La erupción del volcán Calbuco al sur de Santiago de Chile acaba de desviar la atención –por muy poco tiempo- de otra erupción, en el sistema político chileno, de un mal al que parecía inmune: la corrupción política. El retorno a la presidencia de Michelle Bachelet parecía amenazado por distintos flancos, cuando la mandataría chilena anunció medidas que se alejaban del pragmatismo y el espíritu de consenso que caracterizaron su primera etapa presidencial, especialmente al sugerir la apertura de un periodo constituyente sin contar con el criterio de la oposición. Sin embargo, inopinadamente, el cráter político ha estallado de forma sorpresiva en el ámbito donde menos se le esperaba: en el tráfico de influencias y los sobornos de empresas a representantes y partidos.
Tras la vuelta al sistema democrático y la superación de la dictadura pinochetista, la vida pública en Chile ganó un gran prestigio por la estabilidad que proporcionan instituciones sólidas y acuerdos de Estado, algo que a su vez vacunó a la izquierda en el poder en contra de decantarse hacia actitudes demagógicas y populistas. Algunos sectores sociales chilenos, subjetivamente, no han sabido percibir ni apreciar esta virtud que tanta prosperidad ha dado al Chile del siglo XXI, pero basta compararlo con la Argentina de los Kirchner o la Bolivia de Evo Morales -no ya con la Venezuela chavista o la convulsión en México- para darse cuenta de una objetiva solidez institucional más que envidiable en el hemisferio. En el mismo orden de cosas, el último Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, publicado por Transparencia Internacional, situaba a Chile en el puesto más bajo de corrupción de toda Hispanoamérica, con 73 puntos de honradez pública sobre un máximo de 100. (Casi idéntico a Estados Unidos, con 74 puntos, y por encima de países como Austria o Francia. Si sirve como referencia, España solo obtuvo 60 puntos.)
Michelle Bachelet encarnaba en 2014 esta alta estimación. Y el cráter ha detonado en esa superficie llana que parecía irreprochable e inconmovible: la catarata de repentinos escándalos que en muy poco tiempo han visto la luz, ha causado un súbito divorcio de la ciudadanía con la clase dirigente en un tiempo récord. Por la naturaleza de los casos, ha llegado a ponerse en cuestión la legitimidad del propio Parlamento. Y por la proximidad familiar a Bachelet -están involucrados su propio hijo y su nuera-, han zarandeado el crédito de la presidencia. Todo un percance para la credibilidad del orden político impensable hace tan solo un año.
La cadena de negaciones en las portadas de los informativos de la pasada semana constituye el mejor indicativo del estado de conmoción. Una de ellas: “El fiscal descarta citar a Bachelet”. Síntoma de que la investigación abierta a su hijo y nuera suscitó la posibilidad de que la mandataria tuviese que declarar. La más repetida, la afirmación de Michelle Bachelet: “No he pensado en renunciar”, indicio de los rumores, presiones y especulaciones en torno a una hipotética dimisión del máximo cargo de la República. Otra manifestación inmediatamente posterior de la presidenta: “Chile no es un país corrupto”, signo de una corriente mayoritaria en la opinión pública, que, equivocada o no, sí comienza a pensar en esos términos, origen del desplome del respaldo de la ciudadanía. Los sondeos demoscópicos han constatado que la aprobación a Bachelet ha caído a su mínimo nivel histórico, con solo un 31 %, en tanto que el rechazo alcanzó hasta un preocupante 61 %. Casi justo el polo opuesto del apoyo electoral obtenido hace menos de dos años: el 62 % de los votos.
No menos significativos han sido los titulares mediáticos informando que “no habrá elecciones anticipadas”, señal de algo mucho más concreto que simples rumores sobre el adelanto electoral para los representantes de la cámara legislativa. Grupos políticos de la Nueva Mayoría, coalición que llevó a Bachelet a la Casa de La Moneda, han iniciado gestiones para forzar unos comicios al Congreso como catarsis que ponga fin al imparable deterioro político del país. Ha sido una reacción al desconcierto gubernamental y a una situación que parece descontrolada. El éxito o no de esta estrategia, aún sin cerrar, dependerá de la evolución de los escándalos en los próximos meses.
¿Cuáles son los casos de corrupción que han producido este volcán político que convulsiona al país austral? La enumeración de los más destacados lo pone de relieve. El “caso Soquimich” ha permitido reabrir viejos demonios. La empresa Soquimich, gigante de la minería chilena, está controlada por Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador Augusto Pinochet. Desde Soquimich se emitieron innumerables facturas para pagar informes inexistentes a políticos y familiares de estos, así como financiar ilegalmente campañas electorales. Los políticos sobornados pertenecen a las formaciones del expresidente Sebastián Piñera, pero también a las que apoyan hoy a Michelle Bachelet. Terreno abonado para especular sobre una supuesta línea de continuidad entre la corrupción de la era Pinochet y la nueva época democrática del Chile de hoy. Una especulación manipuladora, pues las circunstancias son a todas luces dispares y divergentes, pero favorable a las voces demagógicas que sitúan el origen de las prácticas corruptas en la economía neoliberal implantada por el general golpista. Analizado con sosiego se percibe que el “caso Soquimich” cae, por el contrario, dentro del ámbito de las enfermedades políticas oportunistas en democracia, y sus procedimientos y objetivos no tendrían sentido sin la existencia de esas instituciones democráticas que tratan de soslayar: el estatuto familiar de Julio Ponce resulta, a este efecto, poco menos que anecdótico, aunque sea una anécdota bien explotada por ciertos sectores.
Al “caso Soquimich” se le añade el “caso Penta”, en el que se investiga en estos momentos cómo las empresas del Grupo Penta organizaron un fraude fiscal de millones de pesos tras haber sobornado a numerosos políticos -hoy en prisión preventiva- , pertenecientes en su mayoría al partido de la derecha chilena Unión Democrática Independiente (UDI). Primero en el tiempo, este gravísimo escándalo fue utilizado de inmediato como ariete político para llevar adelante la tentativa de satanizar a la derecha y demoler su cohesión interna, pulverizando así al adversario electoral. No es la primera vez, ni el primer país, en el que un sumario de corrupción se utiliza de un modo descabelladamente partidista y se manipula como causa general para procurar excluir a un partido del sistema, o para arremeter íntegramente contra todo el sistema.
Los efectos demoledores de la disgregación que esta táctica origina -de forma ya constatada en otras latitudes-, debería haber aconsejado atacar la corrupción como un mal que hace daño al conjunto de la democracia y abordarlo, por tanto, en esos términos. Pulverizar a la organización donde estos hechos se detectan, con el fin de neutralizar a los sectores sociales que representa fomentando el odio contra ellos, es a medio plazo el camino más seguro para desembocar en un fracaso sociopolítico.
Promover medidas jurídicas que afronten los posibles vacíos legales, incrementar el hábito de asumir responsabilidades políticas por parte de personas concretas -de cualquier signo-, y no de las formaciones a las que pertenecen y menos aún a los segmentos sociales que transitoriamente encarnan, así como la actuación de la justicia como un poder independiente, cuyos tiempos difícilmente concuerdan con los tiempos políticos, son las recetas que se han mostrado universalmente más eficaces. Con ellas, Chile retomaría con facilidad los estándares de transparencia y limpieza que le colocaron a la cabeza de Hispanoamérica. Hasta ahora, se ha tomado el camino de la exclusión generalizada, creando una crispación inusitada entre una ciudadanía ciertamente poco habituada a soportar en su historia reciente escándalos de este calibre.
En este clima insano estalló el “caso Caval”. En él se puso al descubierto cómo el vicepresidente del Banco de Chile concedió un crédito a la empresa de Natalia Compagnon, esposa del hijo de Michelle Bachelet, Sebastián Dávalos, para que comprase unos terrenos agrícolas que fueron inmediatamente recalificados como urbanos, de modo que la familia del hijo de Bachelet logró dar un “pelotazo” que le ha reportado una auténtica fortuna. El crédito se le concedió a Natalia Compagnon y a su empresa Gestión Caval Limitada justo al día siguiente que Michelle Bachelet ganó las elecciones presidenciales en 2013. El uso de información privilegiada y el tráfico de influencias gravitan en las actuales investigaciones judiciales. Muy pronto se bautizó popularmente el nuevo escándalo como el nueragate. Aquí ya no hay figuras vinculadas a Pinochet, ni supuestas tramas de la derecha, sino un caso que afecta de modo directo a la familia presidencial. El caldo de cultivo de agitación fomentado en el “caso Penta” contra la derecha, se ha vuelto automáticamente contra la izquierda en el poder, también en parte afectada por el “caso Soquimich”. La corrupción ha demostrado su carácter transversal y su utilización como arma arrojadiza partidista está produciendo todos sus efectos demoledores.
La estrategia de defensa ante los tribunales ha soliviantado aún más a la opinión pública. Sebastián Dávalos ha asegurado ante la Fiscalía que no sabía nada del negocio de su esposa Natalia Compagnon. Y la presidenta Michelle Bachelet ha sostenido, a su vez, que nada conocía de los negocios de su hijo Sebastián Dávalos. Estrategia jurídica quizá legítima, pero de talante político suicida. La población no ha encajado bien esta táctica. A nivel popular han proliferado agrios chistes sobre una supuesta familia disfuncional: “El hijito de mamá… se acuesta todos los días con la señora Compagnon y no sabía”. O bien: “la familia del año: la madre no sabe lo que hace el hijo y el hijo no sabe lo que hace su esposa. ¿Son o se hacen?” Comentarios de este jaez corren como la pólvora en estos momentos por Chile con una acritud que ya afecta a la clase política de todo signo.
Tras una semana de desconcierto, Michelle Bachelet ha recibido finalmente un informe elaborado por el Consejo Asesor contra la Corrupción, Conflicto de Interés y Tráfico de Influencias. La mandataria chilena se ha propuesto -con indudable oportunidad- darle la máxima relevancia, tomando el informe en el Patio de Cañones de la Casa de La Moneda, y pronunciando una alocución ante los representantes de todos los poderes del Estado y los expresidentes Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Darle ese carácter institucional y desvincular la corrupción de una formación política concreta, para afrontarla de un modo universal y no partidista, son incontestables aciertos de Michelle Bachelet después de una fase de caos y confusión.
Sin embargo, el no mencionar el “caso Caval” que incumbe a su hijo, y considerarlo en declaraciones periodísticas como un hecho particular sin dimensión política, envenena cualquiera de sus medidas de cara a la opinión pública. Más allá de las chanzas, la ciudadanía percibe que un negocio donde se prestan a la familia de Bachelet 10 millones de dólares al día siguiente de su victoria en las urnas, para generar unos beneficios monetarios astronómicos, es raro que pueda producirse sin una contraprestación en términos de tráfico de influencias.
Aunque hoy por hoy, en la fase preliminar de la instrucción, nada esté demostrado ante los tribunales, negar su dimensión política es de una ceguera solo comprensible por los lazos familiares que inciden en el caso. Pero difícilmente Bachelet recuperará credibilidad en sus medidas contra la corrupción, si no depura de un modo u otro este espinoso escándalo surgido en su propio entorno familiar.
En términos más amplios, el clima creado por la súbita erupción de affaire de corrupción condicionará gravemente la actual legislatura. En un momento donde el crecimiento económico se resiente y el debate sobre la reforma de la educación se encrespa, el Parlamento aparece debilitado y parcialmente deslegitimado para tomar medidas de calado. La idea de abrir un periodo constituyente ha sido herida de muerte en esta etapa presidencial. Pero esta no es una solución definitiva. La izquierda está exacerbando la tesis según la cual los casos de corrupción son solo un síntoma de que los poderes económicos están por encima del mandato obtenido en las urnas. Y con ello cargan munición de grueso calibre para la próxima presidencia, donde dar por finalizada la actual Constitución para sustituirse por otra de nueva planta.
Una línea de actuación que amenaza con una confrontación generalizada a medio plazo, un trágala y un posible fin del consenso que tanta estabilidad y prosperidad ha proporcionado a Chile. Michelle Bachelet debería reconducir con prontitud esta circunstancia -aunque le cueste un amargo trance familiar- si quiere hacer un servicio al país que le libere de volcanes políticos mucho más peligrosos que hoy se intuyen en el horizonte.