Desde ayer lunes Nicolás Maduro ostenta el control absoluto en Venezuela. Ya lo hacía de facto, y ahora, además, se apoya en una prerrogativa ideada por Chávez para poder gobernar sin fiscalización alguna. Sin control parlamentario ni de institución alguna del estado, Maduro se convierte oficialmente en lo que ya era por sus actos, un dictador totalitario.
Bien es verdad que son seis meses los que la constitución venezolana le habilita como dictator, pero no es tanto el plazo como el hecho en sí de que alguien como Maduro pueda hacer y deshacer a su antojo de manera “legal”. Sin embargo, la excusa que ha empleado para asumir poderes extraordinarios también tiene esa misma fecha de caducidad: seis meses. Si en ese tiempo Estados Unidos no ataca Venezuela -y no parece que algo así vaya a pasar- Maduro tendrá que inventarse otra justificación imposible.
Por otra parte, resulta clamoroso el silencio del continente. Cuba, Argentina, Bolivia y Nicaragua son cómplices activos, pero el resto de países son cooperadores necesarios por mirar hacia otro lado. Por cierto que, a día de hoy, Podemos sigue sin condenar a la dictadura venezolana y ratificando el apoyo que le brindó la semana pasada en la Eurocámara.