Dos jueces para la eternidad

El principio según el cual las normas del ordenamiento jurídico deben someterse a la Constitución, Norma Suprema del mismo, en cuanto aprobada por mayorías reforzadas que implican un consenso político social más amplio al requerido para la aprobación de otros productos normativos, especialmente, las leyes, no ha sido a lo largo de los siglos un postulado aceptado e implantado sin mayor esfuerzo y contestación. En este aspecto, además de las contribuciones de otros muchos juristas, destaca el papel desempeñado por dos jueces, cuyas vidas ofrecen en muchos aspectos un sorprendente paralelismo. Nos referimos, claro es, a los jueces Coke y Marshall. Ambos, con dos siglos de diferencia, construyeron los cimientos del moderno Estado Constitucional de Derecho, a través de una labor alejada de toda complacencia con respecto al poder de sus respectivas épocas, al que no dudaron en señalar su sujeción a límites.

Coke y Marshall comparten, ante todo, el hecho de ser profundos conocedores y amantes del Derecho, figurando sus nombres entre los grandes jurisconsultos de todos los tiempos, conformando esa “catena aurea” en la que encontramos, entre otros, los nombres de Gayo, Ulpiano, Bártolo de Saxoferrato, Domat, Thibaut, Savigny, Ihering, Kelsen o Holmes. No en vano Coke y Marshall están considerados como los más insignes juristas de sus respectivos países, Reino Unido y Estados Unidos. En el caso de Edward Coke sobresale su exhaustivo conocimiento de los principios del common law y, especialmente, su prodigiosa capacidad para rastrear y almacenar precedentes. Todo ello acompañado, bien es verdad, de ciertas dosis de pedantería y arrogancia en sus exposiciones orales y escritas, ante la consciencia de ser inalcanzable en este punto. Por el contrario, John Marshall es el exponente del jurista práctico, de carácter afable y conciliador (en sus más de 34 años en el Tribunal Supremo sólo en 8 ocasiones no se encontró en la posición de la mayoría), dotado de un formidable olfato (o instinto) jurídico que le hacía vislumbrar la solución de un caso en la propia exposición fáctica del mismo.

Como dato biográfico compartido por nuestros dos protagonistas destaca sobre todo su paso por la política, en el caso de Coke anterior y posterior a su labor judicial, y en el de Marshall con carácter previo a su trayectoria como magistrado. Aunque pudiera parecer en principio paradójico que dos de los mejores jueces de la Historia hayan sido también políticos, bien puede concluirse que fue precisamente el conocimiento interno de los resortes del poder lo que les impulsó y permitió articular los imprescindibles diques de contención del mismo. La vida política de Coke fue de una gran intensidad. Tras un inicial mandato parlamentario en el fin del período isabelino, en el que llegó a ser Speaker de los Comunes, fue nombrado Fiscal General ejerciendo la acusación (de manera implacable) en célebres procesos como los de Raleigh o la Conspiración de la Pólvora. Nombrado por el primer Estuardo como Juez Jefe del Common Pleas, Coke poco a poco se distanciará de un soberano a quien percibe como absolutista. El alejamiento terminará en enfrentamiento y la defenestración/abandono por Coke de la carrera judicial, volviendo a un Parlamento en donde se erigirá en la principal figura de oposición a las políticas de expansión del poder regio de Jacobo y Carlos, lo que habría de costarle casi un año de cárcel. Su labor parlamentaria alcanza su culmen en cuanto autor principal de la Petition of Right de 1628, uno de los tres textos “constitucionales” más importantes (junto con la Carta Magna de 1215 y el Bill of Rights de 1689) del sistema británico. Por su parte, Marshall fue también parlamentario (en la Cámara de Representantes, por Virginia) y más tarde designado por el Presidente John Adams como Secretario de Estado, siendo uno de los más firmes defensores (junto con el propio Adams, Hamilton o el mismo Washington) de la necesidad de un poder central fuerte que dotara de cohesión a la naciente República frente a las resistencias de los Estados.

Coke y Marshall son conocidos especialmente por ser los autores materiales de los fallos judiciales en dos “leading cases”: el Bonham case (1610) y el Mabury versus Madison (1803). Los antecedentes fácticos y, sobre todo, los razonamientos jurídicos revisten singular interés. Por lo que respecta al Bonham case, se trataba de un recurso planteado por un médico (Mr. Bonham) en el que se impugnaba la sanción de prisión impuesta por el Colegio de Médicos de Inglaterra (organización exclusiva de 26 miembros) al recurrente por el hecho de ejercer la medicina, sanción impuesta en virtud de la exclusividad profesional otorgada al Colegio, así como su correspondiente potestad sancionadora, por una Carta Regia, confirmada por una Ley del Parlamento. En la sentencia del Tribunal (del que era Presidente) Coke señalará que lo único que cabría interpretar es que el Colegio tenía competencia para sancionar la mala praxis pero no el ejercicio profesional por un no “colegiado”, no siendo, admisible, además, que el Colegio de Médicos se configurara como juez y parte. A ello Coke añadirá, y esto es lo verdaderamente relevante, que “cuando una Ley del Parlamento es contraria al sentido común y a la razón, o repugnante, o de imposible ejecución, el common law la controla y debe estimarse tal Ley como nula”.

Mabury v. Madison parte de hechos aún más interesantes, ya que el propio Chief Justice del Tribunal Supremo, Marshall, aparecía “involucrado” en los mismos. El Presidente Adams, una vez perdidas las elecciones en noviembre de 1800 y antes de la entrada del nuevo gobierno republicano encabezado por Jefferson en marzo del año siguiente, decidió nombrar en dicho período de transición a un importante número de jueces federales, conocidos por dicha premura como los “midnight judges”. Marshall era uno de esos jueces de último minuto, siendo designado miembro de la Corte Suprema (tras su confirmación por el Senado) en enero de 1801. Sin embargo, en el caso de los demás jueces federales, la orden de nombramiento, a expedir por el Secretario de Estado (el propio Marshall), una mera formalidad, no se produjo (por error o descuido), y una vez entrada la nueva Administración, el nuevo Secretario de Estado, Madison, se niega a expedirla. Uno de los “jueces” afectados, Mabury, recurre ante la Corte Suprema. La posición del nuevo Chief Justice no es fácil, teniendo en cuenta los antecedentes referidos. Así, Marshall encabeza una decisión en cierta medida salomónica. De una parte, da la razón al recurrente en cuanto considera que la expedición por el ejecutivo del nombramiento es una mera formalidad obligada; pero, de otra parte, niega la jurisdicción o competencia del propio Tribunal Supremo para conocer el caso concreto, estimando que la base en la que se apoyaba el recurrente, la Judiciary Act de 1789, vulneraba la Constitución Federal, que no otorga a la Corte competencia como Tribunal de Primera Instancia para un supuesto como el planteado. Así, en virtud de la definición de la Constitución como “the supreme law of the land”, debía declararse nula la Ley Federal.

La afirmación de la supremacía de la Constitución, ya sea escrita o no, como norma ordenadora de la convivencia social, se debe a las dos sentencias referidas, si bien los resultados de ambas en sus respectivos países fueron distintos. Así, en Gran Bretaña la tesis de Coke no logró imponerse a medio plazo, arrumbada bajo el principio de soberanía del Parlamento enunciado de forma clásica por Blackstone. Con todo (aunque esto también se discute), su luz se proyectaría al otro lado del Atlántico influyendo en el período prerrevolucionario americano y encontrando ecos en la propia Mabury contra Madison. Esta resolución se considera como el año cero del control de constitucionalidad contemporáneo y partir de la misma otras leyes, principalmente estatales, fueron declaradas inconstitucionales en los casi siete lustros en que Marshall fue Presidente del Tribunal Supremo. Además, éste, con una hábil jurisprudencia, fue consolidando el papel de un incipiente Estado central ante las protestas de los republicanos jeffersonianos, primero, y jacksonianos, después, partidarios de la indemnidad del poder de los Estados (destacan en este sentido la sentencia McCulloch v. Maryland, por la que se autorizó la creación de un segundo Banco de los Estados Unidos, y la Gibbons v. Ogden en la que se desarrollaría o interpretaría extensivamente la llamada cláusula de comercio, con el fin de extender los poderes regulatorios a la Federación en detrimento de las competencias de los Estados).

Coke y Marshall eran conscientes de los peligros de no controlar al poder, ambos conocían muy bien al “monstruo” (porque llegaron incluso a formar parte del mismo). Ambos lucharon contra lo que creían injusto. Su ejemplo y, sobre todo, su obra iluminan aún las aulas y estudios de los aprendices y practicantes del Derecho… y, sin que ellos sean conscientes, protege las vidas y libertades del resto de ciudadanos.