Estos días ha vuelto a hablarse en España de Ciudad Juárez, uno de los lugares más peligrosos del mundo, como consecuencia de la presentación en nuestro país del libro titulado “De regreso a casa”, y que ha contado con la asistencia de María Luisa García Andrade, hermana de una de las miles de mujeres asesinadas en la ciudad fronteriza del norte de México.
Sin embargo, el hecho de que lleváramos una temporada sin leer o escuchar noticias sobre nuevos casos de mujeres violadas y asesinadas en Ciudad Juárez no se debe, por desgracia, a que los mismos hayan dejado de producirse. María Luisa García Andrade - o Malú, como ella prefiere que le llamen - asegura que, aunque suene doloroso, el silencio informativo está condicionado, sobre todo, a que el tema en general “ha pasado de moda” después de un periodo, de 2001 a 2007, en el que mundo mirase con estupor a la tristemente famosa ciudad del Estado de Chihuahua donde ya llevaban años padeciendo desapariciones, violaciones, torturas y asesinatos de mujeres. Los feminicidios pasaron a un segundo plano informativo, debido asimismo a la irrupción de la sangrienta lucha por el poder territorial entre los cinco cárteles locales de la droga, que tuvo su momento álgido en 2008, y a la guerra que el presidente Calderón declaró al narcotráfico.
En todo caso, si durante varios años las asociaciones de madres y familiares de las chicas asesinadas o desaparecidas contaron con apoyo o, al menos, cierto eco y visibilidad a nivel internacional, no puede decirse lo mismo respecto de su propio país. Y no se trata únicamente de una queja que llega del entorno de las víctimas – que habla de auténtico genocidio -, sino también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en una sentencia de 2009 responsabilizó al Estado mexicano de la muerte de varias jóvenes asesinadas en 2001 en Ciudad Juárez, por los graves fallos cometidos durante las correspondientes investigaciones. La Corte ordenó entonces a México llevar a cabo una nueva investigación de los asesinatos, pagar indemnizaciones a las familias de las víctimas y mejorar las medidas de prevención para evitar que la terrible lacra continuase creciendo en un ambiente de impunidad que parecía rayar la absoluta indiferencia hacia unos hechos terribles tan difíciles de comprender.
La periodista madrileña Elena Ortega ha tratado, precisamente, de ofrecer una visión de conjunto, aunque sea basada en casos particulares como el de la hermana de Malú, para de alguna manera explicar lo inexplicable: por qué desde la década de los 90 no han dejado de desaparecer mujeres en Ciudad Juárez y lo único que vuelven a tener de ellas sus familiares son los cadáveres brutalmente torturados que suelen encontrarse en lugares cuyos nombres ya son sinónimo de muerte: Lote Bravo, Granjas Santa Elena, colonia La Nueva Hermila, Cerro del Cristo Negro y Puente Libre, que une Juárez con la localidad texana de El Paso. La primera víctima contabilizada de manera oficial fue una niña, Alma Chavira Farel, desaparecida en enero de 1993. En mayo de ese mismo año, Gladys Janeth Fierro, de 12 años, fue violada y estrangulada hasta la muerte. Era el principio aún sin final de la tragedia de miles de jóvenes cuya vida parecía importar demasiado poco.
La mayoría de ellas había llegado a la ciudad en la que perderían la vida en busca de trabajo. De hecho, tanto la actividad criminal como el crecimiento demográfico en el área metropolitana aumentaron de forma paralela. El establecimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte atrajo al comercio internacional y a muchas mujeres que, junto a sus familias o solas, buscaban oportunidades laborales y económicas más favorables trabajando como empleadas de maquiladoras, empresas que importan materiales sin pagar aranceles comercializándose su producto en el país de origen de la materia prima. También a las trabajadoras de dichas fábricas se las conoce como maquiladoras y su perfil es el de jóvenes de 15 a 25 años que, como parte del trayecto diario desde sus casas hasta el trabajo, deben caminar por zonas inseguras, mal iluminadas, para subirse a los autobuses encargados de llevarlas a las empresas. Y horas más tarde, volver por el mismo sistema a casa. En definitiva, presas demasiado fáciles en una ciudad en la que, a pesar de la expansión de la industria, se ha mantenido una infraestructura relativamente pobre con amplias zonas sin electricidad ni calles pavimentadas.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar el feminicidio en Ciudad Juárez es el del impacto del tráfico de drogas. Porque estamos hablando de la sede de los cárteles de drogas mexicanos que han producido los mayores índices de violencia directa sobre la población civil. Se cree que muchos de los asesinatos de mujeres estarían relacionados con esos poderosos cárteles del narcotráfico que actúan a lo largo de la frontera, lugar donde campan asimismo las denominadas pandillas, caracterizadas por su fuerte misoginia. Es decir, una amenaza permanente más para las maquiladoras en un lugar donde, al parecer, los roles de género tradicionales son también un factor sociocultural que juega en contra de aquellas mujeres que “dejan sus hogares” para buscar empleo en las fábricas.
Un conjunto de circunstancias, que, en todo caso, no llevarían a la grave situación que aún se vive allí sin la complicidad de una aparente desidia por parte de las autoridades locales a la hora de investigar estos asesinatos. A pesar de que el pasado año la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República de México aprobase un acuerdo para pedir al Congreso de Chihuahua tipificar este tipo de crímenes. Mientras tanto, son las diferentes asociaciones las que ayudan a las familias a pasar por el duro trance de perder a sus hijas de una manera tan cruel y aparentemente impune. Y a continuar luchando para que la grave situación termine de manera definitiva. Este es el principal objetivo de mujeres valientes como Malú. Desde que en 2011 su hermana Alejandra desapareciera a los 17 años de edad y fuera encontrado su cadáver torturado y mutilado una semana después, Malú decidió – junto a su madre, maestra en Ciudad Juárez – crear la asociación “Nuestras hijas de regreso a casa” para ayudar a otras víctimas y denunciar públicamente al líder del Cártel de Juárez como responsable de la muerte y la desaparición de miles de mujeres en la ciudad.
Por supuesto, las amenazas de muerte contra ambas no tardaron en llegar. Sobrevivieron a dos atentados, les incendiaron la casa y desde hace tres años viven en México DF continuamente escoltadas. Pero sin renunciar a su lucha. Saben que a pesar de la protección policial, sus vidas corren peligro. Y que no serían las primeras activistas asesinadas. Marisela Escobedo Ortiz, miembro activo de otra de las asociaciones que como la de Malú y su madre Norma siguen defendiendo su más que justa causa, recibió en 2010 un disparo en la cabeza que acabó con su vida durante una manifestación por la muerte de su hija. Un año más tarde, Susana Chávez, poetisa y defensora de los Derechos Humanos, fue encontrada asesinada y mutilada. A ella se le debe la frase “Ni una muerta más”, utilizada con frecuencia en las protestas que, a pesar de todo, siguen adelante. También a pesar del miedo. Porque hay madres que después de perder a sus hijas de manera tan cruel, piensan que ya lo han perdido todo. Solo les queda la determinación para lograr que se castigue a los culpables y la esperanza de que no vuelva a desaparecer ninguna otra mujer en Ciudad Juárez durante su regreso a casa después del trabajo.