Viernes 17 de julio de 2015
Rajoy se ha apuntado un tanto sometiendo a votación la aportación española al rescate griego. En primer lugar, pone luz y taquígrafos a algo a lo que no estaba obligado. Es más que un gesto: si sumamos las anteriores contribuciones españolas -ésta es la tercera- sale un monto que supera los 35.000 millones de euros de dinero público. Un argumento lo suficientemente sólido como para debatirlo en sede parlamentaria.
Además, obliga a retratarse al resto de grupos de la Cámara. Los 35.000 millones antes citados echan por tierra cualquier demagogia de la izquierda acerca de la solidaridad española con Grecia. Si ese dinero no saliera de aquí se le podrían dar múltiples utilidades, a cual más necesaria. Hay dos aspectos interrelacionados a la hora de conceder este préstamo. Por un lado, la responsabilidad del Gobierno a la hora de cumplir sus compromisos con Bruselas -cosa que no ha hecho el Ejecutivo de Tsipras-.
Por otro, y casi igual de importante, el poder hacerlo. En España se han aplicado unas durísimas medidas de contención del gasto público que han revertido una situación de crisis alarmante. Hemos pasado de necesitar crédito urgente a poder prestar a quien lo necesita; Grecia, en este caso. Son las políticas de endeudamiento masivo y descontrol de lo público las que han llevado al país heleno donde está. Unas recetas, por otra parte, aún comparte esa misma izquierda que tendrá que votar en el Parlamento si quiere ayudar a paliar algo que sus postulados ideológicos han generado.
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