Susana Díaz ostenta el dudoso honor de haberse visto inmersa en un caso de corrupción sin haber sido siquiera investida presidenta. Según ha hecho público el juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la Junta adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento “sin observar el más mínimo rigor” y plagado de irregularidades. De hecho, según el auto judicial, el consorcio formado por Minorbis y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento, pese a lo cual le fueron otorgados los derechos de explotación de la mina por un periodo de 30 años.
Se da la circunstancia, además, de que el consorcio en cuestión está dentro de la órbita del PSOE, como en tantas ocasiones. Obligada por los acontecimientos, Susana Sánchez anunciaba ayer la “suspensión del concurso” añadiendo que “no le temblaría el pulso a la hora de depurar responsabilidades”. Habría que recordar a la señora Díaz que este caso se produjo durante su presidencia en solitario, por cuanto ya había roto con Izquierda Unida y, obviamente, Chaves y Griñán estaban fuera de la vida política andaluza. Así pues, la responsabilidad es exclusivamente suya, y a ella atañe de forma directa. En esta ocasión hará falta algo más que oratoria hueca para intentar justificar lo injustificable, al tiempo que queda claro una vez más que, en Andalucía, PSOE y corrupción suelen ir de la mano.