José María Gil Tamayo, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española defendió la “tolerancia cero” frente a los abusos sexuales a menores por parte de miembros de la Iglesia, durante la conferencia de prensa que puso fin a los trabajos de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado en Madrid esta semana. El secretario general de la Conferencia Episcopal Española destacó como prioridad de la Iglesia “la cercanía y acompañamiento a la víctimas", al mismo tiempo que pidió la “garantía de presunción de inocencia”.
Una rueda de prensa densa e importante tras una reunión, en la que, según nos han contado algunos de los obispos asistentes, reinó la cordialidad y la sintonía sobre todos los aspectos tratados como el de la clase de religión, que ha sido siempre uno de los temas más espinosos, y sobre todo ahora cuando hay cierta inquietud en algunos sectores de la sociedad por la inclusión de los rezos como contenido curricular en la clase de Religión, tras la entrada en vigor de la Lomce. José María Gil Tamayo pidió, en la rueda de prensa, que “no se ponga bajo sospecha una asignatura que es de opción libre”. El portavoz de la CEE manifestó que “quien va a clase de Religión es porque la ha elegido o porque lo han hecho sus padres. Es una opción libre, no es una enseñanza obligatoria. Lo que no quieran, no la eligen. Ese es el gran logro de nuestro sistema”.
Volviendo al tema de los abusos sexuales, la Conferencia Episcopal Española ha publicado, coincidiendo también con la finalización de la reunión de la Comisión Permanente, dos protocolos que muestran como debe actuar cualquier diócesis española ante este espinoso asunto. Los dos textos fueron elaborados en 2010, tras la aprobación de nuevas normas por parte de la Santa Sede y se refieren a los procesos canónicos y civiles. El primero habla de lo que debe hacer un obispo cuando recibe la denuncia. Si se demuestra que es infundada, el prelado deberá tomar medidas para el establecimiento del honor la persona falsamente acusada y si por el contrario es verosímil, el obispo tendrá que encargar una investigación preliminar. Una vez realizada será éste quien determine si hay elementos suficientes para hablar de probabilidad de delito. Será entonces cuando tendrá que comunicárselo a la Congregación de la Doctrina de la Fe. En cuanto a la actuación, según la legislación civil vigente, el segundo protocolo contempla diversas situaciones, como que el obispo sea informado a través de una denuncia privada o por rumores o, también, por una denuncia ante la policía, el jugado pertinente o el ministerio fiscal o que tenga noticias del delito a través de una confidencia.
Dos protocolos muy importantes y en sintonía clara con la doctrina de los dos últimos Papas y que van a sacar a la luz, actuaciones poco claras y con posibles y esperadas noticias.