La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha publicado recientemente un informe relativo al “Desvío de la ayuda humanitaria destinada a los campamentos de Tinduf”, en el sur de Argelia, tras la intervención del mediador europeo. Este informe, objeto de debate en el Parlamento Europeo, es fruto de una investigación iniciada en 2003, a raíz de una información relativa al desvió a gran escala de la ayuda humanitaria concedida por la Unión Europea a las poblaciones de los campamentos de Tinduf.
Los resultados de la investigación subrayan la existencia “innumerables fallos en el funcionamiento”, tanto en el traslado como en la distribución de la ayuda humanitaria, y revelan la existencia de “prácticas fraudulentas”, consistentes en el desvío sistemático de las ayudas destinadas a la población de saharauis residentes en Tinduf”, así como la gravedad del fraude cometido por el Frente Polisario, con el único fin de enriquecer a los responsables de su cúpula mediante la venta de los alimentos procedentes de las ayudas humanitarias. Una prueba del desvío de las ayudas está en la “sobreestimación del número de refugiados”, a los que la Comisión asiste desde 1975. Según el mismo informe “ las cifras siempre fueron proporcionadas a las agencias de la ONU por el gobierno argelino; ni Argelia ni el Frente Polisario aceptaron que las instancias internacionales procedieran al censo de la población de los campamentos, a pesar de los llamamientos formales realizados a la agencia de la ONU para los refugiados en 1977, 2003 y 2005”. Por ello, la Comisión Europea sostiene que, ante la falta de acuerdo entre las autoridades locales para efectuar el censo, el número de beneficiarios saharauis que debe tenerse en cuenta para las ayudas europeas es de 90.000 y no 158.000, como avanzaban las autoridades argelinas.
En el sentido apuntado, cabe subrayar que, incluso el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, había hecho el mismo llamamiento en sus resoluciones 1979 (2011), 2044 (2012), 2099 (2013) y 2152 (2014), resoluciones que siempre chocaron con la negativa de Argelia y del Polisario a facilitar el libre acceso a los campamentos a los miembros de las organizaciones humanitarias, con el fin de censar la población saharaui y permitir el control de las cadenas logísticas y la distribución de ayudas.
En cuanto a la logística aplicable a la distribución de la ayuda, el informe de la OLAF ha registrado numerosas anomalías de tipo informático relacionado con la falta de utilización de las tarjetas de racionamiento,, de tal modo que los refugiados “no pueden acusan el recibo de la ayuda”. Otra dificultad en el control de la distribución proviene, según dicho informe, del hecho de que “el personal de las ONGs no tiene acceso ilimitado a los campamentos, sino que sólo se les concede la autorización para controlar los campamentos cuando les acompañan miembros del Frente Polisario”, lo que pone de manifiesto -según la misma fuente- que “la capacidad de verificación de la llegada de las ayudas es muy baja”.
Las revelaciones de la OLAF demuestran, una vez más, la responsabilidad del Frente Polisario que, con la complicidad de Argelia, se niega, no solo a proceder al censo de las poblaciones de los campamentos, pese a los llamamientos realizados por Naciones Unidas, sino también a permitir que las ONGs efectúen visitas de control para constatar que las ayudas llegan a su destino. Asimismo ponen de manifestó una vez más, la existencia de transgresiones y violaciones de los derechos humanos por parte del Frente Polisario en los campamentos de Tinduf, cuya cúpula ha sido objeto de duras críticas, tanto nacionales como internacionales, por causas tan distintas como el secuestro de la española Mahyuba Hamdidaf, la venta de armas a los militares del estado islámico o la acogida de yihadistas radicales.