Domingo 25 de mayo de 2008
La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, anunció el sábado que su ministerio está trabajando en una Ley de Igualdad de Trato que convertirá a España en un “referente internacional en la ampliación de derechos para la ciudadanía”. En el mismo acto, un comité de las juventudes socialistas –a las que Aído perteneció hasta hace tres meses-, la ministra más joven de la democracia mostró su satisfacción por el aval que el Tribunal Constitucional ha hecho a la Ley contra la Violencia de Género, en la que se contempla un desigual trato penal del hombre frente a la mujer.
El de la paridad es un tema delicado, en el que se entremezclan factores obvios y objetivos, como es el de la tradicional indefensión de la mujer frente a ciertas conductas machistas, con cuestiones de difícil plasmación legal, como es la discriminación por ley de un género, en este caso, el masculino, por más positiva que esta sea. Aunque es cierto que se ha avanzado muchísimo en la lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres, aún queda mucho por hacer. Las cifras están ahí. Las mujeres siguen alcanzado menos puestos de poder y ganando menos dinero por el mismo trabajo. Eso sin contar que la violencia doméstica se ceba en un porcentaje muchísimo mayor entre las mujeres, víctimas de sus parejas hombres, que viceversa. Pero volviendo a la cuestión de la igualdad en campos cómo el profesional, la pregunta es ¿hasta qué punto ayuda a las mujeres que se siembre la duda de si han llegado hasta su puesto por su valía o por una mera cuestión de porcentajes políticamente correctos? ¿Realmente es bueno para el progreso de una sociedad que accedan a los puestos de importancia no los mejores, sino quién corresponde según una calculada composición de integración racial y de género?
En un momento en el que el índice de universitarias es mayor que el de universitarios, ¿realmente es necesario obligar a las empresas a cumplir un cupo concreto de mujeres en sus directivas? ¿No pueden lograr acceder a ello sin necesidad de empujones condescendientes que, en el fondo, ocultan un machismo, protector, pero machismo, al fin y al cabo? La realidad es que no se están centrando las ayudas a la integración femenina en las cuestiones que realmente la entorpecen. Y una de ellas es, por ejemplo, la dificultad de la conciliación laboral con la familiar. Las mujeres tienen mayor dificultad para acceder a ciertos puestos porque en muchas ocasiones se les obliga a elegir entre ser madres o profesionales. Lo hemos visto con la polémica que se generó cuando Zapatero decidió nombrar a una ministra en avanzado estado de gestación para Defensa. Una de las críticas que se le hizo es que Carmen Chacón no podría combinar un puesto de tan alta responsabilidad con la baja por maternidad que debería asumir tras el parto. ¿No es esa misma la mentalidad de muchos empresarios y profesionales cuando se resisten a contratar a mujeres en edad de procrear?
La pega de las políticas de igualdad y paridad es que en vez de ir a la raíz del problema, sólo son gestos efectistas para distraer la atención haciendo ver que se está trabajando en la solución, aunque no sea cierto. Lo que las mujeres necesitan no es un paternalista “enchufe” legal, sino ayudas reales que solucionen problemas reales. Guarderías en los lugares de trabajo, ayudas efectivas por hijo –España está a la cola en Europa en las subvenciones que se conceden por parte del Estado- fomento de la conciliación del horario laboral con el familiar,… El día que para una mujer no suponga un quebradero de cabeza decirle a su jefe que está embarazada o cuando en una entrevista de trabajo no se le pregunte si tiene intención de tener niños, será cuando realmente España sea un “referente internacional” de la igualdad de oportunidades.
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