Lunes 26 de mayo de 2008
El Gobierno ha retomado su viejo proyecto de subir la tarifa de la luz más de un diez por ciento, lo que haría de ella la más pronunciada en los últimos 20 años. Además ese 11,3 por ciento que se ha deslizado a la opinión pública, el Ejecutivo tiene en mente elevar la tarifa en torno a un 20 por ciento. ¿Estamos ante un atraco del Gobierno a los bolsillos españoles en el peor de los momentos? ¿Se ha vuelto loco, al tomar una medida inflacionista cuando más necesario es controlar el IPC? Eso parece, al menos si nos quedamos con las declaraciones de la oposición.
Pero en economía las cosas son, en las más de las ocasiones, de un modo distinto a como aparecen. Este es el caso. La tarifa la fija el Gobierno, y en la actualidad es más baja de lo que correspondería al mercado. Esa diferencia, el llamado “déficit de tarifa”, se cubre con créditos que se financian a cuenta de futuras subidas del falso precio impuesto por el Gobierno. Es decir, que el consumidor siempre va a pagar por su consumo lo que correspondería a un precio real. La diferencia es solamente si paga todo el precio en el momento o si pagará ese “déficit” en el futuro, sumados los costes financieros correspondientes. De modo que la subida de la luz no supone un aumento del pago por el consumidor, sino un cambio en el modo en que hace ese pago: paga más en el presente y pagará menos en el futuro.
Los precios que no responden a los avatares del mercado siempre provocan distorsiones e ineficiencias. La actual tarifa fomenta un consumo excesivo en un momento en que se habla como nunca del uso racional de la energía. La solución, la única posible, es volver al precio de mercado y exigir al Gobierno que aparte su mano muerta sobre el devenir de los asuntos económicos.
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