Aznalcóllar, Pedro Sánchez y el Código Penal

El caso Aznalcóllar ha llegado ya a incidir en la Junta de Andalucía, pese a las proclamas del Ejecutivo de Susana Díaz de que se actúo escrupulosamente de acuerdo con la legalidad. La juez que instruye el caso, Patricia Fernández Franco, llamará a declarar como imputados a siete cargos y funcionarios de la Junta, entre los que se encuentran la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio, la letrada y el interventor de la Junta, Pastora Sánchez y José Marcos Acosta, y el funcionario de Hacienda Julio Ramos. A todos se les acusa de un presunto delito de prevaricación, y la magistrada insiste en las presuntas regularidades detectadas. El caso salió a la luz tras el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, donde quedaban patentes las anomalías en el concurso para adjudicar la explotación de las minas de Aznalcóllar.

Parece ser que el Gobierno autonómico del PSOE no tuvo el más mínimo rigor ni trasparencia a la hora de evaluar a los candidatos, con el objetivo de favorecer claramente a una de las empresas participantes, la cordobesa Magtel, que tiene vínculos con exaltos cargos de la Junta y que ya en no pocas ocasiones fue beneficiada con cuantiosas subvenciones por parte del Gobierno andaluz y, en su momento, del central. Como siempre, la presunción de inocencia es sagrada, pero otra cosa es la responsabilidad política, que habría que abordar en el caso, por mucho que en nuestro país los políticos parecen tenerle alergia.

El propio secretario general del PSOE no debería desentenderse de un nuevo caso de corrupción que afecta a su partido, y no solo hablar de los que salpican a sus adversarios. Claro que a Pedro Sánchez quizá no le quede tiempo para ello, pues le suponemos leyendo a marchas forzadas el nuevo Código Penal. Lectura muy recomendable para que el aspirante socialista a La Moncloa no vuelva a proponer a bombo y platillo una iniciativa en, precisamente, el ámbito de la lucha contra la corrupción, ya recogida en ese Código Penal aprobado por el Gobierno. Pedro Sánchez lanzó como medida estrella actuar también contra el patrimonio de los corruptos que esté oculto a nombre de terceros. Algo que el Código Penal ya incluye como “decomiso ampliado”. Y, para más inri, el PSOE votó en contra de esta reforma en el Congreso.