¿Símbolos religiosos o confrontación?

La iniciativa de Esquerra Republicana de Cataluña, que pretende eliminar todo símbolo religioso de actos oficiales, va muy en la línea radical de esta formación política. Amparándose en la presunta vulneración de otros credos u opciones personales, Carod y los suyos abogan por suprimir en lugar de tolerar. Es posible -e incluso puede ser aconsejable- introducir disposiciones que ayuden a distinguir y respetar mejor el carácter aconfesional de nuestro Estado. Pero ello puede y debe hacerse con delicadeza y elegancia. La historia del problema religioso en la España contemporánea ha sido en exceso traumática y disfuncional como para buscar ahora la repetición de experiencias tan desafortunadas como primitivas de un tiempo pasado que, sin duda, fue peor. Los buenos modos bien pueden escoltar la firmeza en lo que son principios elementales de una sociedad civil, moderna e independiente como la española. Al problema religioso, otrora tan agrio, se le dio desde y por la Transición una solución pactada y civilizada. Como todo acuerdo, fue una transacción. Pero la fórmula debió ser acertada, en la medida que la inmensa mayoría de la población, católicos o no, han convivido desde entonces en una atmósfera confortable, tolerante y libre. En ese clima, se introdujeron leyes que suscitaron la oposición pero no la confrontación con la Iglesia. Con el gobierno Zapatero todo cambió. Aplicar el fuelle sectario a los rescoldos del problema religioso, como fórmula de movilizar el voto marginal y radical, no ha sido uno de los menores desatinos de la última legislatura. Es evidente que la Iglesia ha sido uno de los muchos ojos en que el señor Zapatero ha metido el dedo sectario, aunque para ello -justo es reconocerlo- haya contado con la inestimable colaboración de algunos obispos conciliares, si. Pero más cerca del Concilio de Trento que del Vaticano II, en la medida que parecen desarrollar su labor pastoral en manifestaciones callejeras y confundir su misión evangélica con una reedición confesional del Código Penal. En la España de nuestros días, la soberbia asfixiante nacional-católica está fuera de tiempo y lugar. Y por las mismas razones, también sobra el radicalismo anti-clerical de los años treinta, terreno desagradable y arcaico a donde parece que nos quieren llevar alguno de los aliados nacionalistas del Gobierno. Si a los señores de Esquerra les preocupa la vulneración de los derechos individuales, podrían quizá empezar por evitar el acoso de los castellano hablantes. Porque lo cierto es que a Esquerra experiencia de radicalismo sectario no le falta: en Cataluña, todo aquel comerciante que ose rotular en castellano -según el artículo 3 de nuestra Constitución, “la lengua oficial del Estado”- y no en catalán sabe a las sanciones a que se expone. Distinto es que lo haga en urdu o chino, en cuyo caso el tripartito es más permisivo.

Por eso, cuesta creer que, tras la iniciativa de Esquerra, no haya algo más que una defensa, respetable y respetuosa, de los principios del estado laico. Máxime en un campo donde la aconfesionalidad y el carácter laico de nuestra sociedad ha dejado de ser un problema relevante hace ya mucho tiempo. Los ministros juran o prometen sus cargos, sin que la presencia de este o aquel símbolo suscite mayor violencia. No se conocen casos de cargos públicos que hayan visto acosados o hayan sentido sus derechos vulnerados por la inclusión de algún elemento religioso en su toma de posesión. Dicho está que las relaciones Iglesia-Gobierno no son precisamente fluidas pero, pese a todo, no es éste un asunto que haya sido objeto de controversia entre ambos. Y si atizar la confrontación, creando problemas donde no los hay, es la manera que tiene Esquerra de hacer política, resulta comprensible y reconfortante su último batacazo electoral.