Procesos judiciales sobre corrupción

El malvado Madoff, a quien culpamos de la larguísima crisis económica aunque probablemente otros muchos corresponsables no han pagado su parte, a los tres meses de ser detenido, a finales del año 2008, se confesó culpable de fraude y fue condenado a 150 años de internamiento en una prisión federal. Muchos años entre rejas, pero lo que más llama la atención es la rapidez con que se impuso la condena y la celeridad con la que empezó a cumplirse.

Está fuera de duda que el Derecho Penal es un instrumento (aunque ahora a los pedantes les gusta hablar de herramientas como si todo fueran obras de carpintería o de fontanería) imprescindible para la lucha contra la corrupción, o mejor, para el castigo de las prácticas corruptas. Y también está claro que, en el ejemplo que se acaba de ofrecer en Estados Unidos –será porque impera el principio de oportunidad, será por el miedo ancestral al proceso o será porque asusta el sistema- en tres meses sale el corrupto con la receta.

En el continente, y no sólo en España (no nos acomplejemos más de la cuenta) las instrucciones son interminables, quiere decirse que solamente la investigación lleva años en plural mayestático, lo que hace que, para no pocos, el delito salga medianamente rentable, es decir les compensa porque suelen seguir disfrutando de la pasta que jamás llegan a devolver pues, no se sabe muy bien con qué artes, consiguen declararse insolventes o hasta pobres de solemnidad.

Quizás sea ésta la razón por la que, según los datos del Banco Mundial, España en este campo aparezca en una de las peores posiciones, a ojos de la percepción ciudadana, en el entorno occidental. El corrupto confía en que los larguísimos paseíllos dilaten cualquier resolución. El corrupto sabe que logrará retrasar la entrada en prisión por lo que el efecto disuasorio de la proximidad de ésta se pierde. El corrupto prefiere soportar unos mesecitos de cárcel antes que devolver el dinero. El corrupto, si cuenta con un buen asesoramiento, podrá incluso provocar irregularidades formales que den lugar a la nulidad de las pruebas obtenidas o a la declaración de prescripción.

El Ministro Rafael Catalá ha venido a traer paz a un sector que se había puesto unánimemente (nunca es fácil poner a todos de acuerdo) en contra de su antecesor. El llamado mundo de la Justicia ha empezado a respirar, y no solamente porque hayan pasado a mejor vida las injustas e inconstitucionales tasas judiciales para las personas físicas. El nuevo Ministro de Justicia ha abandonado la tesis de la tuneladora legiferante de su predecesor émulo de Alonso Martínez y se ha centrado en algunos pocos y sensatos proyectos, y remarcó especialmente el de agilización de las denominadas macrocausas, con algunas adaptaciones procedimentales de la vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal y poniendo más medios a disposición de los Jueces de Instrucción. ¡Que sea para bien!