañoso, falaz". En su declaración, han precisado que de las 263 ayudas concedidas por la Junta, sólo 77 eran derivadas de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían que ver con ayudas sociolaborales.