El Mundo abre con la dimisión del consejo de Banco Madrid, forzado por Luis María Linde, gobernador del Banco de España. Continua con la “fuga” del etarra Alberto Plazaola “por un fallo policial tras una filtración”. En imagen, unas 50 personas forman un “muro popular” frente al domicilio del huido para evitar su detención. Además, ‘Hacienda busca fraude en miles de dominios de internet’ y ‘El fiscal no ve delito en el caso de los 200.000 euros en la campaña de Cospedal’.
Victoria Prego escribe sobre Plazaola, más bien sobre el tiempo que transcurrió desde la orden de arresto y la ejecución (o intento de ejecución) de ese arresto y su significado: “El etarra tuvo 12 horas para decidir si se fugaba. Muy poco o nada se puede hacer ya desde aquí. Pero en un asunto que importa tanto a la opinión pública como es el trato de las instituciones otorgan a los terroristas, esa desidia funcionarial, esa desconsideración hacia los sentimientos de los ciudadanos, esa dejadez, resultan altamente ofensivas y del todo intolerables”.
Para La Razón es el tema de apertura: ‘El etarra Plazaola se fuga con la venia judicial’, con fotos de los tres jueves que lo dejaron en libertad. Protagoniza la primera la imagen de unos restos óseos y una investigadora trabajando con ellos: ‘Cervantes, en un lugar de esta mesa’. Los encargados de dar con el escritor en la iglesia de las Trinitarias de Madrid aseguran a este diario que lo han encontrado. Por último, ‘Los Pujol tenían bloqueados 1,7 millones en la filial española de BPA’ y ‘Génova deja para después de las andaluzas la negociación de Aguirre y Cifuentes sobre las listas de Madrid’.
‘Otro De Juana judicial’, denuncian los editorialistas de La Razón: “Conceptos como el ‘uso alternativo del Derecho’ o la ‘alarma social’, que fueron tan caros a la izquierda marxista europea en la década de los 70, parecían haber quedado felizmente superados por la construcción, en el caso español, de un sólido sistema de libertades. (…) Pero a tenor de algunas decisiones judiciales adoptadas por nuestros jueces, cabría concluir que no todos los miembros de la Magistratura española han superado el virus progresista, por cuanto sostienen que sí existe un amplio margen de discrecionalidad en la interpretación de la Ley, como ocurrió con el etarra De Juana Chaos. (…) Las excarcelaciones de los etarras han sido enmendadas por el Tribunal Supremo, que restituye la recta interpretación de la Ley. Ante estos hechos, reiterados, sería deseable que la Magistratura española avanzara hacia la unificación de criterios que, sin perjuicio de su independencia, garantiza que la ideología personal no condiciona la Justicia”.
El País arranca con Bárcenas, que “acusa al PP de financiación ilegal durante las europeas de 2004’. La capitana Zaida Cantera, seria, desde la tribuna del Congreso, ilustra la tapa del periódico, que destaca que el ministro Pedro Morenés no se disculpó por el trato recibido. Sobre las elecciones andaluzas, ‘Díaz advierte de que no admitirá interferencias en sus posibles pactos’, aludiendo a la cúpula del PSOE, y en materia internacional, ‘El Ejército iraquí logra su mayor victoria militar contra el yihadismo’.
Editorial sobre Zaida Cantera. Para El País, Morenés tiene que “disculparse”, “explicarse” más y “atacar” menos: “El ministro de Defensa lo hizo todo mal en el Congreso de los Diputados durante su intervención. Se permitió calificar de ‘bajeza moral’ el hecho de que la diputada Irene Lozano, de UPyD, le preguntara por el asunto, acusándola de ‘montar un circo mediático’ y de ‘manchar el nombre de las Fuerzas Armadas’, en vez de explicar lo que se le preguntaba o pedir una comparecencia específica. (…) Si al acoso se une el revanchismo, como ha ocurrido con Zaida Cantera, el ministro de Defensa tiene un problema que no puede solventar negándose a dar explicaciones. De nada sirve reaccionar en tono autoritario en el Congreso”.
En ABC, Nicolás Maduro levanta el puño para ilustrar la información única de portada: ‘Maduro detiene a 15 grandes empresarios’. La Organización Internacional del Trabajo exige explicaciones por los arrestos clandestinos, cuenta el diario.
‘¿Quién mató a Ignacio González?’, pregunta Isabel San Sebastián en el enunciado de su artículo: “El autor intelectual del atentado político perpetrado contra el presidente de la Comunidad de Madrid no se encuentra en desiertos remotos ni en montañas lejanas. (…) Y se ha salido con la suya. (…) El Partido Popular empezó perdiendo el norte en cuestiones tan sensibles para el bolsillo como la presión fiscal, y tan nucleares desde el punto de vista de los principios como las víctimas del terrorismo, la lucha contra ETA y su entorno, la defensa de la vida, la articulación de un discurso firme e inequívoco de refutación del separatismo, plasmado en medidas concretas, o la firmeza implacable ante la corrupción. (…) Lo próximo que le queda por perder al PP es a sus electores, y a poco que siga empeñándose, seguro que lo consigue”.